Destruyo aquí y destruyo allá: las compensaciones por pérdida de biodiversidad como explotación doble

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Esta vez el boletín del WRM está enfocado en una de las estrategias clave que vienen utilizando las industrias (principalmente extractivas) para lograr expandirse bajo el marco de la llamada “economía verde”: las compensaciones por pérdida de biodiversidad. Consideramos importante alertar sobre el fuerte empuje corporativo que intenta lograr que los gobiernos flexibilicen sus leyes sobre medio ambiente y así acepten ciertas actividades industriales en áreas antes consideradas inviables. El único requisito es que se “compense” la pérdida por la biodiversidad que será destruida al implementar la actividad industrial. Estos proyectos de compensación ocasionan una doble destrucción, explotación y dominación: por un lado, los territorios afectados por las actividades industriales y, por el otro, los territorios que son blanco de los proyectos de compensación. Estos últimos generalmente conllevan una severa destrucción social y cultural.

 

Para entender la lógica en la que se basan las “compensaciones”, ya sean de biodiversidad, carbono, agua u otras similares, es importante tener siempre en cuenta lo siguiente: el objetivo principal de los mecanismos de compensación es el de permitir que el modelo económico dominante, dependiente de combustibles fósiles, continúe por más tiempo y se expanda. Su adopción fue necesaria para aparentar que frente a las actuales crisis socio ambientales, tanto los gobiernos como las empresas responsables de las crisis actuales están realizando acciones hacia un modelo más “verde”. Sin embargo, esta cortina de humo llena de discursos engañosos y compromisos vacíos en realidad profundiza cada vez más dichas crisis.

El considerar este punto de partida nos permite comprender el por qué los mecanismos de compensación no pretenden detener los motores que vienen ocasionando la devastación de territorios y bosques. Por el contrario, éstos permiten ampliar las actividades destructivas a áreas que hasta hace poco tiempo era inimaginable que fueran a ser entregadas para la explotación. Es así que las industrias mineras, petroleras, de infraestructura, de plantaciones de monocultivo, de mega-hidroeléctricas, entre tantas otras, junto con los miles de kilómetros de caminos de acceso, campamentos de trabajadores, pozos de drenaje y demás impactos que la gran mayoría de estas industrias acarrean, siguen expandiendo sus operaciones y beneficios. No olvidemos que el modelo económico dominante y estructuralmente racista y patriarcal, vierte casi la totalidad de su destrucción, ocupación y violencia sobre las poblaciones indígenas y campesinas, con el objetivo de seguir explotando, produciendo y por tanto, acumulando ganancias.

Las compensaciones además facilitan que dichas industrias, junto a sus aliados (ya sean gobiernos, ONGs de la conservación u otros), tengan acceso a cada vez más tierras. Al final de cuentas, la compensación viene a ser una luz verde para que la actividad destructora prosiga dentro de los marcos de la ley – no obstante se vaya a destruir un área que antes no hubiese podido ser destruida, al menos de manera legal y/o legítima. La única condición es que la biodiversidad destruida en el lugar de las operaciones sea recreada o reemplazada en otro lugar. Para lograr esto, el argumento de base es que la destrucción en un lugar debe ser “equivalente” a la supuesta protección o (re)creación de otro. Sin embargo, esta “equivalencia” en realidad esconde importantes contradicciones y cuestiones de poder, derechos territoriales, inequidades, violencia e historial colonial.

Ya que el objetivo no es detener la destrucción sino más bien “compensarla”, los proyectos de compensación están enfocados en su gran mayoría en las tierras de pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales dependientes de los bosques. En muchos casos se requiere que las comunidades de los bosques entreguen sus tierras -o el control sobre sus tierras- al servicio de los proyectos de compensación. El mecanismo de las compensaciones entonces ocasiona una doble destrucción, explotación y dominación: por un lado, los territorios afectados por las actividades industriales extractivistas/capitalistas y, por el otro, los territorios que son blanco de los proyectos de compensación. Estos últimos generalmente no conllevan una destrucción ambiental, ya que supuestamente deben proteger un área para que sea conservada, pero la experiencia nos enseña que sí conllevan, en su gran mayoría, una severa destrucción social y cultural.

Las “áreas de compensación” tienen que estar bajo algún tipo de amenaza, al menos en el papel – ya que si no fuera así, para qué se necesitaría de un proyecto para protegerlas. Por ello, casi la totalidad de estos proyectos identifican a las comunidades tradicionales como las principales amenazas a su conservación. Se imponen numerosas restricciones al acceso, control y derechos de uso comunitario de los bosques que son convertidos en proyectos de compensación. Sus defensores argumentan que la “conservación” solo puede ser “exitosa” cuando se hace desde la práctica occidental dominante, que tiene sus raíces en la colonización. Es decir, en la creación de parques cercados o “naturaleza sin gente”. La usurpación de los derechos de uso y control territorial – y por ende de tradiciones, culturas y medios de subsistencia – de las comunidades dependientes de los bosques es fundamentalmente racista y violenta. (Ver más sobre Racismo Ambiental en el Boletín 223 de abril 2016).

