La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid, esa institución que todo trámite lo demora y complica, no necesariamente por incapacidad (pues la ley de la coima dice que donde hay demora en un trámite allí hay un coimero), ahora muestra otra faceta de los funcionarios que la dirigen, pues se conoció que aprovecharon de sus cargos para sortearse vacunas de Sinopharm contra el coronavirus.
Hasta el momento están identificados en la lista de 487 vacunados en la sombra cinco funcionarios de la Digemid. La intervención de fiscales anticorrupción y policías de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) del 19 de este mes recabó testimonio de testigos que dan cuenta de dicho sorteo.
Los testigos narraron que la químico-farmacéutica Carmen Ponce Fernández, directora de dicha institución, ordenó la rifa. Ponce no figura en la lista de vacunados, informa El Foco. El director de cada área fue el encargado de recolectar los nombres de los participantes del sorteo.
Los nombres de los participantes en el sorteo se escribieron en papeles y se reunieron en una bolsa entregada a Ponce y su adjunta, Lidia Castillo Solórzano de donde resultaron los favorecidos.
En la rifa sólo permitieron que participen los altos funcionarios, no los de menor rango.
Los “ganadores” del sorteo son: Cecilia Arrese, secretaria de Ponce; la directora de Productos Farmacéuticos, Sofia Salas Pumacayo; y tres funcionarios: Yuber Sucso, Yolanda Cortez y William Cortez.
Tras la revelación de la lista de vacunados, Sofia Salas presentó su carta de renuncia. Ella, según el portal Sudaca, autorizó el ingreso de las vacunas destinadas a los ensayos clínicos dirigidos por la Universidad Cayetano Heredia.
Lidia Castillo, la segunda en Digemid, hermana de Carlos Castillo Solórzano, exasesor de Pilar Mazzetti y uno de los hombres enlace que, junto con el diplomático Jorge Jarama, eran los negociadores de las vacunas con la empresa china Sinopharm.
Germán Málaga, dijo en la Comisión de Fiscalización del Congreso que Carlos Castillo era uno de las personas que conformaban la Comisión Multisectorial encargada de determinar a quiénes se distribuía la vacuna.
La Procuraduría Anticorrupción y la Fiscalía investigan a Castillo Solorzano y otros seis funcionarios por el delito de negociación incompatible.
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