El Poder Judicial (PJ) impuso cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por presuntos sobornos de más de S/2 millones durante la ejecución de Lomas de Ilo y hospital de Moquegua, gecos supestamente ocurridos durante su gestion en el cargo de gobernador de dicha región.
El fiscal acusador, Germán Juárez argumentó en la respectiva audiencia que el exmandatario desvió la adjudicación de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua a cambio de pagos ilícitos provenientes de las empresas Obrainsa e Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), para favorecer a estas compañías.
A cargo del caso en el PJ se encuentra el juez Jorge Chávez Tamariz, quien sostuvo que existen elementos que acreditan riesgo de fuga y de obstaculización del proceso por parte del procesado, por lo cual decidió ordenar la prisión preventiva y agregó que se evidencia falta de arraigo laboral y familiar, “un comportamiento cuestionable y una pena posible a imponer”.
En consecuencia, el exmandatario será recluido en el penal de Barbadillo mientras continúan las investigaciones por los presuntos delito de tráfico de influencias y cohecho.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, anunció que apelará la medida dictada por el juez y denunció que existiría un conflicto de interés, porque se ha advertido la existencia de una “resolución redactada” y que el magistrado es esposo de una fiscal que forma parte del equipo especial Lava Jato, al que también pertenece el señor Juárez Atoche.
El PJ había rechazado en junio el pedido inicial de prisión preventiva y dispuso comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, decisión que fue apeladada por la Fiscalía, que presentó un recurso para reevaluar el pedido de prisión.
El fiscal Germán Juárez que las constructuras Obrainsa e ICCGSA habrían sobornado con S/ 2,3 millones a Vizcarra a través de intermediarios, a cambio de maniobras para ganar las adjudicaciones de las obras
Sobre el proyecto Lomas de Ilo, el fiscal manifestó que Obrainsa pagó S/ 1 millón en dos partes, entre enero y abril de 2014, S/ 400 mil y S/ 600 mil, respectivamente. En cuanto al proyecto del Hospital de Moquegua, ICCGSA realizó pagos por S/ 1.3 millones entre 2014 y 2016, en entre 6 y 8 armadas. Agregó que un colaborador eficaz declaró que Vizcarra mencionaba que “ellos se comen la torta solos”, aludiendo a los ingresos de las constructoras.
El abogado de Vizcarra señaló que su patrocinado no tenía la facultad para decidir sobre la recomendación de la empresa que resultaría ganadora de la buena pro del proyecto Lomas de Ilo, por lo que debía acatarse la recomendación de UNOPS, la oficina encargada de evaluar y recomendar a las empresas.
Sobre el peligro de fuga, el juez además sostuvo que tanto la esposa como el menor hijo del exmandatario residen en Moquegua y él en Lima, lo cual evidenciaría la carencia de un vínculo económico o de convivencia.
En lo referente al aspecto laboral, el juez rechazó los contratos presentados por la defensa con el propio partido de Vizcarra, ‘Perú Primero’, por haber sido elaborados después de que la fiscalía planteara el pedido de prisión preventiva. Subrayó que los oficios describen funciones vagas y sin resultados comprobables e indicó que la empresa relacionada es administrada por la esposa de Martín Vizcarra y tiene como fundadoras a sus hijas, lo cualresta legitimidad a la relación de trabajo.
El juez reconoció que el expresidente tiene un domicilio registrado, ello, aislado de otros lazos sólidos, no constituye un freno real a una posible evasión. Añadió que el comportamiento del procesado en cuanto a su lugar de estadía y desplazamientos suscita sospechas sobre su intención de cumplir con las obligaciones judiciales.
Con esos argumentos, el magistrado sostuvo que el riesgo de fuga es alto, especialmente por la cercanía de una decisión final del caso. Por ello, consideró justificada la prisión preventiva por un plazo de cinco meses y la calificó como una medida proporcional para garantizar su presencia en el juicio. Precisó que la caducidad de restricciones más leves, como la comparecencia, eleva el nivel de riesgo en casos de presunta corrupción contra el Estado.
El abogado del exmandatario anticipó que presentarán el recurso de apelación este jueves 14 de agosto y argumentó que no existía riesgo de fuga porque el procesado se ha presentado a las citaciones judiciales de forma presencial pese al riesgo de recibir la prisión preventiva.
“¿Qué riesgo de fuga va a existir? Si el señor Martín Vizcarra solicitándose por parte del ministerio público una prisión preventiva, sigue estando presente y sigue concurriendo a todas las citaciones judiciales. Incluso, pese a que existía el riesgo, como ha ocurrido que se le imponga esa prisión, ha estado presente. ¿Qué más muestra de que el señor Martín Vizcarra siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales?”, cuestionó.