Y entonces, ¿cómo funciona en la práctica la llamada compensación por pérdida de biodiversidad?

Ante todo, las compensaciones por la pérdida de biodiversidad deben poder medir y cuantificar “la biodiversidad”. Se debe establecer y categorizar los elementos que serán destruidos para luego ser recreados en otro lugar o asegurarse que la protección de otro lugar tenga un balance “equivalente” de estos elementos. Claro que al reducir la destrucción de un territorio en un lugar específico, con una historia y muchas historias específicas, en un tiempo específico, a meras categorías y mediciones, silencia la coexistencia de pueblos, culturas, tradiciones, interconexiones, entre muchos otros aspectos de los bosques y territorios. Lo importante, bajo esta lógica, es aquello que es posible de medir y por tanto de intercambiar o reemplazar.

Los criterios de inversión de los bancos multilaterales – tales como los bancos de desarrollo regionales o el Banco Mundial – tienen como objetivo influir en la legislación ambiental de los países. Asimismo, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo privado del Banco Mundial, cambió su Norma de Desempeño número 6 en 2012. Toda empresa que quiera acceder a un préstamo de la CFI y que con sus actividades vaya a destruir lo que la CFI considera “hábitat crítico”, debe presentar un plan que establezca que la biodiversidad destruida será compensada en otra parte. En consecuencia, siguiendo las “reglas” establecidas por el poder corporativo concentrado en las instituciones financieras, cada vez son más los gobiernos, principalmente del sur Global, que flexibilizan sus leyes sobre medio ambiente para aceptar la viabilidad de ciertas operaciones antes consideradas inviables, siempre y cuando compensen la pérdida por la biodiversidad que será destruida al implementar el proyecto.

Muchos de los proyectos de compensación por la pérdida de biodiversidad son presentados como “proyectos de conservación”, lo que ha resultado en escaza información y de difícil acceso. En estos casos, las restricciones de uso de los bosques que se les impone a las comunidades son también enmarcadas con argumentos de conservación. Esto es muy problemático. En la práctica, se esconde el hecho de que al impedir que una comunidad haga agricultura de supervivencia o practique la caza o la pesca, en realidad se le está permitiendo a una corporación que extraiga petróleo o que se construya una mega-represa en áreas muchas veces incluso protegidas por su diversidad biológica. Una vez más, el modelo económico dominante, reforzado por el sistema de compensaciones, muestra sus atributos dominantes y racistas.

Peor aún, en ciertos casos, las empresas afirman que incluso “crean” “más biodiversidad”, por ejemplo, cuando además del proyecto de compensación, implementan actividades complementarias, como el plantío de árboles para “enriquecer la biodiversidad” del área. A esto le llaman tener un “impacto positivo neto”. El resultado es que una empresa minera –extremadamente destructiva – termina publicitando que sus actividades no solo no tienen impactos sino que además son positivas para con el medio ambiente. Las comunidades, por otro lado, son compelidas a cambiar sus prácticas, algunos miembros podrían convertirse en guardaparques –reportando si sus familiares y vecinos están siguiendo o no las reglas impuestas por el proyecto de compensación- o dejar sus territorios por volverse inviables para mantener sus medios de subsistencia.

En otras palabras, el mecanismo de las compensaciones por pérdida de la biodiversidad es una estrategia para que las industrias destructoras de territorios puedan expandirse aún más y sin violar las legislaciones. La vida diversa que se destruye jamás podrá ser recreada o reemplazada. Cada espacio, cada tiempo, cada interconexión es única. Mecanismos de compensación como estos, que pretenden convertirse en políticas nacionales y regionales, tratados internacionales y al final de cuentas en el “status quo”, imponen una mirada del mundo basada en la dominación de la vida del otro. Es además evidente que esta imposición no es fortuita sino más bien violentamente racista.

En consecuencia, es fundamental solidarizarse activamente con las luchas por la defensa de los territorios y, al mismo tiempo, desenmascarar estos mecanismos para eventualmente romper con los paradigmas de dominación y abrir el espacio para no solamente respetar sino también aprender de los muchos otros mundos existentes.

Disfruten de la lectura!

 

Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad: Expandiendo la Extracción Industrial y el Acaparamiento de Territorios

 

Brasil, minería y biodiversidad

De degradadores a prestadores de servicios ambientales: cuando las fronteras entre destruir y conservar son retóricas

El golpe parlamentario que llevó al poder al gobierno ilegítimo de Michel Temer no fue lo que inauguró uno de los objetivos centrales de la actual política minera brasileña: ampliar la producción mineral y su participación en el PBI nacional. Ese objetivo, anunciado recientemente por el gobierno de Temer, ya estaba presente en la exposición de mociones de 2013 realizada por la presidenta Dilma Rousseff, cuando enviaba al Legislativo la propuesta de un nuevo Código Minero para el país. La diferencia crucial entre los dos gobiernos tal vez esté en el papel atribuido al Estado en ese proceso, de mayor coordinación y planificación. Pretensiones que durante el debate sobre el nuevo Código fueron bloqueadas por el Congreso. La bancada de diputados financiados por grandes compañías mineras (1) cuidó de retirar de la nueva ley todas las propuestas que garantizaban alguna gobernanza pública sobre la política mineral y de incluir artículos que ampliasen aún más las posibilidades de acceso del mercado a los recursos minerales (2).

