Tras la aprobación por mayoría de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, de un informe que propone la destitución e inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), este organismo rechazó dicha medida.
En un comunicado, señalan que dicha subcomisión está cuestionando la interpretación que este órgano constitucional autónomo hizo en 2020 sobre el rango de edad para la permanencia de sus miembros. “Se trata de una nueva escalada de un sector en el Congreso que busca afectar la autonomía de la JNJ e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales”, indican.
El informe aprobado este viernes, fue propuesto por el congresista Esdras Medina. La JNJ advierte que dicho informe está viciado, dada su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre de 2023 votó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponiendo al Pleno la remoción inmediata de los siete miembros de la JNJ, por la misma causa en la que ha intervenido como delegado, entre otras. Asimismo, el 4 de diciembre último presentó una moción en la que, una vez más, pidió la remoción de los miembros de la JNJ, por abrir procedimiento disciplinario a la fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas.
“De esta forma se viola de modo flagrante el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece un principio universal, según el cual quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia”, subraya la JNJ y agrega que el informe aprobado, además, “vulnera el derecho de los miembros de la JNJ a la debida motivación, dado que no responde a ninguno de los casi veinte argumentos fácticos y jurídicos sustentados por la JNJ en su defensa”.
La JNJ reitera que, de haber procedido con la vacancia de la señora Inés Tello de Ñecco y convocado a un miembro suplente, como pretende el informe de la subcomisión, el colegiado de la JNJ habría vulnerado el artículo 155 de la Constitución que establece un mandato de cinco años para los miembros de esta entidad, al recortarlo arbitrariamente sin tener atribución para ello. “Asimismo, los miembros de la JNJ habríamos incurrido en delito de abuso de autoridad, al vacar a una de sus integrantes sin que entre las 37 causales de cese y vacancia, establecidas en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, haya alguna relacionada con la edad”, manifiestan.
La JNJ asegura que seguirá defendiendo su autonomía y su rol constitucional y confía en que en las siguientes instancias del proceso prevalezca el derecho y la justicia.
