El Poder Judicial (PJ) declaró infundada la tutela de derechos presentada por la presidente Dina Boluarte Zegarra, acción que buscaba la anulación de diversos actos procesales, entre ellos, declaraciones de testigos realizadas ante el Ministerio Público, en la investigación que se le sigue por encubrimiento personal.
Al mismo tiempo, el PJ desestimó el pedido planteado por la defensa de Boluarte para declarar nula la Disposición Fiscal N.° 09, del 7 de noviembre del 2024, que formuló denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra.
Con ello se pretendía anular la denuncia constitucional contra ella por la desactivación del equipo especial del Eficcop.
La consecuencia de declarar infundada la tutela de derechos implica la validación de las pruebas entregadas por el Ministerio Público al Congreso.
A cargo del caso se encuentra el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien al declarar infundada la tutela de derechos, argumenta que la disposición del Ministerio Público, que declaró en secreto las declaraciones de los testigos, está debidamente justificada.
En el Ministerio Publico Boluarte es investigada por sustraer de la persecución penal a su hermano Nicanor Boluarte Zegarra, así como por ofrecimientos ilícitos a Harvey Colchado Huamaní, a través del abogado Mateo Castañeda, y por la desactivación del equipo de apoyo de policías al grupo especial de fiscales contra la corrupción y el poder.
