En conferencia de prensa este domingo, demandó al Ejecutivo no promulgar la ley procrimen que protege a los policías y militares delincuentes para que no sean juzgados por el Poder Judicial, como todo ciudadano peruano, sino que los ampara a la sombra del fuero militar y policial, incluso si perpetran delitos graves como asesinatos, con la excusa de que se cometieron durante el ejercicio de sus funciones.
Como se sabe, en estas instituciones hay un mal espíritu de cuerpo que ya sea por protección o corrupción termina a veces en impunidad. Así tenemos el reciente caso de un adolescente asesinado en una comisaría, caso donde los altos mandos policiales alegan que fue el detenido se quitó la vida solo, cuando todas las evidencias señalan que lo mataron. Otro reciente caso es el de los militares que asesinaron a cinco civiles en Colcabamba.
Sánchez, anunció movilizaciones que se realizarán durante julio en distintas regiones del país y en Lima en respaldo de militantes y dirigentes investigados por participar en manifestaciones.
y aseguró que solo aceptará un diálogo con Keiko Fujimori si antes se cumplen las condiciones que su agrupación planteó públicamente.
Ratificó que mantiene su rechazo a cualquier acercamiento político con Keiko Fujimori mientras no se atiendan los puntos que considera indispensables. Entre ellos mencionó la derogación de las denominadas “leyes procrimen”, la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar las muertes registradas durante las protestas sociales y la libertad del expresidente Pedro Castillo.
Sostuvo que “esta democracia no nos representa. Hemos tenido todo en contra y, aun así, levantamos un proyecto democrático popular. (…) En el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, están los más de 1.500 distritos, más de 150 provincias y 16 de las 24 regiones se han pintado de verde por esta convicción. Este resultado nace con ilegitimidad, desconfianza y rechazo por la mayoría de los territorios del Perú”, subrayó.
Afirnó que continuará con su pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se apruebe una medida cautelar contra la proclamación de resultados que da como ganadora a Keiko Fujimori por las presuntas irregularidades registradas constituyen vulneraciones de sus derechos políticos.
“Hay un rechazo por parte de la mayoría de los territorios del Perú. Si bien es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia, cuando existe una afectación a los derechos políticos, cualquier peruano puede acudir a una instancia internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si bien ese proceso puede demorar, tarde o temprano las razones dirán que la democracia que tenemos no debió avanzar por un camino de ilegalidad”, enfatizó.
