¿Un gesto de paz?

Chile dice que devolverá el botín

Del saque empezaron los problemas. La propia funcionaria chilena, Nivia Palma, dijo que los libros podrían ser “miles”, pero que de ninguna manera llegarían a 50,000 como lo dijo hace poco, por ejemplo, el escritor chileno Raúl Zurita. “Hay muchos mitos entre intelectuales en torno a la cifra de los libros”, dijo enseguida.  

Recordemos que la Biblioteca Nacional de Lima (BN) tenía más de 56,000 ejemplares y 800 manuscritos antes de la guerra, y según el prestigioso escritor peruano Ricardo Palma, cuando los chilenos se retiraron en 1884, solo quedaron 700 ejemplares. 

Un saqueo bárbaro

El actual director de la BN, Hugo Neyra, planteó que un primer paso simbólico consistia en devolver al menos tres textos fundamentales: las primeras ediciones del cronista peruano Garcilaso de la Vega, la enciclopedia de Diderot y las narraciones «Viajes extraordinarios». 

También informaba: “Fuentes de Cancillería que pidieron anonimato explicaron que la devolución demorará debido a que los textos están dispersados en diversas colecciones y se requieren diferentes resoluciones administrativas para lograr su regreso a Perú”. 

Hace poco, el canciller subrogante de Chile, Alberto van Klaveren, admitió que un número importante de los libros saqueados por el Ejército “se perdieron y será imposible devolverlos a Lima”. Con lo cual, el Ejecutivo chileno alertaba que nodevolverá la totalidad de los bienes robados al Perú. 

El asunto, inclusive, tomara un buen tiempo. Según La Tercera: “Fuentes de Cancillería -que pidieron anonimato- explicaron que la devolución demorará debido a que los textos están dispersados en diversas colecciones y se requieren diferentes resoluciones administrativas para lograr su regreso a Perú”. 

Un poco de historia

“Monumentos de parques públicos son retirados de sus pedestales, estatuas artísticas que adornaban casas particulares son retiradas por los soldados, la universidad es saqueada no sólo en libros sino en objetos científicos”, denunció el entoncesencargado de la Biblioteca Nacional de Lima, Manuel de Odriozola, en una carta que enviara el 10 de marzo de 1881 a Mr. Christiancy, embajador de Estados Unidos en Perú. 

Continua la misiva: “Y lo más grave, el local de la Biblioteca Nacional (creada a partir de la biblioteca personal del libertador José de San Martín) es usada como cuartel militar y sus salas de lectura convertidas en caballerizas”. También fueron considerados como “botín de guerra” los útiles de la universidad, el gabinete anatómico de la Escuela de Medicina, los instrumentos de las escuelas de Artes y de Minas, y los documentos del Archivo Nacional. Ni los objetos pertenecientes a otras instituciones de carácter puramente científico, literario o artístico se salvaron.

 “Monumentos de parques públicos son retirados de sus pedestales, estatuas artísticas que adornaban casas particulares son retiradas por los soldados, la universidad es saqueada no sólo en libros sino en objetos científicos”, denunció el entonces encargado de la Biblioteca Nacional de Lima, Manuel de Odriozola, en una carta que enviara el 10 de marzo de 1881 a Mr. Christiancy, embajador de Estados Unidos en Perú.

Continua la misiva: “Y lo más grave, el local de la Biblioteca Nacional (creada a partir de la biblioteca personal del libertador José de San Martín) es usada como cuartel militar y sus salas de lectura convertidas en caballerizas”. También fueron considerados como “botín de guerra” los útiles de la universidad, el gabinete anatómico de la Escuela de Medicina, los instrumentos de las escuelas de Artes y de Minas, y los documentos del Archivo Nacional. Ni los objetos pertenecientes a otras instituciones de carácter puramente científico, literario o artístico se salvaron. 

