Una misión de observación del Parlamento Andino, que llegó al Perú para recoger información y elaborar un informe sobre los casos de esterilizaciones forzadas, expresó su preocupación por la decisión de la Segunda Fiscalía Penal Supranacional de Lima que resolvió archivar las denuncias de más de dos mil casos ocurridos entre 1996-2000.
La misión se reunió con miembros de organizaciones de la sociedad civil, que señalan que se archivaron los casos sin tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y las demás evidencias probatorias, precisando que la resolución desconoce que se cometió un delito de lesa humanidad y las responsabilidades de las altas autoridades de esa época.
También tomó conocimiento del cambio del fiscal titular competente del caso por uno designado por el exfiscal de la Nación José Peláez «con argumentos discutibles».
«Como institución supranacional del sistema andino de integración no podíamos quedarnos ciegos y sordos frente a lo que ha sucedido en el Perú. Nos vamos alarmados de lo que las mujeres nos cuentan (…) Se ha querido exterminar a los pueblos indígenas con un supuesto programa de planificación», expresó el presidente del Parlamento Andino, Pedro de la Cruz.
La parlamentaria Gloria Flórez (Colombia) leyó una declaración que señala que las víctimas no han sido atendidas ni reparadas por el Estado peruano, a pesar del compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el Acuerdo de Compromiso de Solución Amistosa en el caso emblemático de Mamérita Mestanza.
La misión se creó en febrero último por una propuesta de los parlamentarios peruanos Hilaria Supa y Alberto Adrianzén.
Como se sabe, la dictadura fujimorista se ensañó con mujeres andinas a las cuales esterilizaron con engaños obligando a médicos a cumplir un cupo de estas operaciones bajo amenaza de despido. Se les trató peor que animales porque muchas de ellas no tuvieron cuidados postoperatorios, tras visitarlas y operarlas se iban y en este abandono hubo muertes.
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