El impresentable congresista Fernando Rospigliosi Capurro, impulsor de la hedionda ley que aministía a asesinos, torturadores, violadores y perpetradores de otros delitos graves en contra de civiles, inlcuidos niños, durante la época del terrorismo, se lanzó contra el juez Richard Concepción Carhuancho, quien inaplicó dicha ley en un caso.
Un juez puede evaluar si una ley contraviene el ordenamiento legal, lo que incluye tratados internacionales que el Perú está obligado a cumplir, y eso es lo que hizo el juez Richard Concepción Carhuancho, quien aunque ahora sea atacado por su valiente decisión, la justicia le dará la razón.
Rospigliosi ha solicitado a la cuestionable Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución del referido juez, acusándlolo de cometer prevaricato al desacatar la Ley 32107, Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.
En conferencia de prensa realizada este martes, dijo: “No se puede aplicar lesa humanidad a supuestos delitos cometidos en los años ochenta y noventa. Este juez no está capacitado para aplicar el control difuso porque la Corte Suprema ha establecido que solamente se hace en una sentencia. Y este juez no sentencia. Es un juez de primera instancia”. “Ha inaplicado ilegal y prevaricadoramente la ley”.
“¿En contra de quién? En contra de un policía de la antigua Guardia Republicana. Por un hecho ocurrido en Ayacucho en el año 1984. Es una prueba evidente de cómo este sistema judicial, politizado y prevaricador persigue a los militares y policías que derrotaron al terrorismo”, lamentó el parlamentario.
Rospigliosi alega que se trata de una persecución que no termina nunca y explicó que los jueces se están negando a aplicar la Ley 32107 y también la reciente norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
Esta afirmación de Rospigliosi es falsa. No hay persecución de tales sujetos. Simplemente ellos están pasando por lo mismo que muchos ciudadanos que mantienen litigios en el Poder Judicial, los cuales pueden tardar años y décadas debido a la falta de presupuesto que causa acumulación de expedientes y sobrecarga procesal. Esa es la única razón de la demora, no una persecución, por lo cual, en lugar de mentir debería exigir que el Gobierno otorque mayores recursos a la Justicia, incluyendo la Fiscalía y la Policía, en lugar de derrochar en gastos vanos del Congreso.