En el Congreso, las enmiendas parlamentarias restringieron las condiciones que el gobierno proponía para otorgar títulos y simplificaron los regímenes de concesión, disminuyendo la capacidad del Estado para definir qué minerales y áreas deben ser explotados con prioridad. También se incluyeron artículos que ampliaban las garantías de acceso a la tierra y al agua a las mineras, otorgándoles derecho de uso sobre el agua que sea necesaria para las operaciones de la concesión. Asimismo, se le atribuyó a la Agencia Nacional de Minería (que debería ser creada por la nueva ley) la prerrogativa de expropiar inmuebles en beneficio de las actividades de minería. A través del nuevo Código se buscaba neutralizar los efectos de leyes y normativas que, al garantizar derechos, crean restricciones a la actividad de la minería. Entre las enmiendas propuestas estaban la explotación minera en áreas de conservación, donde actualmente la actividad está prohibida, e incluir la necesidad de aprobación de la Agencia Nacional de Minería para la creación de áreas destinadas a la tutela de intereses (tales como unidades de conservación, tierras indígenas y territorios quilombolas – comunidades formadas a partir de esclavos que lograron escapar al cautiverio).

Con Temer, el foco de la disputa en torno al Código pierde centralidad, pues el propio gobierno se encargó, a través de medidas provisionales y ordenanzas, de acelerar la implementación de las propuestas presentadas por los parlamentarios.

El momento de retracción en el precio de las commodities minerales, todavía experimentado, ofrece un escenario favorable para que estas medidas sean implementadas como condición para sustentar un sector que genera saldos comerciales para el país y mantiene la estabilidad de una política económica altamente dependiente de recursos externos. Sin embargo, si consideramos los ciclos de retracción y expansión de precios en el mercado de commodities, el mayor legado de la política minera del gobierno de Temer será el de cimentar las bases para maximizar el lucro de las empresas mineras que actúan en el país en el próximo boom de precios.

Rematando fronteras, reservas y tierras de poblaciones tradicionales al gran capital

A través de una medida cautelar, el gobierno de Temer pretende, con un solo movimiento, crear la Agencia Nacional de Minería y abrir las áreas de frontera de Brasil para la explotación de proyectos mineros. Esto retira la prerrogativa del Consejo de Defensa Nacional de decidir sobre las actividades a realizarse en esas áreas y permitiendo que en ellas actúen empresas con capitales mayoritariamente extranjeros, lo que actualmente es prohibido.

Para restaurar “la confianza de los inversores y restablecer la seguridad jurídica” (que habría sido producida por el debate sobre el nuevo Código Minero) el Ministerio de Minas y Energía (MME) se ha comprometido públicamente a simplificar procedimientos de concesión para reducir el plazo de inicio de la operación de los proyectos de minería y a rematar más de 300 áreas ya investigadas por la Compañía de Investigación de Recursos Minerales (estatal vinculada al MME) y, en gran medida, con yacimientos comprobados (3). También pretende definir, por medida provisional, cambios en las tasas de cálculo y en la distribución de los royalties de la minería que se estaban debatiendo dentro del nuevo Código (4). Como el objetivo es atraer inversores, se supone que se mantendrá la carga tributaria altamente benéfica al sector que, además de gozar de innumerables beneficios tributarios, cuenta con una de las más bajas tasas de pago de royalties del mundo y con una fórmula de cálculo bastante atrayente que, a diferencia de la mayoría de los países, utiliza la facturación líquida en vez de la bruta (5).

Otra medida que va en dirección a ampliar la minería en el país es la ordenanza N° 126 del MME, que inició la extinción de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados, creada a inicios de los años 80 con la intención de que las reservas minerales allí existentes –y ricas sobre todo en oro– fuesen explotadas en régimen especial, bajo control de la Compañía de Investigación de Recursos Minerales. El área, situada en los estados de Pará y Amapá, abarca 46 mil metros cuadrados y se mantenía cerrada a las mineras. Con la extinción de la Reserva, el gobierno pretende dejar el área a la iniciativa privada, atendiendo a una demanda antigua de las empresas de minería, que la consideran tan importante como la provincia minera de Carajás en términos de volumen de reservas minerales. La mala noticia para el sector minero es que actualmente un 69 por ciento del área que abarca la reserva se encuentra sobrepuesta a tierras indígenas y unidades de conservación, donde la actividad minera no es permitida.

