Por Vidal Silva
La directiva de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú (AFSDP) tuvo que postergar una asamblea extraordinaria que estaba convocada para el viernes último, en la que se debía decidir una controversia entre dos de sus integrantes, pero que en realidad es un reflejo de la conducta que adoptaron los diplomáticos durante el decenio fujimorista.
Una resolución del ministerio de Relaciones Exteriores creó una Comisión de alto nivel para investigar los actos inconstitucionales, manejos irregulares de recursos y cese de los 117 funcionarios del Servicio Diplomático en 1992.
También sobre manejos irregulares de recursos destinados a obras y adquisiciones, la utilización de las asignaciones en el servicio exterior entre 1990 y el 2000, la intervención de diplomáticos en el fraude electoral del 2000 y en otros actos contrarios a lo que establece la Constitución.
En un plazo de 90 días deben presentar un informe con las conclusiones, recomendaciones y la determinación de las responsabilidades penales, si fuera el caso. La comisión está presidida por el embajador Oswaldo de Rivero, representante permanente del Perú ante la ONU en Nueva York, e integrada por Harry Beleván McBride, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático, Carlos Higueras Ramos, presidente del Consejo de Honor de la misma asociación, y José de la Cruz Arteta, inspector general de la cancillería, además de un representante de la Defensoría del Pueblo y otro del Consorcio Nacional para la Etica Pública (Proética). Con la creación de esta comisión, la asamblea debió ser postergada hasta esperar un informe que dé mayores luces sobre el asunto.
Las cartas
Dos debían ser los principales documentos, a los que tuvo acceso La República, que los diplomáticos tenían que analizar en la frustrada asamblea, en la que por primera vez se debían enfrentar las dos líneas que siguieron los diplomáticos durante la aciaga y vergonzosa etapa en la que la Cancillería también fue controlada por la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Primero, una carta del 31 de enero, enviada por el entonces secretario general de la Cancillería durante el apogeo del gobierno fujimorista Jorge Valdez Carrillo al presidente del Consejo de Honor de la AFSDP, embajador Carlos Higueras Ramos. Allí acusa virtualmente a De Rivero de ser instigador de una campaña contra él y un grupo de diplomáticos que tuvieron papeles protagónicos en la década autoritaria. Jorge Valdez expresa que existen evidencias de «una campaña orquestada con el exclusivo propósito de difamar a determinados miembros del Servicio Diplomático, al amparo del ambiente político enrarecido que se vivía en el país en aquel entonces y hoy aún perdura en determinados sectores y medios».
El segundo documento, la carta que De Rivero envía Higueras, en la que recuerda las circunstancias que lo obligaron a renunciar al Servicio Diplomático, cuando la dictadura fujimorista cesó a 117 diplomáticos el 29 de diciembre de 1992. Señala que la defensa del honor personal, sobre todo en las carreras jerárquicas, como la militar o la diplomacia, implica muchas veces renunciar al cargo por dignidad y con ello perder privilegios y niveles materiales de vida. Confiesa que no fue nada fácil decidir su alejamiento y luego «enfrentar públicamente al gobierno autócrata y corrupto de Fujimori, cuando estaba en el esplendor de su poder, cuando la mayoría del Perú lo alababa, se sometía o al menos lo toleraba». De Rivero dice respetar a sus colegas que no pidieron su pase al retiro, comprender sus dudas éticas y decidir o no por la renuncia, pero afirma «no respeto al embajador que logra los más altos cargos dentro de la autocracia y luego no pide su pase a disponibilidad cuando la democracia públicamente prescinde de sus servicios». Agrega que Valdez obtuvo sus más altos cargos «cuando la autocracia llegó a las más grandes bajezas y arbitrariedades. Jamás se atrevió a decir basta al fujimontesinismo».
Conducta durante decenio
Ambas cartas son la base de un debate interno en Torre Tagle, cuyo objetivo en el fondo debe ser juzgar la conducta del servicio diplomático durante una de las décadas más oprobiosas de la historia republicana del Perú. Valdez fue el segundo hombre en la Cancillería durante los más críticos momentos de la vida política del los últimos años, cuando -fraude de por medio- Fujimori intentó un ilegal tercer período de gobierno consecutivo, con el apoyo de Montesinos, quien desde el Servicio de Inteligencia Nacional controló las FFAA, la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio Público, compró a gran parte de la prensa y mantuvo el dominio sobre el aparato estatal, una de cuyas piezas fundamentales es la Cancillería. Tras la caída de Fujimori, Valdez es retirado de la representación del Perú ante la ONU y posteriormente no es aceptado como embajador en Uruguay. Al respecto, De Rivero señala que en tales circunstancias «no se atrevió a pedir su pase a disponibilidad» y que «esta falta de renuncia es para mí reñida con la práctica de la virtud del honor». Allí también hace referencia a su actuación en una cuestionada operación de alquiler de un helicóptero militar peruano a las Naciones Unidas, por el cual Valdez abrió una cuenta bancaria por un millón de dólares, de la cual se transfirió dinero a Suiza y no al Perú, como correspondía. Las cartas están sobre la mesa y corresponde a los miembros de la AFSDP reivindicar su maltrecha imagen, por conductas de algunos de sus miembros.
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1 comentario
a este maricon del Valdez los chilenos le mandaron un maricon para q sea su marido y en los correteos libidinosos el maricon le robo documentacion secreta
DEBERIA ESTAR EN LA CARCEL JUNTO CON SU MARIDO CHILENO