El partido del candidato presidencial Roberto Sánchez de Juntos Por el Perú ha acogido planteamientos de las agrupaciones políticas que lo respaldan en esta segunda vuelta, Ahora Nación, Primero la Gente, Partido Cívico Obras y la alianza Venceremos.
Se trata de un paso muy razonable debido a que ninguno de los dos candidatos finalistas alcanza siquiera el 20% de las preferencias electorales y en este panorama la obligación de los políticos es construir consensos.
El nuevo texto incluye reformas institucionales y medidas para fortalecer la presencia del Estado en todo el país con reformas en seis grandes rubros: institucional, economía, infraestructura y servicios básicos, social, cultural-ambiental e internacional.
Este plan de gobierno busca marcar distancia de las políticas impulsadas en los últimos años y plantea una mayor participación del Estado en áreas consideradas estratégicas. Destacan planteamientos como los cambios en el sistema político, nuevas reglas para actividades extractivas, fortalecimiento de programas sociales y una reforma de la política exterior peruana.
Se intdroduce iniciativas debatidas en campañas anteriores, como el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos, la ratificación del Acuerdo de Escazú, la creación de un servicio civil obligatorio no acuartelado y el impulso de una mayor integración latinoamericana.
Además, el documento propone nuevas instituciones públicas, mecanismos de control estatal sobre recursos estratégicos y medidas dirigidas a los más de tres millones de peruanos que residen fuera del país. Varias de estas iniciativas tendrían que pasar por reformas legales o constitucionales para concretarse.
Destaca el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción para recuperar la confianza en las instituciones públicas mejorando los mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.
Se consideran medidas para reforzar la independencia de organismos de control y justicia, con el fin de garantizar investigaciones más rápidas y evitar interferencias políticas en procesos relacionados con corrupción o abuso de poder.
En cuanto a la participación ciudadana, se contempla ampliar espacios de vigilancia social y fortalecer mecanismos de consulta para que la ciudadanía tenga mayor partcipación en decisiones públicas de alcance nacional y regional.
Se descarta una Asamblea Constituyende
El cambio del texto no incluye la propuesta de una Asamblea Constituyente, pero sí se retoma la idea de fortalecer el derecho al referéndum como mecanismo de consulta ciudadana.
Economía
El nuevo plan plantea una estrategia orientada a incrementar la participación estatal en sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional. Se impulsará la industrialización y la generación de mayor valor agregado a los recursos naturales.
Se incluye la aplicación de impuestos a las ganancias extraordinarias de actividades extractivas. Parte de esos recursos financiarían programas de restauración ambiental, infraestructura y proyectos de desarrollo en diversas regiones del país.
El plan promueve el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante créditos, asistencia técnica y acceso a nuevos mercados. También plantea impulsar cadenas productivas vinculadas a la agricultura, manufactura, innovación tecnológica y economía circular.
El plan indica que persisten brechas importantes en acceso a agua potable, saneamiento, transporte y conectividad, por lo cual se propone una intervención más activa del Estado para ampliar la cobertura de servicios esenciales.
Se instalarán sistemas de tratamiento de aguas residuales en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Se busca reducir la contaminación de ríos y mejorar la calidad ambiental en zonas urbanas.
Se plantea fortalecer la infraestructura en zonas rurales y de frontera mediante proyectos ejecutados con apoyo de la ingeniería militar. La finalidad es mejorar carreteras, comunicaciones y acceso a servicios básicos en territorios con menor presencia estatal.
Salud y atención social
Se ampliará la cobertura de salud y se fortalecerá la atención en zonas vulnerables. Se garantizará el cumplimiento de programas dirigidos a poblaciones afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias tóxicas.
Respecto a educación, el documento apuesta por mejorar la formación docente, fortalecer la educación intercultural bilingüe y ampliar programas dirigidos a comunidades indígenas y sectores históricamente excluidos.
El texto también incorpora propuestas relacionadas con igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación. Entre ellas figura la capacitación obligatoria de servidores públicos en derechos humanos y mecanismos para mejorar la atención de denuncias por discriminación.
Naturaleza con derechos
Llama la atención la propuesta del reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos, que busca otorgar protección especial a ecosistemas, ríos y cuencas, además de priorizar el acceso al agua como derecho humano.
Otro punto en ecología es la derogación de la infame “Ley Antiforestal” promovida por el fujimorismo, de la cual se valen los depredadores de la selva. También se combatirá la deforestación en la Amazonía y se prohibirá la minería metálica en la Amazonía baja. Se ambién propone restaurar 500.000 hectáreas de ecosistemas degradados y fortalecer entidades como OEFA, ANA y SENACE.
Cultura
Se crear el Ministerio de las Culturas, impulsar una ley general de la cocina peruana, fortalecer bibliotecas públicas y promover una cuota de pantalla para producciones cinematográficas nacionales con representación regional.
Política internacional y peruanos en el exterior
Juntos Por el Perú plantea una estrategia de política exterior basada en la integración latinoamericana, el fortalecimiento del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos. El documento propone reforzar espacios como la CELAC, promover el retorno del Perú a UNASUR y ampliar su presencia en foros del Sur Global.
Se incluye medidas vinculadas a la defensa nacional. Entre ellas destacan la desclasificación de información sobre hechos de violencia estatal ocurridos entre 1980 y 2000, así como entre 2022 y 2025, además del fortalecimiento de la ciberdefensa y la modernización de las Fuerzas Armadas.
Para los peruanos residentes en el extranjero, se plantea crear una Ley de Derechos de los Peruanos en el Exterior, desarrollar un censo de migrantes peruanos, mejorar los servicios consulares y establecer mecanismos públicos para facilitar el envío de remesas mediante el Banco de la Nación.