Las declaraciones, en abril, del entonces presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), de que las tierras indígenas deben ser abiertas a la actividad minera y la edición de medidas provisionales (MP 756 y 759) que proponen reducir miles de hectáreas de áreas protegidas en la Amazonia, donde existen fuertes intereses mineros y agropecuarios, apunta hacia la convergencia entre el gobierno y los representantes de los sectores que tienen hegemonía en el Congreso. Proyectos de Ley que atacan el sistema nacional de unidades de conservación, pretenden cambiar las reglas de las licencias ambientales (PL 3729/2004 y 654/2015) o incluso extinguirlo (PEC 65/2012) y que pretenden abrir tierras indígenas y territorios de poblaciones tradicionales a la minería y otras actividades económicas de gran impacto socioambiental (PL 1610/1996 y PEC 215/2000) ganan fuerza en la coyuntura actual, donde el gobierno intenta mostrar disposición para hacerlos avanzar.

La lógica perversa de una retórica conservacionista que busca crear equivalencia entre degradar y conservar

Hasta aquí ninguna novedad. Flexibilizar la protección constitucional al medio ambiente y restringir derechos territoriales no constituyen propiamente agendas nuevas para los sectores ligados a la minería y al agronegocio. La nueva estrategia se refiere a la elaboración de una retórica que pretende crear una equivalencia entre degradación y conservación. En el centro de la argumentación está la hipótesis de que sería posible establecer un equilibrio entre el impacto sobre la biodiversidad que genera un proyecto y los beneficios alcanzados a través de iniciativas voluntarias de compensación.

Esa transmutación se produce por un conjunto de estrategias que incluyen la desregulación de los mecanismos obligatorios de protección ambiental (tal como lo estamos viendo) y la creación de bases jurídicas, conceptuales y metodológicas que pretenden medir tanto las pérdidas de biodiversidad causadas por grandes proyectos de desarrollo, como las ganancias de conservación obtenidas a través de acciones de compensación de biodiversidad. En la práctica, estas son inversiones para la conservación de áreas donde habría un ecosistema similar al destruido. Supuestamente, eso posibilitaría que las empresas produjesen una “pérdida líquida cero” de biodiversidad e, incluso, una “ganancia líquida” que correspondería a la conservación de una “cantidad” de biodiversidad igual o mayor que aquella que fue destruida. Además de construir una imagen positiva para ciertos sectores (cuyas actividades tienen impactos reconocidamente negativos sobre la biodiversidad), el obtener “ganancias líquidas” y “mensurables” de biodiversidad posibilita crear “activos” ambientales que, transformados en commodities comparables en calidad y cantidad, se podrían comercializar.

A través de una operación política discursiva, los contaminadores se vuelven “prestadores de servicios ambientales” y nuevas mercaderías son creadas, posibilitando el surgimiento de nuevos mercados. Esas iniciativas también amplían el acceso a la tierra a empresas que, además del control territorial y espacial que ya tienen sobre las áreas en que desarrollan sus actividades, pasan a ejercer control también sobre el uso de las tierras destinadas a la compensación.

En Brasil, la acción de ese lobby ya produjo efectos. En 2014, la secretaria para la Biodiversidad y Florestas del Ministerio del Medio Ambiente participó en un encuentro donde fueron discutidos modelos de compensación aplicados a la minería. Este sector, por cierto, es el que más se ha adherido a esa iniciativa a nivel global (6). Ella defendió públicamente la importancia de desarrollar instrumentos que construyan el mercado de biodiversidad (7).

En 2010, fue creado el Movimiento Empresarial por la Biodiversidad – Brasil (MEBB), que busca influenciar en la elaboración de la estrategia brasileña para la biodiversidad y tiene como uno de sus objetivos centrales perfeccionar los marcos legales y reguladores sobre temas como valorización y acceso a la biodiversidad.

Hasta el 2017, la Hydro, que posee una mina de bauxita en Paragominas (estado de Pará), pretende obtener “ninguna ‘pérdida líquida’ de biodiversidad”. Para alcanzar esa meta, la empresa ha financiado acciones de “restauración de biodiversidad” y de monitoreo en la única extensión de bosque que queda en Paragominas. Son realizados registros sobre la variedad de las especies y sus comportamientos y se desarrollan investigaciones piloto sobre técnicas de restauración y metodologías de mensuración de resultados (8).

Camino semejante ha seguido ALCOA en Juruti Velho (oeste del estado de Pará), donde también extrae bauxita. Con el objetivo de “generar impacto líquido positivo” de biodiversidad, la empresa ha invertido voluntariamente en la manutención de tres parques ambientales, en Poços de Caldas (18 hectáreas), en São Luís (1.800 hectáreas) y en Tubarão (12 hectáreas). También ha desarrollado programas de rehabilitación de áreas mineras donde son definidos “índices” de biodiversidad, con el objetivo de establecer métricas de desempeño de los negocios sobre los ecosistemas, “uno de los principales desafíos de la gestión corporativa de la biodiversidad”, según el gerente de sustentabilidad de la compañía (9).

