El 1 de septiembre de 2014 fueron asesinados cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, ubicado en el distrito de Masisea, provincia de Padre Abad (Ucayali). Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo se trasladaban a pie rumbo a un evento con sus similares de Brasil, pero nunca llegaron. Les dispararon, los mutilaron e incluso los cuerpos de dos de ellos jamás aparecieron.
Este crimen llamó la atención nacional e internacional no solo por la crueldad del hecho, sino también porque se trataba de dirigentes indígenas que ya habían informado, en reiteradas ocasiones, sobre amenazas de muerte por denunciar a madereros ilegales que estaban invadiendo su territorio. La desprotección de las poblaciones indígenas y los defensores ambientales en general se hizo más evidente.
A diez años de este crimen, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) recordó el trágico episodio para conmemorar a las víctimas y hacer un balance sobre el actual estado de los defensores indígenas en el país. Solo en la última década, señala la organización, 35 líderes indígenas fueron asesinados, y los familiares de las víctimas no han encontrado justicia.
Solo en el caso Saweto, por ejemplo, a pesar de ser un caso mediático, recién en abril de este año la Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció, en primera instancia, a 28 años y tres meses de prisión por el delito de homicidio calificado a los implicados en el asesinato de los líderes indígenas. Sin embargo, el tiempo para lograr la justicia se extendería porque los sentenciados aún pueden apelar.
“Lo que hay aquí es una impunidad lamentable, triste. Y va a seguir aumentando la muerte de los líderes si es que la sociedad civil no se pone del todo fuerte. […] Los derechos de los pueblos indígenas, mientras no estén asegurados, como el derecho a la titulación de sus tierras, seguirán este tipo de casos, seguirán las muertes”, dijo Jorge Pérez, presidente de Aidesep.
Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep y encargado del Programa de Defensores de dicha organización, hizo hincapié en que “el caso Saweto es único e importante. Si logramos justicia en este caso, los demás casos seguirán por el mismo camino”. El dirigente también solicitó apoyo a las instituciones aliadas y a las embajadas que trabajan en nuestro país para continuar con los procesos legales.
Tabea Casique, lideresa asháninka y secretaria de Aidesep, resaltó la necesidad de indemnizar y atender a los hijos de las víctimas. “Las políticas públicas deben atender a las familias. Y también se tiene que prevenir porque no queremos una estadística más, no lo podemos permitir”, manifestó.
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Una larga espera
En el evento participaron líderes indígenas de diversas regiones, así como representantes de embajadas. Asimismo, estuvieron presentes los familiares de las víctimas de Saweto: Julia Pérez, viuda de Edwin Chota; Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos; Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima; y Lina Ruiz, hija de Francisco Pinedo.
Como hace diez años, las cuatro lideresas de su comunidad realizaron un largo viaje desde Ucayali para continuar con esta lucha por conseguir justicia. Además, insistieron en pedir ayuda para Saweto en temas de salud, educación, y la alimentación de sus hijos que quedaron desamparados tras la muerte de sus padres.
“No estamos logrando la justicia. Ya se han cumplido diez años, pero el Estado no nos ha apoyado. Ahora vengo dejando a mis hijos, y yo quisiera que la justicia ya llegue”, dijo Julia Pérez respecto a esta batalla que emprendieron, pese a los riesgos que ello implica.
Por su parte, Ergilia Rengifo, hizo referencia a la falta de apoyo del Estado cuando se trata de denunciar una amenaza de muerte.
“Han pasado diez años, y mis hijos y familiares están tristes. Yo quisiera decir que nos apoyen porque todavía no ganamos esta lucha. […] Él no está tranquilo, él está sufriendo, mi esposo Jorge Ríos, porque su cadáver no lo han encontrado, al igual que el de Francisco Pinedo. Pido titulación y justicia, y más amenazas ya no quiero porque ponemos denuncias sobre eso y no nos atienden. Edwin Chota iba a cada rato y le decían que no había atención”, manifestó.
En el evento de conmemoración por las víctimas de Saweto también se abordaron otros casos, como el de Quinto Inuma, líder indígena de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc (San Martín). Inuma, quien denunciaba con frecuencia la depredación de los taladores ilegales, fue asesinado en noviembre de 2023.
“Nosotros no nos vamos a callar, las mafias no nos podrán callar porque nosotros vamos a seguir denunciando, a seguir visibilizando la existencia de estas redes criminales a nivel de territorios amazónicos. Nosotros, los pueblos indígenas, representamos cada comunidad, cada historia de lucha, cada historia de resistencia por la justicia territorial. Nuestros líderes han caído porque quisieron para su generación la titularidad de sus territorios, esa agenda histórica que aún no podemos cerrar”, dijo en su intervención Jamer López, presidente de ORAU.
Dato
- Aidesep organizará un ciclo de conversatorios sobre el caso Saweto hasta el 12 de setiembre. Revisa aquí la agenda.
