En entrevista con RPP, el fiscal de la Nación interno, Juan Carlos Villena, informó que dispuso no formular denuncia constitucional contra el expresidente Martin Vizcarra, quien era investigado por la presunta adquisición irregular de 1 millón 400 mil pruebas rápidas durante la pandemia de la COVID-19.
“Por lo menos, en lo que tenemos de la investigación, no tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, dijo en RPP.
Precisó que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) quien recomendó la compra de los productos. Realizadas todas las diligencias, no hubo pruebas que acrediten el delito de colusión.
En un delito de colusión debe probarse que haya habido un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas y no se han hallado indicios suficientes de que haya habido esto (corrupción). El INS es quien recomienda la adquisición (de pruebas rápidas), manifestó.
Villena indicó que el expresidente aún cuenta con procesos pendientes en el Ministerio Público y esas denuncias aún están en investigación relativas no solamente referentes al Covid, sino a su gestión en el Ministerio de Transportes.
El pasado 9 de febrero, el Pleno del Congreso aprobó el informe final que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras María Antonieta Alva y Elizabeth Hinostroza por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la adquisición de 1 millón 400 mil pruebas rápidas.
Según las conclusiones del informe final, aprobado en la comisión de Fiscalización, en marzo del 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza; y la exministra de Economía, María Antonieta Alva, se reunieron con diversos representantes del sector salud y empresas privadas a fin de “concertar la adquisición de pruebas serológicas” contrario a las políticas de salud vigentes que reconocían el uso de pruebas moleculares para detectar la COVID-19.
Vizcarra y las exministras sabían que las pruebas serológicas “no cumplían los estándares requeridos” para diagnosticar con certeza si una persona había contraído el coronavirus, dice el documento.
