Los gremios de transportistas coordinan una paralización de sus servicios este 2 de octubre, ante la incapacidad del Gobierno contra la ola de criminalidad, que entre choferes, cobradores, jaladores y pasajeros ha dejado más de 60 asesinados.
Dirigentes de Conect Perú y APSUPER anunciaron que si el Ejecutivo no cumple con garantizar seguridad, irán al paro ya no de un día, sino sin fecha de término. Acatarían la medida unas 400 empresas de transporte.
Julio Raurau, dirigente de Conect Perú, señaló en Latina: “Por primera vez en la historia del sector transporte están atentando contra quienes prestamos servicio a la ciudad. Nos da mucha pena que esto esté sucediendo” y lamentó que esto sea una consecuencia de la inmigración.
Como se sabe hay demasiados delincuentes entre los venezolanos que han llegado al Perú. No sólo eso, sino que muestran salvajismo y nulo respeto por la vida.
“Desde que dejaron entrar a venezolanos de mal vivir comenzaron las extorsiones. Han traído modalidades de crueldad que parecen una pena de muerte para los peruanos”, indicó.
Raurau subrayó que “todos están pagando cupo: ambulantes, mototaxistas, comerciantes, ciudadanos. Yo mismo he sido asaltado y amenazado”.
Martín Ojeda, dirigente de APSUPER señaló que “esto es una copia fiel de lo que pasó en Medellín”, y recordó cómo en Colombia, primero los delincuentes comenzaron a asesinar a los llamados “chuteros”, luego se infiltraron en las empresas y más tarde terminaron por convertirse en dueños de estas.
“Ese es el riesgo que hoy corre el Perú. El transporte mueve efectivo, y donde hay efectivo, ahí estarán los criminales”, subrayó. Para Ojeda, lo que se vive no es un problema aislado, sino la antesala de un escenario donde el crimen organizado podría tomar control del transporte público, aprovechando la informalidad y la falta de regulación.
Luis Gutiérrez relató que junto con otros dirigentes se reunieron con el ministro del Interior y le dieron un ultimátum: “Si mañana no tenemos seguridad, no vamos a salir a trabajar. Puede haber paro nacional”, dijo, y agregó que la policía les ha prometido vigilancia sectorizada en corredores, presencia en terminales y uso de drones, pero no confía en que esas medidas sean suficientes. “Hemos perdido choferes, han sido asesinados. Un 20% de los conductores ya abandonó el sector por miedo. El Estado está en la obligación de darnos garantías”, lamentó.
Los dirigentes enfatizaron en el desorden en el Estado que agrava la situación. “Cuando vamos a la Fiscalía dicen que la culpa es de la Policía; en la Policía señalan a la Fiscalía; en el Poder Judicial culpan al gobierno. Se están peleando entre ellos mientras a nosotros nos matan”, manifestó.
Raurau también plantea armar a los choferes. “Hemos pedido al ministro facilidades para comprar armas. Si no tenemos protección, tendremos que autoprotegernos”. Indicó y admitió que es una medida desesperada y que no pueden seguir siendo víctimas indefensas.
Ojeda aseveró que los transportistas son “hombres de leyes” y que no buscan la anarquía, sino en un Estado democrático que cumpla con su función básica de brindar seguridad, pero la falta de voluntad política hace inviable cualquier cambio estructural. “Estamos cansados de politiquería barata. Mientras los poderes del Estado no trabajen juntos, seguiremos en riesgo”, sentenció.
Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, señaló que presentarán al Congreso la propuesta de creación de una Unidad de Élite integrada por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial para enfrentar a la criminalidad.
“En una asamblea donde están las 72 empresas de la coordinadora, se ha tomado la decisión de ir a un paro el día jueves 2 de octubre, en vista de que las autoridades están haciendo absolutamente nada por combatir los asesinatos, la extorsión, el sicariato. Vemos con mucha preocupación que nuestros compañeros transportistas están saliendo a marchar y no hay una autoridad, alguien que corrija, reciba, converse y proponga alternativas de solución”, dijo a RPP.
Explicó que la unidad de élite tendría como objetivo investigar, capturar y encarcelar rápidamente a los criminales que atentan contra los transportistas.
Aseguró que la ciudadanía y ellos han perdido absoluta confianza en la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Comentó que la unidad de élite es una superpolicía a ejemplo de otros países. “Se ha combatido la cosa nuestra, la criminalidad a través del FBI. Consideramos que si se constituyera una institución de élite podrían efectuarse las cosas. ¿Qué se requiere? Voluntad política, que no la tenemos, pero esperamos y vamos a exigir. Y si alguien del Poder Ejecutivo o Legislativo no lo asume, pensamos que algún político que va a postular tome esto [que] no tiene un matiz político, no tiene un tinte, no tiene una particularidad. Queremos que todos luchemos contra la inseguridad”, explicó.
Por ello, señaló que llevarán la propuesta al Congreso el día del paro convocado y exigió que sean recibidos por una comisión multipartidaria presidida por el titular del Parlamento, José Jerí.
