Proyecto de ley también incluye al tráfico de especies de flora, especies acuáticas
El tráfico de fauna silvestre es uno de los principales problemas que enfrenta nuestra biodiversidad, a nivel de Costa, Andes y Amazonía. Al año, miles de animales son vendidos para mascotas y, en esa cadena, mueren diversas especies. Para tener un pequeño mono en casa, por ejemplo, antes se tuvo que matar a la madre.
Según WCS, en el Perú, entre los años 2010 y 2018, más de 50 mil animales vivos fueron decomisados del tráfico de animales. De las 319 especies intervenidas -entre ellas algunas en peligro de extinción- los loros, tortugas y primates eran los más comunes.
Pero este tráfico no solo tiene como fin convertir en mascotas a los animales silvestres, sino también en alimento, objetos de recuerdo (souvenirs) y hasta en productos usados para prácticas relacionadas a la curandería. Aves asfixiadas, boas disecadas, charangos hechos con el caparazón de armadillos, son solo algunas de las imágenes más recurrentes que muestra la prensa.
Por estas razones, diversas organizaciones, entre ellas la SPDA, propusieron considerar al tráfico de fauna silvestre como crimen organizado, por el modo e que operan. Incluso el mismo Ministerio de Agricultura (Minagri), Jorge Montenegro, hizo el mismo pedido en octubre pasado, durante Primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, realizada en Lima.
Conociendo estos antecedentes, el congresista Alberto de Belaúnde (Partido Morado) presentó al Legislativo el Proyecto de Ley 6051-2020, que plantea incorporar a la categoría de crimen organizado a cuatro delitos ambientales: tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre; tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre; extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas; depredación de flora y fauna silvestre.
Según el legislador, esta recategorización otorgará mayores herramientas en la investigación y persecución del comercio de fauna silvestre, así como la aplicación del levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, o la interceptación de comunicaciones, entre otros. Asimismo, facultará la inhabilitación de funcionarios públicos implicados en las organizaciones criminales que los cometen.
“Las bandas que operan en el tráfico de vida silvestre tienen redes similares y el mismo modus operandi que las de otros delitos de crimen organizado. Pero las autoridades que las enfrentan, lo hacen con las herramientas de delitos comunes. Hay que recategorizar este delito como lo que es, para enfrentarlo con la contundencia necesaria”, afirmó De Belaúnde.
El proyecto de ley fue elaborado con el apoyo WCS y Oceana, dos organizaciones reconocidas por la defensa de nuestra biodiversidad.
DATO:
Existe una petición virtual para exigir al Congreso atender este problema. Hasta el momento ya lo han firmado más de 3 mil personas. Puedes firmar aquí: https://bit.ly/2F8Cgbt
Con información de www.actualidadambiental.pe
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