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Alan Fairlie Reinoso
Los Decretos Supremos N.° 016-2020-EM y N.° 017-2020-EM, publicados hace unos días por el Poder Ejecutivo en plena situación de emergencia nacional, permiten la entrega de nuestro mar a la empresa extranjera Tullow Oil para explorar y explotar hidrocaburos, lo que generaría pasivos ambientales y perjuicio a la población. Este conflicto social viene desde el año 2018, donde las poblaciones del norte del país ya se pronunciaron en contra y lograron la derogatoria sobre las normas del lobby petrolero.
Es fundamental garantizar el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos, ya que de estos depende nuestra seguridad alimentaria. No se puede permitir que capitales extranjeros hagan un uso inadecuado de nuestros recursos, y atenten con nuestro ecosistema marino costero. Se debe establecer la zonificación de áreas marinas y la implementación de planes de ordenamiento marino costero, mediante consulta previa. Para lo cual se debe convocar a las diversas asociaciones de pescadores artesanales, federaciones de pesca industrial y artesanal, así como a las comunidades locales, y no afectar a pequeños y medianos productores y actividades de la población.
El gobierno debe escuchar y respaldar a las regiones, a los gremios de pescadores artesanales, sindicatos de pescadores, frentes de defensa, asociaciones y organizaciones de los pueblos del norte, que hoy están levantado su voz de protesta porque estos decretos amenazan a la biodiversidad, y vulneran la sostenibilidad ambiental, así como el Acuerdo de Paris, el Acuerdo de Escazú y la Ley Marco de Cambio Climático.
En esa línea, hemos presentado instrumentos normativos al Parlamento Andino. Es el caso del el Marco Normativo que promueve la “Economía Azul en la región Andina”, el cual se sustenta en la protección de la biodiversidad de dichas zonas y áreas naturales, así como la seguridad alimentaria de los países Andinos y el empoderamiento de las pequeñas y micro y medianas empresas locales.
