Jueza habría incurrido en prevaricato al imponer 30 meses de prisión a manifestante

Profesora presa por viajar a Lima a protestar, como miles de peruanos

La Junta Nacional de Justicia debe revisar el sorprendente fallo de una jueza presuntamente prevaricadora, Margarita Salcedo,que nos hace recordar a los jueces del fujimontesinismo, por imponer 30 meses de prisión preventiva alegando que una profesora, Yaneth Navarro Flor, de 36 años, quien viajó a Lima a protestar, dejó a sus hijos en casa, hecho que le hace perder arraigo, según la jueza.

Salcedo Guevara, titular del Juzgado Mixto de la Provincia de Yarowilca, Huánuco, en la sierra central, fue promovida al cargo de jueza de la Corte Superior de Justicia Penal Nacional, Lima.

Navarro Flor es profesora en Andahuaylas, Apurímac, y cada 10 meses debe buscar  un contrato en el magisterio. Allá vive con sus dos hijas menores de edad. Ella viajó a Lima a protestar contra el régimen de Dina Boluarte y al parecer, su “delito” habría sido reunirse hace meses con el entonces presidente Pedro Castillo Terrones.

Caso Cirilo Jara Mamani

Cirilo Jara Mamani, otro detenido claramente inocente, es padre de familia, agricultor y presidente de las rondas campesinas del centro poblado de Tinke, en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, región de Cusco. Élviajó también a Lima a protestar contra el régimen de Boluarte.

Yaneth Navarro y Cirilo Jara fueron detenidos durante una protesta en el norte de Lima que para la Policía fue un intento fallido de tomar el aeropuerto Jorge Chávez, el centro aeronáutico más protegido del Perú, sin embargo, en las imágenes televisivas no se vio intento de toma del aeropuerto, sino una marcha.

La Policía los acusó a ambos de integrar una organización criminal que financia las protestas, ignorando que en muchos sitios de provincias y Lima la gente realizó colectas para los gastos de los viajantes a las protestas en Lima. Se trata de cantidades menores, como S/ 1,800 y S/ 2,300, montos que repartido entre muchos manifestantes es casi nada. Sin embargo la Policía ha teijdo una acusación adjetivándolos de “financistas”, como si se tratara de mafiosos que realizan aportes millonarios, que por ejemplo sí se vio en campañas políticas del fujimorismo, miles y millones de dólares a cambio de prebendas.

En la penúltima audiencia, la jueza señaló vacíos en la argumentación de la Fiscalía sobre la existencia de la presunta organización criminal, sus alcances, objetivos e integrantes. La Fiscalía no presentó indicios o evidencias de la existencia de dicha organización. Dijo que eso lo averiguará.

Hasta antes del 7 de diciembre de 2022, los jueces de la Corte de Justicia Penal Nacional insistían en que los fiscales debían presentar evidencia concreta, clara y sin dudas de la existencia de una organización criminal para lograr una prisión preventiva. En una resolución dictada antes de las protestas, por falta de esa probanza, dejaron en libertad a cuatro jefes de la Policía que eran acusados de corrupción.

La jueza Margarita Salcedo dejó de lado esa premisa. Probar la existencia del delito ya no es necesario en el caso de las protestas contra el Gobierno. Pero es tanta la insuficiencia probatoria del Ministerio Público que esta magistrada tuvo que ir más allá del absurdo jurídico, legal, y del derecho penal, en lo que constituiría un claro acto de prevaricato, que merecería su sanción o destitución.

La jueza intentó distanciar a la defensa de Yaneth Navarro, a cargo de la abogada Janet Marin, y a la de Cirilo Jara, a cargo del abogado Juan José Quispe de IDL, según informa La República. A fin de obtener el apoyo de una de las partes del proceso, dictó prisión preventiva a Navarro y otorgó comparecencia restringida a Jara.

A ambos les debió dictar comparecencia simple, pues habían probado tener arraigo domiciliario, familiar y ninguna intención o posibilidad de huir de las investigaciones. Este aspecto es clave para dictar una prisión preventiva, de acuerdo con la jurisprudencia y las sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

Además, ambos estaban en las mismas condiciones. Los cargos son los mismos, los presuntos hechos ilícitos son los mismos, y ambos viven en provincia, uno en Andahuaylas y el otro en el Cusco, y fueron detenidos en Lima.

La única diferencia entre ambos, además de sus abogados defensores, es su género. Entonces, la jueza concluye que Navarro perdió su arraigo domiciliario al venir a Lima y dejar a sus hijas en Andahuaylas, por lo que debe cumplir 30 meses de prisión preventiva.

Sobre Jara, que también dejó a su familia en el Cusco, no dice nada. Él no perdió arraigo domiciliario; Yaneth, una mujer madre de familia, lo perdió todo por luchar por sus ideas.

La abogada de Yaneth Navarro, Janet Marin, presentó una costatación policial de que tiene domicilio fijo, al lado de sus hijas en Andahuylas, y que es profesora contratada.

Cirilo Jara recuperó su libertad el mismo día de leída la resolución judicial. Continuará bajo investigación fiscal con impedimento de salir del país, aunque nunca viajó al exterior. Su madre, que vino del Cusco a apoyarlo en Lima, fue impedida de visitarlo en la celda de la Policía y de presenciar la audiencia judicial, que, según la Constitución de 1993, debe desarrollarse con asistencia del público.

Jara cumplirá comparecencia, previo pago de una caución de S/5.000, pero la Fiscalía considera lavado de activos si su comunidad o familia lo ayudan a reunir esa cifra. Debe salir de su bolsillo. De Ripley.