Aunque la propia legislación brasileña prevé la obligatoriedad de acciones compensatorias en términos de pérdidas de biodiversidad por actividades de alto impacto ambiental, el interés de las mineras en desarrollarlas ha llevado a que disputen territorios. En el estado de Minas Gerais, la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN) y la Ferrous Resources de Brasil disputan en el poder judicial un área que, pese a no tener mineral de hierro, es valiosa para el desarrollo de compensaciones ambientales de la actividad minera (10).

Por detrás de la retórica conservacionista de la compensación de biodiversidad está en juego la consolidación, a mediano plazo, de nuevos mercados referentes a la biodiversidad, que impondrán nuevas formas de regulación territorial conectadas a institucionalidades y actores multiescalares (operadores del mercado financiero, agencias de cooperación, consultores, etc.). Esta, sin embrago, también le otorga a las empresas, sobre las cuales pesan muchas denuncias de impactos socioambientales y violaciones de derechos, el poder de definir la naturaleza, de valorizarla y de protegerla bajo un paradigma utilitarista y colonial, que ignora y se impone sobre la multiplicidad de las formas de apropiación y producción de biodiversidad instituidas históricamente por la creatividad y lucha social de quienes ocupan las fronteras hacia donde miran las nuevas formas de acumulación de capital (campesinos, pueblos indígenas y demás poblaciones tradicionales).

Julianna Malerba, jumalerba [at] gmail.com
FASE, Brasil, https://fase.org.br/

(1) El estudio Quem é quem nas discussões do novo código da mineração, elaborado por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE), analizó las donaciones de campaña realizadas por las mayores mineras que actúan en el país (Vale, Votorantim, AngloGold, Usiminas, Kinross e MMX) y demostró la enorme influencia política de las empresas mineras junto a los parlamentarios que deciden sobre el tema: aquellos que más recibieron donaciones son justamente los que actúan en la Comisión de Minas y Energía, permanente en la Cámara y en la Comisión Especial de Minería, específica para discutir la reforma del Código.
(2) Para un análisis sobre la propuesta del nuevo marco regulador para la minería y las modificaciones realizadas por los diputados en el Congreso ver https://fase.org.br/pt/acervo/documentos/o-novo-codigo-mineral-menos-governanca-publica-sobre-o-aproveitamento-dos-recursos-minerais-e-mais-imprecisao-na-garantia-de-direitos-aos-afetados/ e
(3) Ver http://www.brasilmineral.com.br/noticias/governo-quer-restaurar-confian%C3%A7a-de-investidores e http://www.cnf.org.br/noticia/-/blogs/setor-mineral-espera-capital-estrangeiro-em-futuros-leiloes
(4) Ver http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mp-que-cria-agencia-da-mineracao-esta-pronta-para-ser-publicada,70001784332B 232 – Compensacao biodiversidade Brasil_PO.doc
(5) Ver nota técnica, recién publicada por el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), que analiza detenidamente los aspectos fiscales y tributarios (referentes, respectivamente, a la capacidad del Estado de acceder a la renta mineral y a los medios o instrumentos por los cuales esa renta mineral se recauda) de la gran minería en Brasil.
(6) En 2012, 38 empresas habían adherido a “compromisos del tipo pérdida líquida cero”, que consisten en el desarrollo de acciones de “compensación” para “pérdidas” de biodiversidad. Quince de ellas eran industrias del sector minero. Ver en Reglamentación ambiental en la Economía Verde, cambios para facilitar la destrucción. Boletín 222 del WRM
(7) Ver http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/compensacao-voluntaria-para-biodiversidade-tera-projeto-piloto-brasil-45300
(8) Ver http://www.otempo.com.br/capa/economia/mineradora-destr%C3%B3i-em-minas-e-compensa-no-nordeste-1.811277
(9) Ver http://www.hydro.com/pt-BR/a-hydro-no-brasil/Imprensa/Noticias/2014/Biodiversidade-na-floresta-tropical-do-Brasil/
(10) ABDALA, Fabio. Mineração e biodiversidade: uma associação viável e necessária para a sustentabilidade dos territórios com mineração. 3º. Anuário Mineral do Pará 2014. Simineral, Belém/PA, marzo de 2014.

 

La compensación de la biodiversidad y los corredores de biodiversidad en Asia: destrucción y protección de la naturaleza actuando a dúo

En este año 2017, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) celebra su 50 aniversario. Desde la fundación del Banco se invirtieron más de US 250.000 millones de dólares en la región. Gran parte de este dinero se ha destinado a proyectos de extracción a gran escala, así como en los “corredores económicos” regionales que integran infraestructura para facilitar los flujos de exportación de minerales y otras materias primas. Si bien en teoría no se permite otorgar préstamos para proyectos que causen una deforestación significativa, existe un número importante de proyectos financiados por el BAD que han dejado tras de sí un historial de destrucción ambiental y social: deforestación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de pueblos que dependen de los bosques y destrucción de sus medios de vida y sustento (1). Frente a todo esto, las comunidades han resistido la política de préstamos del Banco, organizado movilizaciones y luchas en todo el continente para defender sus territorios, bosques y medios de vida.

