El Poder Judicial (PJ) confirmó la incorporación de la Procuraduría General del Estado en calidad de actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien había sido destituida por por haber suspendido las investigaciones que inició su despacho a Pedro Castillo cuando aún era presidente de la República.
La suspensión de las investigaciones, Ávalos las ordenó hasta que culminara su mandato en 2026, interpretando el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.
El caso está en manos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que con la medida declaró infundado el recurso de apelación presentado por Ávalos demandando la revocación de la resolución dl juez Supremo, Juan Carlos Checkley, el 3 de octubre del 2023, en la que rechaza su oposición al pedido de la defensa legal de nuestro país constituirse como actor civil o parte agraviada.
Dicha sala, presidida por el juez Supremo, César San Martín, determinó que los agravios contenidos dentro de este recurso de apelación no desvirtúan los fundamentos de la resolución impugnada al no advertirse defecto en el auto impugnado por lo que la apelación deviene en infundada y corresponde confirmar la decisión adoptada, detalla RPP.
El Estado consignó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial para que Zoraida Ávalos pague la suma de 200 mil soles en calidad de reparación civil a favor del estado a raíz de este caso.
El pronunciamiento sobre el recurso de apelación que presentó la Procuraduría General del Estado para que se revoque la resolución emitida por el juez Supremo, Juan Carlos Checkley, el 23 de noviembre del 2023 en la que declaró el sobreseimiento o archivo de esta investigación preparatoria seguida a Zoraida Ávalos, se encuentra pendiente, pues declaró fundado un recurso de excepción de improcedencia de acción que interpuso su defensa legal en el que se sostiene que los hechos atribuidos a la exfiscal de la Nación no constituyen el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado.
Como se sabe, el último 29 de abril, la Tercera Sala Constitucional de Lima ordenó la reincorporación de Zoraida Ávalos al cargo de Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público tras declarar fundada, en parte, una demanda de amparo para dejar sin efecto la decisión que adoptó el Pleno del Congreso de la Republica en junio del 2023 en la que ordenó inhabilitarla por cinco años para ejercer cargo público por una presunta infracción constitucional en raíz de este caso.