Un delito cultural imperdonable

Pero el más grave robo de esta infausta guerra fueron los libros saqueados de la Biblioteca Nacional del Perú. Tamaño latrocinio fue confirmado hace poco por el propio matutino chileno Diario Siete, que reveló nuevos detalles de este despojo. El diario cita el testimonio del entonces rector de la Universidad de Chile en los años de la guerra, don Ignacio Domeyko, entonces el intelectual más prominente del país del sur.  

Domeyko lamentó, en sus memorias, que un decreto gubernamental le encomendara clasificar el botín arrebatado a la Biblioteca de Lima, calificando tal misión como «la más desagradable y antipática» que le hubiera tocado hacer, pues le recordaba «lo que habían hecho los rusos con bibliotecas y colecciones de la Universidad de Vilna” (entonces Polonia, la patria natal de Domeyko). Señala que habrían llegado «la mitad de los libros que, de acuerdo a informes fidedignos, poseía la ciudad de Lima». Teniendo conciencia de la aberración cometida, quiso dejar un «minucioso inventario de los objetos traídos», exigiendo que sea publicado por el gobierno «para que se viera el poco provecho que aportó al país ese robo y cuánto contribuirá para excitar animosidades entre dos naciones hermanas». El sabio, a la luz de la historia, no se equivocó en este punto. 

 Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de agosto de 1881 el Diario Oficial de la República de Chile publicó ―con el título de ‘Lista de libros traídos de Perú’― un informe de 16 páginas enviado por Domeyko al ministro de Instrucción Pública. En esta lista constaba que recibió de la Intendencia General del Ejército, un total de “103 grandes cajones y otros 80 bultos». Sin duda, lo más valioso eran ―según Domeyko― «los más de 10 mil volúmenes», muchos de ellos del siglo XVI y XVII, incluidas numerosas joyas bibliográficas universales. 

¿Puede haber mayor descaro que certificar en el «Diario Oficial» de un país el patrimonio (ajeno) sustraído? ¿O es que el robo es parte de la política cultura chilena? 

El reportaje de Diario Siete culmina diciendo: “el tesoro de mayor cuantía, el bibliográfico, fue clasificado en cuatro grupos: obras de historia, literatura y estadística; obras de física, matemática, historia natural y medicina; obras de jurisprudencia; y obras de teología. En los dos primeros grupos se catalogaron 1.105 obras (cifra que se multiplica porque la mayoría de las obras tienen varios volúmenes; por ejemplo, Histoire de l’Academie tenía 100 volúmenes) y 222 manuscritos de «historia, literatura y ciencias». También es significativa la cantidad de libros de derecho y teología”. “Desde entonces, se ignora el estado de situación del arsenal bibliográfico arrebatado. Pero es un hecho que varios de los libros más valiosos permanecen en la Sala Medina, el Fondo General y la bóveda de la principal biblioteca (de Chile)”. 

Devolución total 

Sin duda, todas estas revelaciones llevaron al gobierno chileno a hacer el comentado anuncio. En Santiago ya se sabía de la conformación, hace unos años, de una comisión especial de la cancillería chilena para estudiar el tema luego de una reunión cumbre entre los presidentes Lagos y Toledo. Pero la magnitud del saqueo de entonces aún ha contado con una debida reflexión por el lado peruano. Sabemos que fue un robo sin nombre, un insulto a la civilización entera. 

 Para el historiador chileno Alfredo Jocelyn-Holt, el saqueo fue una Razón de Estado. “Se trató de una devastación a gran escala, nadie lo puede dudar. La institución afectada (La Biblioteca Nacional de Perú) era, probablemente, la principal biblioteca de Hispanoamérica. Poseía 56 mil volúmenes y 800 manuscritos, de los que se salvaron sólo 738 ejemplares”.  

“No se trata aquí de despojar al vencido de sus armas, provisiones y demás recursos a fin de premiar a soldados conquistadores… El acto de despojar y saquear libros es hasta, quizá, más grave. Implica que se quiso enceguecer, turbar la razón, ofuscar el entendimiento, privar al otro de medios para que siga «viendo». 

