Mientras la empresa concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), insiste en perseguir al periodista independiente Herbert Mujica Rojas, por haber denunciado diversos actos de corrupción y abuso que la involucran, al mismo tiempo se conoce que hay un pedido en la carpeta del OSITRAN para elevar las tarifas aeroportuarias en 13%. El esquema de toda la vida: silenciar la investigación y seguir exprimiendo a los usuarios del servicio.
En el 2002, compartí tareas con Herbert Mujica en un pequeño diario, de corta existencia, que llevó el nombre de “Dignidad” y desde sus páginas nos interesamos por estudiar el caso de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, a la que llamamos la “última privatización de Fujimori”, que fue también la única del breve período de Paniagua, la primera de Toledo y la que sigue comprometiendo gobiernos, como ahora con Alan García.
Siempre nos preguntamos ¿por qué políticos que denunciaban la corrupción y la dictadura que se había instalado en el Perú de los 90, no fueron capaces de detener un proceso no culminado, que se había querido sacar contra viento y marea: con presidente en fuga, ministros en el aire, postores descalificados (salvo uno, que carecía del respaldo de capital que exigían las bases, inscripción regularizada, poderes inscritos de sus representantes, es decir también debería haber sido descalificado), y que a todas luces era una estafa al país, para someterlo a la investigación correspondiente?
Intocables
No sólo no lo hicieron, sino que el señor Javier Silva Ruete (ministro de Paniagua y Toledo), se convirtió en el mayor propagandista de este desubicado contrato, mostrándolo como signo de que las inversiones pactadas en la etapa de Fujimori no serían tocadas, ni siquiera para saber si podía ser posible que los corruptos hicieran contratos honestos como los de la Telefónica, Petroperú, Aeroperú o LAP. Y efectivamente nadie tocó nada, y en particular al grupo del aeropuerto que entre otras bellezas le hizo al Perú las siguientes jugadas:
– Cambió la composición de la sociedad, aún antes de la entrada en operación del contrato: se retiró el aeropuerto de Frankfurt, que era el que habría presentado las credenciales de “expertise”, para encabezar el consorcio; Betchel, se hizo reemplazar por su subsidiaria Alterra (conformada para la administración del aeropuerto de Irak, después de la invasión), y la peruana COSAPI fue simplemente cepillada, después de canjear acciones por contratos de obras. Por tanto, los que calificaron para la buena pro fueron sustituidos, aunque el membrete de la concesionaria siguió siendo el mismo.
– La construcción de la nueva pista de aterrizaje, que era la inversión de fondo que justificaba la concesión, fue quedando postergada, con sucesivas modificaciones en las bases, y adendas al contrato, a pesar del deterioro evidente de la que está actualmente en uso (con su tiempo de vida útil largamente vencido, e informes técnicos sucesivos sobre la peligrosidad de sus operaciones), con lo que la administración LAP se convirtió en un trabajo de remodelación del edificio y de inversiones comerciales complementarias: hotel en plena playa de estacionamiento, área comercial (luego de desalojar a los anteriores concesionarios), servicio exclusivo de taxis, agencias de turismo, parqueo, etc.
– Costos excedidos de los servicios aeroportuarios: tasa de embarque nacional (la más elevada del país) e internacional (de las más altas del mundo), uso de mangas (denunciados por sobreprecio), derechos de aterrizaje y despegue (pleito con la asociación de aerolíneas), etc., que dicho sea de paso ahora quieren incrementar, para pagar un préstamo que se hicieron para sus anteriores inversiones;
– Incumplimiento en los plazos pactados de inversión, que llevó a varias renegociaciones mientras LAP hacía caja con la tarifas que cobraba a los pasajeros y a las empresas que utilizan sus instalaciones;
– Extraterritorialidad de la zona internacional del aeropuerto, administrada por agentes extranjeros que dificultan la intervención de las autoridades peruanas (jueces, fiscales, policías, etc.), que, entre otros problemas, está trayendo como consecuencia que la terminal peruana se convierta en un punto de despegue de la droga hacia distintos destinos, con la complicidad de empleados del aeropuerto.
Sin respuesta
Como consecuencia de la campaña sanitaria de “Dignidad”, el Congreso de la República discutió el caso y a pedido del congresista de Acción Popular, Pedro Morales, nombró un grupo de trabajo sobre el aeropuerto, presidido por Luis Heysen Zegarra (APRA). Lamentablemente, el pequeño diario se cerró por razones económicas, lo que eliminó la vigilancia de prensa sobre los congresistas y les permitió convertir una investigación en una apología de LAP, que los llevó a pasear por el mundo para que conocieran diversos aeropuertos.
Gracias a los otorongos de toda la vida, el país quedó sin respuestas sobre lo que estaba pasando con su primer terminal aéreo y la política de privatizar porque el mundo se va acabar, siguió adelante, con nuevas irregularidades y trampas, alcanzando a 12 aeropuertos de provincias, y amenazando a los principales puertos del país. Pero no nos desanimó a Mujica y al que esto escribe, que ya hemos sumado juicios y amenazas diversas, pero no hemos cesado en perseguir a corruptos y corruptores,
Contratar a un anticorruptor
Las normas del Estado pretenden restringir la posibilidad de que un alto funcionario pueda pasar de la responsabilidad pública a una ocupación privada relacionada, a la que lleve información privilegiada, relaciones con instituciones públicas y privadas, y una imagen política ajena a los negocios particulares. Pero entre otros vacíos, no se ha previsto el caso de los abogados que el Estado contrata para su defensa.
En el año 2000, en uno de sus postreros actos de gobierno, Alberto Fujimori nombró a José Ugaz Sánchez Moreno, como procurador ad hoc para el caso Montesinos, y días después el presidente transitorio, Valentín Paniagua, lo ratificó en el puesto, cosa que también hizo Toledo, como si se tratara de una garantía de independencia.
Ugaz y sus colaboradores más cercanos: Luis Vargas Valdivia y César Azabache, habían tenido diversos contratos con la que después llamarían dictadura corrupta. Pero como estudio particular llevaban una creciente cartera de atención a empresas que lograron excepcionales posiciones en el país gracias al régimen de los 90: Telefónica, Edelnor, Banco Continental, Petro Tech, Aeroperú-Aeroméxico, etc. Mientras estuvieron a cargo de la anticorrupción, mantuvieron estos clientes, y a comienzos de los 2000, los incrementaron con Lima Airport Partners.
¿Cómo se puede ser objetivo investigando la corrupción, caiga quién caiga, si al mismo tiempo se tiene compromisos con posibles implicados en hechos corruptos?, o, lo que es lo mismo, ¿por qué no hubieron empresas denunciadas en los informes de los procuradores? Algo más, ¿no hay conflicto de interés entre la información del procurador y la relación con la empresa cliente? Y, por último, ¿no es cierto que hay un peso político y moral en eso de encarnar la “anticorrupción”, que empresas más o menos corruptas deben estar interesadas en utilizar a su favor?
Todo eso ha sido una constante en la actuación de los ex procuradores, como en el caso reciente de los petroaudios. Y es especialmente irritante en el tema LAP, donde Luis Vargas ha demostrado ser capaz de hacer que un juez emita dos resoluciones opuestas sobre un mismo asunto, una de las cuales desconoce el mandato de la Corte Suprema de abrir una proceso sobre la validez del contrato de concesión del aeropuerto, que un juez de primera instancia se ha atrevido a desacatar. Este señor que predica la “anticorrupción”, es el principal perseguidor de Herbert Mujica.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
La Primera, 21.11.08