Después de 50 años, sin embargo, en lugar de un cambio fundamental, la respuesta del Banco ha sido aplicar políticas denominadas “de salvaguardia”, que le permiten continuar promoviendo proyectos destructivos mientras alega sostenibilidad. Este artículo se centra en las compensaciones por la pérdida de la biodiversidad y en los corredores de biodiversidad. El lobo se disfraza nuevamente de cordero para permitir que continúe la expansión de un modelo económico basado en la extracción a gran escala.

La política del BAD de compensación por pérdida de la biodiversidad: ¿“ganancia” en materia de biodiversidad?

En teoría, las salvaguardias del Banco deberían garantizar que no ocurra destrucción. La última versión del documento de política de salvaguardia del BAD data de 2009. Cabe mencionar dos aspectos muy llamativos.

El primero refiere al hecho de que el BAD no vincula sus prácticas de préstamos a proyectos destructivos, a los que el propio BAD reconoce como una situación de “deterioro de la calidad y cantidad de agua, pérdida de la biodiversidad, deforestación y desertificación, elevados niveles de contaminación e impactos negativos en la salud humana.” También reconoce que “estas amenazas tienden a afectar desproporcionadamente a los pobres”. Sin embargo, el BAD no asume responsabilidad alguna por esto. En el mejor de los casos pueden encontrarse algunas declaraciones que señalan a las políticas de salvaguardia como el “remedio”.

El segundo aspecto llamativo, que se deriva del primero, es que en lugar de la decisión lógica de suspender o al menos reducir drásticamente sus préstamos a proyectos destructivos, el BAD sugiere que si el resultado es una destrucción significativa del medio ambiente que no es posible evitar, minimizar o mitigar, el titular del proyecto puede utilizar el mecanismo de compensación por la pérdida de la biodiversidad con el fin de “lograr que no haya una pérdida neta de la biodiversidad afectada o que haya una ganancia neta”. El documento llega incluso a argumentar que también sería posible autorizar proyectos en “hábitats naturales”, “hábitats críticos” o “áreas legalmente protegidas” – donde no debería permitirse absolutamente ningún tipo de intervención destructiva -, si se aplican “medidas de mitigación” que aseguren que no habrá “pérdida neta de biodiversidad”. Tales medidas “pueden incluir una serie de acciones, como la restauración de hábitats con posterioridad al proyecto, la compensación de las pérdidas a través de la creación o la efectiva conservación de áreas ecológicamente comparables gestionadas para la conservación de la biodiversidad respetando que los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales puedan seguir utilizándola, y la compensación a los usuarios directos de la biodiversidad”. (2)

La política no sólo abre la puerta a que las áreas protegidas puedan ser explotadas sino también, y esto es aún más increíble, sugiere que continuar con proyectos destructivos puede resultar en una “ganancia para la biodiversidad afectada” si se conserva un “área ecológicamente comparable”, según el titular del proyecto, a la que se ve amenazada.

Ya que la compensación por la pérdida de la biodiversidad es una política del BAD de 2009, varios prestatarios del dinero del Banco han puesto en marcha proyectos de compensación por la pérdida de la biodiversidad. Este es el caso del Proyecto de Desarrollo de Energía Geotérmica Sarulla en Indonesia (3) y el proyecto Hidroeléctrico Nam Ngiep 1 en Laos (4). De hecho, los proyectos de compensación permitirán que la planta de energía geotérmica y la represa hidroeléctrica, aún cuando tienen claros impactos sociales y ambientales, se atribuyan ser sostenibles ya que la destrucción inevitable que causarán es compensada en otro lugar. Pero, en general, luego de una búsqueda en el sitio web del BAD, todavía aparecen pocos proyectos de compensación de la biodiversidad. Una manera de explicar esto es que las compensaciones de la biodiversidad se consideran como un “último recurso”, lo cual significa, según el BAD, que a menudo alcanzaría con las medidas para “reducir” o “mitigar”. Al mismo tiempo, el BAD ha puesto mucho énfasis en los corredores de conservación de la biodiversidad, por lo menos para la Región del Gran Mekong. Esto no es más que otra táctica del BAD para tratar de hacer frente a la crítica de que no sólo promueve activamente la destrucción ambiental sino que allana el camino para la aplicación de más medidas “compensatorias” que justifiquen seguir con la destrucción.

