Por Amanda Meza
El 30 de octubre de 2018, el congresista Humberto Morales, quien fue vicepresidente de la Comisión Lava Jato, que preside la fujimorista Rosa Bartra, entregó un informe en minoría, que ha causado revuelo y la incomodidad de apristas y fujimoristas.
En este documento –en minoría- se recomienda investigar a Keiko Fujimori y Alan García por presuntas coimas y decretos de urgencia emitidos entre los años 2006 y 2011, algo que no contiene el informe Bartra.
En las conclusiones del informe del congresista Morales, se puede leer lo siguiente respecto a Fuerza Popular y al APRA:
Se advierten indicios de la comisión del delito de organización criminal. “Estas dos organizaciones criminales funcionaron de manera concertada y coordinada dentro de ellas y entre sí. La concertación y coordinación dentro de cada organización criminal se produjo antes y durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011, con la captación de fondos ilícitos de parte de empresas brasileñas y una vez asumido el poder”.
“La concertación y coordinación entre ambas organizaciones criminales se produjo una vez que accedieron al poder, en el caso del partido Aprista a nivel de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y en el caso de Fuerza Popular a nivel del Poder Legislativo. La concertación y coordinación de ambas organizaciones criminales fue fundamental para materializar beneficios en favor de empresas brasileñas, así se tiene que pese a ser dos organizaciones con independencia, ambas operaron con un mismo fin”.
Al referirse al APRA menciona: En el caso de la primera “organización criminal”, una vez asumido el poder a través del expresidente Alan García, sus exministros y viceministros, recibían visitas de empresarios brasileños -de quienes habrían recibido dinero durante la campaña presidencial- y “como consecuencia de estas visitas emitían decretos de urgencia y decretos supremos de forma irregular con la finalidad de favorecer a estas empresas en la ejecución de obras sobrevaluadas”.
¿Cómo lo hicieron?
Según el informe, durante el gobierno de Alan García Pérez se emitieron 383 Decretos de Urgencia. De ellos, se precisa, 26 beneficiaron a la empresa.
Ante esto hay que explicar que los decretos de urgencia “son normas con rango y fuerza de ley por las que se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia tributaria. Se expiden cuando así lo requiere el interés nacional. Se fundamentan en la urgencia de normar SITUACIONES EXTRAORDINARIAS E IMPREVISIBLES”
En las conclusiones se halla responsabilidad política de Alan García y ministros por infracciones constitucionales (2006 al 2011), por haber creado un “marco de legalidad irregular” a través de decretos de urgencia y decretos supremos “que permitieron que empresas brasileñas ejecuten obras sobrevaluadas”.
Los 26 decretos se refieren a contratos de concesión en el Ministerio de Transportes, otras medidas económicas para garantizar la continuación del tramo 2 del corredor vial interoceánico IIRSA SUR, también sobre el Metro de Lima, el proyecto Olmos, fríaje y heladas, entre otros. Los otros, más de 200, corresponden a otras obras como el Estadio Nacional, Código de Consumo, y otros que también merecen ser investigados, aunque no guardarían estricta relación con Odebrecht.
El informe pone bajo la lupa la relación de las visitas con la elaboración de los decretos de urgencia. Por ejemplo, detalla el informe, el 23 de enero de 2009 Jorge Barata se reúne con Alan García en Palacio de Gobierno. Menos de un mes después, se extiende el Decreto Supremo 008-2009-MTC, Donde se autoriza a PROVIAS Nacional a realizar preparación de gestión, administración y ejecución del Tren eléctrico.
Luego vendría el Decreto de Urgencia 032-2009 (27 de febrero de 2009), que permitió encargar al MTC la ejecución del Tren eléctrico. Asimismo, DU 034-2009 (09 de marzo de 2009), donde se da la autorización de endeudamiento con la CAF (350 millones de dólares americanos) y el Decreto de Urgencia 063-2009 (07 de junio de 2009), donde la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico – AATE se transfiere o fusiona al MTC.
Al respecto en una entrevista en Canal N, Jorge Del Castillo, al ser consultado sobre los masivos decretos de urgencia, solo atinó a señalar: “A mí solo me mencionan en un decreto de urgencia (…) No justifico, yo justicio lo que yo firmo (…). Yo no me acuerdo los elementos, pero yo firmo mis cosas con responsabilidad. Uno es que uno no se acuerde y otra es que uno diga, sabes qué, me hago el idiota no sé nada”.
Otros exministros mencionados son Ismael Benavides (Ministro de Economía yFinanzas), Pedro Sánchez Gamarra (Ministro de Energía y Minas), José Antonio Chang (Ministro de Educación, encargado del Despacho del Ministerio de Economía y Finanzas), Eduardo Ferreyros (Ministro de Comercio Exterior y Turismo, encargado del Despacho del Ministerio de Economía), Mercedes Aráoz (Ministra de Economía), Enrique Cornejo (Ministro de Transportes), Pedro Sánchez (Ministro de Energía y Minas, encargado del Ministerio de Economía), Luis Carranza (Ministro de Economía), Verónica Zavala (Ministra de Transportes), Luis Valdivieso M. (Ministro de Economía).
