Presentarán demanda de inconstitucionalidad contra decretos de urgencia 001 y 002

Demanda busca evitar “faenones” en los últimos meses de Gobierno. Vergonzosa ratificación del Ejecutivo no parará derogatoria
 
Como lo anunció hace una semana, el congresista y miembro titular de la Comisión Defensa del Consumidor del Parlamento, Yonhy Lescano Ancieta, presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los Decretos de Urgencia N.° 001 y 002, por vulnerar a toda luz la Constitución, pues dichas medidas no responden a una necesidad extraordinaria ni urgente que justifiquen su ejecución.

Asimismo, Lescano explicó que el artículo 5 del Decreto de Urgencia 001 señaló la exoneración de la obligación en la entrega de las certificaciones de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para la obtención de las autorizaciones. “Es un escándalo que el Gobierno pretenda atropellar requisitos prioritarios y elimine la presentación de los EIA en la etapa inicial del concurso de licitación y recién lo exija cuando se está ejecutando el proyecto; esto traerá faenones en los últimos meses del régimen aprista”, expresó el parlamentario.

El congresista recordó que el Decreto de Urgencia 002 agregó también al proyecto de “Energía de Nuevas Centrales Hidroélectricas” sin dar mayores precisiones, por lo que se confirmaría la sospecha de que dicha medida estaría amparando a la millonaria inversión de la empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) para la realización de la Central Hidroeléctrica de Inambari.

“Si el propio Ministerio de Energía y Minas consideraba imprescindible la presentación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para otorgar una concesión; entonces resulta ilógico que en el Consejo de Ministros, a través de la ministra de Justicia, Rosario Fernández,  ratifique estos polémicos decretos y retire este requisito solo por acelerar las asociaciones público – privadas”, declaró Lescano.

Finalmente, el legislador comunicó que además de presentar la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, el Congreso puede derogar dichas medidas pues el Artículo 91 del Reglamento del Congreso permite anularlo cuando el Ejecutivo emita una norma que no contempla una situación extraordinaria e imprevisible que signifique un peligro inminente para la economía nacional o las finanzas públicas. “La ejecución regular en la concesión de los 33 megaproyectos no genera un peligro para la economía ni las finanzas públicas, por lo que lo único que se entiende es la necesidad de hacer negociados irregulares”, dijo el parlamentario.