Herbert Mujica Rojas
Un plan sibilino y taimado pretende desalojar por completo al Ejército de terrenos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Qué se pretende con aquello?, ¿y en casos de emergencia nacional de cualquier índole? Preguntas sin respuestas claras y contundentes, hasta hoy.
Por otro lado, trascendidos apuntan a que la concesionaria del Jorge Chávez, Lima Airport Partners, LAP, tendría entre sus planes llevar al Estado peruano ante el tribunal del CIADI, Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, para dirimir si la demora en la entrega de los terrenos adyacentes a LAP, configura una falta del Perú, con la consiguiente millonaria reparación y la demora, como de costumbre, de la construcción de la II pista, si es que eso comienza algún día.
La inoperancia, desinterés o, mejor dicho, intereses particulares, pueden haber sido las causas para que transcurran los años de vigencia de una concesión y se incumplan las obligaciones a las que el Estado se comprometió conscientemente, bajo el supuesto del respectivo análisis, evaluación y conclusiones de Proinversión.
No se puede llegar a otra idea, dado que todas las estimaciones fallan cuando se trata de entregar terrenos ocupados por sus legítimos propietarios o posesionarios, a los concesionarios. Generándose así contingencias para el Estado, por la probable interposición de arbitrajes por parte del operador privado o la negociación, bajo presión, de Adendas en las que, ¡qué importa!, sale perjudicado el país.
Así tenemos que en la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, suscrito en febrero del 2001, hasta la fecha (¡15 años!), no se ha cumplido con la entrega de las áreas de terreno que se establece en el contrato de concesión. Y a la par se han suscrito seis Adendas –y en camino, la sétima- que en algún momento deberán ser debidamente evaluadas por un Congreso independiente, que determine ¡qué tan equitativas resultaron a las partes!
Entonces, en compensación de esos terrenos no entregados, el concesionario obviamente reclama el perjuicio económico que tal situación le “causa”, y el gobierno de turno fácilmente accede a entregar miles de metros de terreno que están en uso de las FF. AA. Así ocurrió en febrero de 2009, cuando se firmó un convenio entre la concesionaria LAP y representantes del Estado peruano, por el que se ceden temporalmente 7000 metros cuadrados de terreno en posesión de la Aviación del Ejército del Perú a favor de LAP, sin una contraprestación efectiva, a pesar de así señalarlo el Anexo 7 del contrato de concesión.
Esto es posible porque “previsoramente” ya el contrato de concesión del 2001, establecía que era posible este tipo de operaciones por cualquiera de los inmuebles en posesión de la FFAA. Entonces, esta primera cesión venció ya en febrero pasado …. y la totalidad de los terrenos continúa sin entregarse.
Y claro, ahora el concesionario se siente nuevamente “perjudicado”, sensación a su favor que es incrementada con una eficiente campaña en medios, con periodistas afines, que generan una corriente de opinión a su favor y responsabilizan, nuevamente, al Estado (no a los funcionarios responsables), de este déficit en la entrega de terrenos, razón por la cual, por ejemplo, el concesionario no ha podido construir la segunda pista o se ha quedado nuevamente sin espacio para el estacionamiento de aeronaves, entre otras supuetas y alegadas “razones”. Entonces, se plantea la renovación del convenio con el Ministerio de Defensa, Ejército del Perú, por 5 años y así se habrían cursado los borradores entre el MINDEF y CORPAC.
Sin embargo, fuentes bien informadas, nos han comunicado que el MTC, que suscribe el representación del Estado el contrato de concesión del AIJCH con LAP, a través de su Dirección de Concesiones, pretendería obligar a CORPAC a entregar, no los 7,000 metros cuadrados del 2009, sino que ahora serían 15,000 metros cuadrados, perjudicando aún más a la Aviación del Ejército.
Si necesitan terreno ¿por qué no utilizan los ya expropiados y por qué desean, precisamente, los que usa la Fuerza Armada?, ¿no es deber del Estado defender a sus institutos armados? Aquí no tenemos aeropuertos militares equipados y, por consiguiente, son muy importantes las áreas asignadas a las FFAA.
Por supuesto, en esta ocasión tampoco habría contraprestación por parte del concesionario privado.
A todo esto ¿no hay funcionarios, viceministros, ministros responsables de todo este despelote?
¿Esta cesión se hace en verdad a “título gratuito” o alguien gana, indebida e ilegalmente, en la operación mencionada?
Tarea para el nuevo Congreso de la República.
21.06.2016
