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Quito, 6 mar (Sputnik).- Comunidades indígenas de la Amazonía (este) de Ecuador afectadas por un derrame de petróleo protestaron el viernes por la demora en la sentencia definitiva sobre la acción de protección contra el Estado que presentaron hace casi un año.
«Son 72 comunidades asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo las que están afectadas. La demanda se presentó el 29 de abril, en septiembre se dictó la sentencia de primera instancia que apelamos; sin embargo, hasta hoy la Corte Provincial de Orellana (este) no emite la sentencia definitiva», dijo a periodistas el presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), Carlos Jipa.
El 7 de abril pasado se rompieron el estatal Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el privado Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el vertido afectó los ríos Coca y Napo.
Este viernes, al son de un tambor en la puerta del Consejo de la Judicatura en Quito, un grupo de comuneros que llegó desde la provincia de Orellana gritaban consignas como «justicia que tarda no es justicia», «reparación ya» y «la naturaleza tiene derechos».
Los comuneros piden que las autoridades del Consejo de la Judicatura (órgano administrativo de la Función Judicial) adopten medidas para evitar más dilaciones por parte de la Corte de Orellana, y que se emita la sentencia definitiva.
La dirigente de las comunas pertenecientes al cantón Aguarico, en Orellana, Marlene Illanes, sostuvo que la situación de las comunidades afectadas por el derrame de crudo es grave, especialmente para la salud de las personas dado que por la falta de alternativas se sigue consumiendo el agua contaminada de los ríos.
Las comunidades utilizan esa agua para alimentación, labores de limpieza y aseo personal.
A lo anterior se suman los riesgos que enfrentan los pobladores por la pandemia del covid-19.
«Imaginen ustedes lo que es vivir sin agua segura en medio de una pandemia», destacó Illanes.
SIN MEDIDAS DE CONTENCION
La abogada de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Miriam Idrovo, aseguró que no hubo medidas de contención adecuadas después del derrame.
Tampoco fue apropiada la ayuda de las empresas y de las autoridades, porque los kits de alimentación y agua que les entregaron fueron insuficientes.
Sin embargo, el gerente de Asuntos Corporativos de OCP Ecuador, Francisco Montalvo, dijo que se ha entregado a las comunidades más de 1,7 millones de litros de agua, 25.000 kits alimenticios enfocados en cubrir las necesidades básicas de una familia, y que 5.000 personas fueron atendidas por brigadas médicas en 108 comunidades.
«El esfuerzo conjunto con EP Petroecuador nos ha permitido cumplir con la remediación ambiental y con la compensación social» aseguró.
A raíz del siniestro, las comunidades respaldadas por organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas y de derechos humanos interpusieron una acción de protección contra los Ministerios de Energía y Ambiente, incluidas la empresa estatal Petroecuador y la privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Según los demandantes, alrededor de 15.800 barriles de crudo se habrían derramado por la rotura de las tuberías el 7 de abril.
Alegan también que se vieron afectadas 27.000 personas de 105 comunidades indígenas asentadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos (este). (Sputnik)
