183
La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) acusó al presidente del Congreso de interferencia directa en el sistema de justicia a través de reiteradas “amenazas”con fines “intimidatorios”, las cuales tendrían el propósito de un “debilitamiento progresivo de la independencia judicial”.
Como se sabe, hace tres días el impresentable Rospibliosi presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra una jueza por, según él, no aplicar la ley sobre la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) y las ONG, acusándola de presunto prevaricato por desacatar la Ley 32301.
El parlamentario calficó de “grave” que ciertas ONG utilicen recursos del exterior para acciones contra instituciones fundamentales como las FF.AA. y la PNP.
Debido a la conducta de Rospigliosi, en un comunicado difundido este lunes por la tarde, la JUSDEM rechazó las acciones de dicho sujeto y sostuvo que estos hechos “evidencian un ataque sistemático a la institucionalidad democrática” del país, acusándolo de proferir 2amenazas de destitución” y presión contra jueces, además de ser una “injerencia directa e inadmisible”.
Señalan que “Sin el mínimo decoro a la investidura de su cargo y en abierta contravención constitucional, profiere amenazas de destitución y de denuncias contra los jueces para que resuelvan aplicando la normativa en determinado sentido, sino que en dos oportunidades ha ingresado a audiencias judiciales de casos en trámite”.
Los jueces manifestaron su preocupación y rechazo ante la última decisión de la JNJ)de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza y no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, disponiendo la permanencia de Tomás Aladino Gálvez, “seriamente cuestionado por graves irregularidades”.
Indican que tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca debilitar la institucionalidad democrática.
La asociación aseguró que el comportamiento de Rospigliosi busca perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones, y que la actuación de la JNJ genera desconfianza ciudadana y debilita la legitimidad de las autoridades.
En este panorama advirtieron que un debilitamiento progresivo de la independencia judicial y fiscal, a causa de acciones u omisiones del Congreso y otros órganos del Estado, amenaza la democracia, separación de poderes y la legitimidad del sistema de justicia.
“Ningún poder del Estado puede someter a la justicia, pues, cuando se intimida a jueces y fiscales, no se afecta a personas individuales, sino al derecho de la ciudadanía de contar con una administración de justicia independiente”, subrayaron.
