Señalan expertos nacionales e internacionales en evento de la CCL, Decreto Legislativo N.° 1373, pondría en igualdad de condiciones a los delincuentes que tienen bienes y a los terceros de buena fe, lo que repercute en caer en injusticias.
Expertos nacionales e internacionales, convocados por la Comisión de Justicia, Constitución y Política de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el evento denominado “La Extinción de Dominio en el Perú: beneficios y aportes para la lucha contra el crimen organizado”, coincidieron en que la Ley de Extinción de Dominio, Decreto Legislativo N.° 1373, debe impartir realmente justicia y no debe afectar el derecho a la propiedad de los ciudadanos que actúan de buena fe.
En las últimas semanas, este tema ha cobrado especial relevancia, en tanto no solo se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, promovida por el Defensor del Pueblo, en contra de diversos artículos del referido Decreto Legislativo; sino que, también, se han presentado diversas denuncias del sector empresarial que señalan posibles excesos en su aplicación; asimismo se ha dado la presentación del proyecto de ley N.° 3577/2022- CR, del parlamentario Jorge Morante. Ante este panorama, la CCL consideró importante generar un debate junto a expertos en la materia.
Durante su charla magistral en el evento, Gilmar Santander, exfiscal especializado en extinción de dominio y contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, destacó que la Extinción de Derecho de Dominio es un instrumento de justicia de recomposición del derecho jurídico y que garantiza la propiedad legítima, sin embargo, advirtió que, en el caso del Perú, no se estaría cumpliendo esto, teniendo en cuenta, que el Decreto Legislativo N.° 1373, pondría en igualdad de condiciones a los delincuentes que tienen bienes y a los terceros de buena fe, lo que repercute en caer en injusticias.
En ese sentido, destacó la importancia de que se logre encontrar un equilibrio entre la eficacia del Estado en la recuperación de lo ilícito y la protección del ciudadano, es por ello que recomendó que la referida Ley en el Perú, adopte el modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acogiéndose a las buenas prácticas tal como lo hicieron en Colombia.
También participaron en la Mesa Redonda, Raúl Canelo, Decano del Colegio de Abogados de Lima; Dino Caro, CEO en Caro & Asociados y presidente de la Asociación Peruana de Compliance (APC); Enrique Ghersi, director del Estudio Ghersi Abogados; Samuel Abad, socio en Hernández & Cía; Luis Yshii, el maestro en derecho en ciencias penales y Martín Ojeda, representante del sector transporte.
Como conclusión a lo señalado por los expertos nacionales e internacionales, el presidente de la Comisión de Justicia de la CCL, Javier de Belaunde, indicó que en efecto el proceso diseñado para combatir el crimen organizado en el país corre el riesgo de desbordarse, afectando a los empresarios cuyas actividades no guardan relación alguna con actividades ilícitas.
Destacó que la CCL busca reafirmar su compromiso con la integridad y el progreso de nuestro país y, por tanto, acogerá los planteamientos de los expositores, para elaborar un documento que será enviado a las autoridades competentes.