Según este punto de vista, Chile pretendía despojar al país vencido de cualquier posibilidad de recuperarse como “nación”, pretendía anular su razón despojándole de su memoria histórica. Para ello, le era preciso quitarle, en principio, la riqueza de su material bibliográfico y cultural. Sin duda, este vil deseo no le fue concedido. 

Desde esta tribuna exigimos que la devolución de los libros saqueado debe ser total. El íntegro del material bibliográfico tomado de la Biblioteca de Lima, los documentos administrativos de Torre Tagle, los archivos de la Inquisición en el Perú, los archivos de la Aduana de Tacna, y todos los bienes culturales (manuscritos, joyas y monedas antiguas) robados por Chile desvergonzadamente durante la guerra de 1879 deben retornar inmediatamente al Perú. Así sabremos si ésta es una muestra real de la voluntad chilena de querer reparar el crimen cultural cometido. 

Los riesgos de ir a La Haya 

Resulta claro también que con el anuncio de la devolución del material bibliográfico arrebatado en la Guerra del Pacifico, Chile busca “enfriar” o “congelar” el asunto principal: el del diferendo marítimo fronterizo. El canciller peruano, José García Belaunde, informó hace poco que su par chileno, Alejandro Foxley, había mostrado una “aproximación interesante” al estar dispuesto a incluir el asunto en la agenda bilateral. Según afirmó, esto mostraría la disposición del gobierno de Santiago “de sentarse a discutir la discrepancia sobre los límites marítimos entre ambos países”. 

El entusiasmo del canciller, sin embargo, no duró mucho. Enseguida tuvo que admitir que el dialogo bilateral “no excluía la posibilidad de eventualmente recurrir a la Corte de La Haya”. Incluso, dijo que esta última decisión tenía sus riesgos. 

«En todo juicio siempre hay riesgos. Tenemos que trabajar en una estrategia y estudiar bien el tema. Debemos agotar todos las vías diplomáticas antes de llegar a los caminos jurisdiccionales», agregó. 

Lo que el canciller peruano admite es que no tiene una política definida para afrontar el problema. Alega que se va a tratar el asunto por la vía bilateral, dado que el canciller chileno de pronto le ha dicho que está dispuesto a “sentarse a discutir” sobre el tema. Y como sabe que Chile no va a torcer su punto de vista para celebrar un nuevo tratado fronterizo marítimo con el Perú (ver Así de marzo 2007), dice que tendrá que recurrir a la Corte Internacional de La Haya luego de “estudiar bien el tema”. ¿Quiere decir que sus expertos de Torre Tagle aún no han estudiado bien las implicancias de someternos al fallo de esta instancia jurisdiccional? 

 “El poder es lo que cuenta” 

El Mercurio de Chile publicó hace un tiempo una entrevista al Dr. Hugo Llanos, miembro de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Corte de La Haya, quien afirmó que “Perú reconoció, desde mediados del siglo pasado, que su frontera marítima con Chile está fijada y que corresponde a la línea paralela desde el punto en que el límite terrestre toca el mar”. 

El experto explicó incluso que «hay muchísimos antecedentes jurídicos en que el mismo Perú se autolimitó a los paralelos”, por lo que considera la actual postura peruana -que señala que estos protocolos son sólo acuerdos pesqueros y no tratados de límites- de «la ignorancia más grande que he escuchado en los últimos tiempos». 

 Recordó además que Perú es parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “que establece, expresamente, en el artículo 27, que no puede invocarse ninguna disposición del derecho interno para tener efectos sobre los tratados suscritos». 

Cabe recordar que ya desde el gobierno de Ricardo Lagos, en el 2005, las delegaciones de Chile procedieron a informar a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, además de Argentina y Brasil, sobre la validez de los tratados marítimos firmados con Perú. Aparentemente, la postura chilena recibió el respaldo oficial de todos estos gobiernos, según ha informado la propia prensa chilena.