Corredores de conservación de la biodiversidad: otro corredor económico

La “iniciativa corredores de conservación de la biodiversidad” es un plan apoyado por el BAD, los gobiernos de la Región del Gran Mekong – China, Laos, Myanmar, Camboya, Tailandia y Vietnam – y grandes ONG conservacionistas como WWF, BirdLife International, UICN, Wildlife Conservation Society y Conservación Internacional. El plan también ha recibido el apoyo de algunos gobiernos del Norte. Los objetivos manifiestos son mejorar la conectividad de los hábitats combatiendo la fragmentación de los bosques resultante de las diversas causas de la deforestación. Al mismo tiempo, la iniciativa tiene como objetivo reducir la pobreza de las comunidades. (5)

El enfoque de los corredores de conservación de la biodiversidad ha sido identificar los paisajes/cuencas de conservación de la biodiversidad más importantes de la región. Para el año 2005 ya se habían identificado 9. El papel de esta iniciativa ha sido el de conectar estas así llamadas zonas centrales de conservación, como una manera de combatir el actual proceso de fragmentación de los bosques y la biodiversidad y conservar los “servicios ecosistémicos” (tales como los ciclos del agua o de carbono). En la primera fase del proyecto (2006-2011) se establecieron ocho sitios experimentales de corredores de conservación de la biodiversidad, totalizando más de 1,2 millones de hectáreas. Según el documento del proyecto se han logrado muchas cosas, como la creación de “fondos de desarrollo” o el establecimiento de “servicios ecosistémicos del bosque por hectárea”, “prácticas de conservación” de las comunidades y las “oportunidades en materia de medios de vida y sustento para reducir la dependencia de los recursos del bosque”.

Sin embargo, lo que la iniciativa hace en realidad es preparar el terreno para la aplicación de REDD+, que es uno de los objetivos explícitos de la nueva fase del proyecto de corredores de conservación de la biodiversidad en Laos, por ejemplo. (6) Esto significa que el uso y el acceso a los bosques por parte de las comunidades locales que los han conservado tienden a quedar restringidos con este plan, ya que los servicios ecosistémicos necesitan ser “preservados”, amenazando así las prácticas socio-culturales que los pueblos que dependen de los bosques. En octubre de 2016, el BAD aprobó US 12,8 millones de dólares para el proyecto de corredores de conservación de la biodiversidad en Laos, una donación del fondo estratégico para el clima, del BAD, y del Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP, por su sigla en inglés), este último también destinado a preparar para REDD+. De acuerdo con un artículo de un periódico de Laos sobre la aprobación de esta subvención: “En la zona del proyecto, las provincias Attapeu y Xekong destacan como sitios de rápida deforestación y degradación de los bosques, principalmente debido a la agricultura itinerante de las comunidades locales (..)”. (7)

La iniciativa reconoce que el crecimiento económico de la región ha causado graves amenazas a la conservación de la biodiversidad, además de haber sido una causa evidente de deforestación a gran escala debido, por ejemplo, a la expansión de las redes de carreteras que mejoran la “integración” regional, o a los numerosos proyectos de represas a gran escala, ambas actividades financiadas por el BAD a lo largo de los años. Pero en lugar de suspender las inversiones en este tipo de actividades, la iniciativa corredores de conservación de la biodiversidad afirma que “Estos planes de inversión deben ser incluidos dentro de un enfoque de gestión de los ecosistemas”. El Plan continúa argumentando que de lo contrario se pondrán en riesgo “la naturaleza y magnitud de los flujos de servicios ambientales, en especial los beneficios de la conservación de la biodiversidad y del secuestro de carbono para las comunidades locales, socavando el desempeño y la sostenibilidad de las inversiones”. En otras palabras, los proyectos destructivos pueden continuar siempre y cuando se ponga en marcha algún tipo de medidas de conservación “compensatorias” para las zonas más conservadas que restan, con énfasis en la protección de los “servicios ecosistémicos”. Esto a su vez beneficiaría a las comunidades y los inversores.

En cuanto a las cifras de los servicios ecosistémicos identificados en los planes de la iniciativa, el carbono resulta ser el “servicio” más importante en términos de su valor financiero. La experiencia con los créditos de carbono forestal -también conocidos como proyectos REDD – ha sido que este mecanismo sirve a los intereses de la industria contaminante, en primer lugar como una manera de seguir contaminando. Además, un grupo de ONG conservacionistas está muy a favor de esto y trabaja en conjunto con las empresas contaminantes. Por último, consultores, empresas y certificadores de carbono, así como gobiernos, están interesados ​​también en el dinero que se puede obtener de este mercado y este negocio. Las comunidades que viven dentro de estos corredores reciben escasos beneficios o ninguno; más bien lo que reciben son restricciones y prohibiciones a seguir haciendo uso de su bosque, como si ellas fueran la principal amenaza para los bosques. (8)

No es de extrañar, y al mismo tiempo resulta muy preocupante, que cuando esta iniciativa comienza a señalar las causas de la deforestación culpe en primer lugar a las personas que viven en las zonas a ser conservadas y a sus prácticas de cultivo itinerante, antes de mencionar otras, tales como las concesiones para la silvicultura y extracción maderera. El crecimiento demográfico en las comunidades, en especial por la afluencia de inmigrantes, se menciona también como un factor que podría poner más presión sobre los bosques. No obstante, no se pregunta en primer lugar por qué y de dónde emigran estas personas.

