Ante denuncias del Congreso contra magistrados por caso de El Frontón, dice García Sayán, relator de organismo internacional.
La Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido explicaciones al Estado peruano por la acusación que tramita el Congreso contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pero aún no hemos recibido una respuesta, dijo Diego García Sayán, titular de dicha relatoría de la ONU.
Explicó que estas situaciones ocurren en trámites internos que muchas veces no merecen la atención internacional, porque los actores internos no lo manifiestan, pero es este caso, sí lo habido. “Ha habido preocupación expresada por la CIDH y la Corte IDH, el relator especial, en mi caso [como relator de la ONU], me he dirigido al gobierno del Perú junto a otros relatores pidiendo una explicación. Esa explicación no ha llegado”, declaró en Ideeleradio.
No dice nada
García Sayán cuestionó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se haya puesto de perfil frente al problema y no defienda la estabilidad democrática, sobre todo cuando los analistas señalan la posibilidad de una vacancia, que podría ser dilucidada por el TC.
“Y el otro detalle que tenemos es que este asunto que atañe a la estabilidad democrática, al equilibrio de poderes, a los contrapesos y a la propia viabilidad del gobierno acorralado de PPK, cuyo gobierno ha optado por el silencio y se ha puesto de perfil, ha dicho que ese no es su problema, pobrecitos, cuando sí debería ser su problema porque está en juego la estabilidad democrática”, acotó.
Democracia en peligro
La acusación constitucional tramitada en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña por el caso El Frontón rompe cualquier principio democrático y constitucional, sostuvo García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fue al referirse a la acusación constitucional que presentó un grupo de exmarinos contra cuatro magistrados del TC por presuntamente haber violado el principio de “inmutabilidad de la cosa juzgada”. Ello, debido a que habrían modificado una resolución del 2013, que señalaba que el debelamiento del penal de El Frontón, ocurrido en 1986, no constituía un delito de lesa humanidad.
“En el caso del TC entrar a la discusión, de cómo fue el voto de tal o cual cosa sobre lesa humanidad, no tiene nada que ver con la esencia del proceso, que es buscar sancionar a los magistrados por un voto que emitieron. Eso viola cualquier principio democrático y constitucional porque no han cometido ningún delito”, señaló.
“Uno puede estar a favor o en contra de ese voto, pero nada tiene que ver con la causa de una investigación constitucional y destitución, porque algo parecido no se está haciendo con ningún juez de primera instancia. Aquí se trata del Tribunal Constitucional por una causa evidente de control político, en este caso parecería ser esa la estrategia del Congreso”, añadió.
Diario Uno, 01.12.2017
