Fracasa pretensión del ministro de Justicia de anular investigación por caso “Los cuellos blancos del puerto»

El Poder Judicial (PJ) desestimó el pedido del ministro de Justicia, Eduardo Arana Ysa  para que ordene al Ministerio Público concluir la investigación preliminar que se le sigue por el caso “Los cuellos blancos del puerto”. Arana habría perpetrado el delito de delito de tráfico de influencias, según una conversación telefónica con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, procesado por dicho caso.

A cargo del expediente se encuentra el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró infundada una solicitud de control de plazos interpuesta por el ministro cuestionando una disposición de la Fiscalía de la Nación adecuando los alcances de la Ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado y amplió por ocho meses adicionales esta investigación preliminar, disposición de fecha 7 de mayo de este año.

La solicitud de Arana argumenta la Fiscalía carece de los elementos fácticos para que esta investigación sea por crimen organizado porque dentro del proceso penal común solo puede ampliarse el plazo una sola vez y después de ello debe pronunciarse.

Señala también que no existen premisas que permitan la migración de un proceso complejo a uno por crimen organizado y calificó a  este plazo de ocho meses de ampliación “irracional” porque la Fiscalía inició esta investigación con datos objetivos ubicándola en el proceso penal común.

Ante ello el juez indica que desde el inicio de esta investigación preliminar, el 8 de setiembre del 2023 por 60 días, y la declaratoria de “caso complejo” hasta la fecha de la audiencia en que se evaluó esta solicitud de control de plazos, han transcurrido 10 meses y ocho días y la disposición fiscal del último 7 de mayo por la cual se adecúa esta investigación a una de crimen organizado se amplió por ocho meses adicionales  y vencería el 8 de enero del 2025, por lo cual se encuentra vigente el plazo establecido.

A Arana la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de tráfico de influencias tras la difusión de reportes periodísticos sobre una conversación telefónica con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, el 9 de abril del 2018, respecto a un proceso judicial en ejecución.