Ante las denuncias de la exprocuradora Katherine Ampuero y Julia Príncipe, quienes acusaron a la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello de mentir y de presión política que terminó con la remoción del cargo de ambas, Pérez Tello realizó las precisiones que apuntan a que fue indebida una medida cautelar de Ampuero con el fin de evitar que Odebrecht venda sus activos en Olmos, pues era público que el Estado buscaba la venta para con ello cubrir la cadena de pagos pendiente por parte de dichos ladrones brasileños.
En un comunicado difundido por el ministerio de Justicia, aclaran que:
El Consejo de Defensa Jurídica del Estado es un órgano colegiado encargado de dirigir y supervisar la defensa jurídica de los intereses del Estado, defensa que se encuentra a cargo de los Procuradores Públicos, y cuya presidencia recae en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o quién lo represente. La abogada Julia Príncipe, fue designada por la Ministra Perez Tello como su representante; a la fecha, se ha dado término al referido encargo.
Como se ha informado, la Ministra de Justicia comunicó personalmente a la abogada Príncipe que había perdido la confianza en la abogada Katherine Ampuero y le solicitó su destitución debido a que su actuación como procuradora ad hoc afectaba el cumplimiento del Decreto de Urgencia No. 003-2017, el cual tiene como fin asegurar el pago efectivo de la reparación civil que corresponde al Estado, evitar el rompimiento de la cadena de pagos y la continuidad del servicio, en el caso de proyectos en los que hubiesen participado empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan admitido actos de corrupción. Cabe precisar que este Decreto fue emitido por el Poder Ejecutivo y su constitucionalidad ha sido ratificada por el Congreso de la República.
El trabajo de los procuradores es definir la estrategia de defensa de los intereses del Estado y fijar la reparación civil en el marco de la ley, sin embargo -la actuación procesal de la procuradora ad hoc, consistente en interponer una medida cautelar para detener la venta de acciones del Grupo Odebrecht en el proyecto Olmos, constituye una grave acción que perjudica el propósito del referido Decreto: evitar la paralización de los proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos, e impedir la ruptura de la cadena de pagos, protegiendo así a trabajadores, proveedores y acreedores en general, así como cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano. La venta ya había sido aprobada por el Gobierno Regional de Lambayeque.
La medida solicitada por la abogada Ampuero, que es contraria a los fines del Decreto de Urgencia, obliga al Estado a mantener a Odebrecht un año más en el proyecto, poniendo en peligro 18,000 puestos de trabajo directos e indirectos y la posibilidad de recuperar dinero para la reparación civil a favor del Estado peruano. Al hacerlo, la señora Ampuero ha actuado en contra de una norma con rango de ley y ha perjudicado los intereses del Estado peruano y de los trabajadores y proveedores del proyecto Olmos.
“La Ministra Pérez Tello, como titular del ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, tomó esa decisión por los motivos señalados, informando posteriormente al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros”, concluye el comunicado.
