Los consejeros suplentes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Abraham Siles y suplente Mónica Rosell Medina rechazaron la propuesta del magistrado Antonio de la Haza para cubrir los puestos de a Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ, quienes fueron inhabilitados por el Congreso y repuestos por el Poder Judicial (PJ), reposición que fue dejada en suspenso por el Tribunal Constitucional (TC).
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Rosell, abogada especializada en derecho comercial, señaló que no están dadas las condiciones para un ingreso democrático a la JNJ, por lo cual este organismo convocará al tercer suplente Jaime de la Puente, quien en marzo de este año se había rehusado a integrar la JNJ tras la de inhabilitación del Congreso a Inés Tello y Aldo Vásquez.
En un comunicado, el juez suplente Siles manifiesta que la reciente decisión del TC que suspende la reposición de Tello y Vásquez en la JNJ es una actuación “desviada o errónea de los órganos de poder” y agrega que, sometidos estos hechos a la observación ciudadana, se trataría de un debate constitucional “oscurecido por intereses turbios”.
Indica que para expertos constitucionalistas algunos operadores políticos “parecen torcer las razones del derecho y la justicia para alcanzar ellos o sus mandantes posiciones de poder ilegítimo” y criticó al Congreso señalando que “por desgracia, es poco lo que se puede esperar de un Congreso devastado por intereses mezquinos y falta de compromiso con valores cívicos y republicanos, y hasta penetrado por organizaciones delictivas”.
“Al invalidar en la práctica la protección cautelar concedida por el Poder Judicial a dos magistrados titulares de la JNJ en un proceso de amparo, el TC afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional —tutelar los derechos fundamentales y garantizar los límites en el ejercicio del poder—, desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano”, expresó.
Siles invoca al PJ a ser “el último bastión del orden constitucional y democrático peruano” y lo exhorta a ejercer las potestades para terminar con el “conflict” entre la JNJ y el Congreso, agravado por el TC.
“Son los órganos competentes de la Corte superior de Lima y de la Corte Suprema de Justicia los que deben pronunciarse con prontitud y responsabilidad, pero sobre todo con lealtad constitucional, para determinar si los dos magistrados nuevamente inhabilitados por el TC deben regresar de inmediato a cumplir sus deberes en la JNJ, pues graves asuntos deben ser resueltos y corregidos por la Junta”, subrayó.