Otra cosa que llama la atención en este enfoque es que la documentación del proyecto de corredores de conservación de la biodiversidad curiosamente hace un paralelo entre los corredores económicos y ecológicos. Se argumenta que en ambos casos es crucial que exista un movimiento “sin obstáculos”, ya sea de bienes o de especies naturales. Además, se sigue argumentando, si no existieran ambos tipos de corredores, “es probable que el programa de desarrollo de la Subregión del Gran Mekong se vea amenazado”. De hecho, esta observación reveladora tiene sentido porque, en su opinión, para que el crecimiento económico pueda continuar dentro de un marco de «economía verde”, es necesario que haya prácticas de conservación “compensatorias”, como corredores de biodiversidad basados ​​en servicios ecosistémicos, REDD+ y compensaciones de la biodiversidad. El “precio” real, entonces, lo pagan en especial las comunidades que dependen de los bosques, ya que en su mayoría son sus territorios el objetivo para la aplicación de los proyectos de compensación. Otro signo de hasta qué punto el corredor biológico se basa en el factor económico se hace patente en el lenguaje adoptado en la documentación del proyecto cuando, por ejemplo, da a las comunidades indígenas locales el título de “administradores de recursos”.

El papel estratégico así como la relación entre los corredores económicos y los de biodiversidad para los gobiernos de la región y su cooperación con el BAD se hace aún más evidente en la publicación de 2016 del BAD denominada “ASEAN-ADB Cooperation Toward the Asean Community”, que presenta una visión a futuro para el año 2025. Entre las seis prioridades marcadas para hacer realidad esta visión, una dice que “a través de la sostenibilidad ambiental podemos ayudar a mitigar los efectos negativos de la integración mediante la gestión de los ecosistemas críticos y los corredores de biodiversidad”. El significado de “integración” se explica en la mayor parte de las otras seis prioridades: “La primera prioridad es la conectividad física. La conexión de los mercados y el impulso del crecimiento futuro mejorando partes de la Red de Carreteras de la ASEAN (..)” y “una mayor seguridad energética a través de la interconexión eléctrica transfronteriza y el comercio “(9).

Es urgente comprender mejor los impactos que tienen los proyectos de corredores de biodiversidad y de compensación por la pérdida de la biodiversidad en las comunidades que dependen de los bosques en Asia, tanto los proyectos que se promueven con el apoyo del BAD así como otros promovidos por otras instituciones financieras, ONG conservacionistas y empresas privadas. Por otra parte, es imprescindible entender que estas medidas son sólo otro disfraz para permitir que las industrias extractivas y los proyectos de infraestructura puedan continuar e incrementarse. La lógica subyacente de estos planes muestra los intereses y los beneficiarios reales del Banco Asiático de Desarrollo y de otros promotores de proyectos. Por otra parte, las comunidades que dependen de los bosques son el verdadero rostro y práctica de la conservación, radicalmente opuesta a un sistema económico destructivo.

Quienes tengan más información de lo que sucede en los lugares donde se están promoviendo este tipo de proyectos y/o quieran denunciar los impactos negativos de estos proyectos, les agradecemos se pongan en contacto con el Secretariado Internacional del WRM.

Winnie Overbeek, winnie [at] wrm.org.uy
Miembro de la Secretaría Internacional del WRM

(1) https://focusweb.org/page/adb50/
(2) ADB “Safeguard policy statement”, 2009.
(3) Sarulla Geothermal Power Development Project, biodiversity offset-management plan, 2015.
(4) Nam Ngiep 1 Hydropower Project in Lao PDR, 2014, Biodiversity offset design plan.
(5) http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/40/attachment/Biodiversity%20Conservation%20Corridors%20Initiative%202006-2011.pdf
(6) http://www.gitec-consult.eu/index.php/en/projects?view=project&id=50
(7) https://laotiantimes.com/2016/10/19/adb-supports-sustainable-biodiversity-management/
(8) http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/
(9) http://www.thejakartapost.com/academia/2016/07/13/supporting-aseans-2025-vision.html

 

Gabón: planes para comercializar carbono, biodiversidad, ecosistemas y “capital” comunitario

En 2014, el gobierno de Gabón aprobó una nueva Ley de ‘Desarrollo Sostenible’, la cual establece que las compañías pueden compensar la destrucción que provocan en bosques o territorios tradicionales comprando ‘créditos de compensación’. Estos se dividen en cuatro tipos de créditos diferentes: créditos de carbono, créditos de biodiversidad, créditos de ecosistema y capital comunitario. Este último es definido como “la suma de los bienes naturales y culturales pertenecientes a una comunidad”.

Se considera que el sistema de comercialización permite que los diferentes tipos de crédito sean totalmente intercambiables entre sí, con lo cual también sería posible intercambiar el ‘capital comunitario’ con otros componentes, como carbono o biodiversidad. Sin embargo, el texto de la Ley no es claro y da lugar a diversas interpretaciones.

En esta ocasión, con el fin de comprender las implicaciones de esa Ley y la situación en la que se encuentra actualmente, entrevistamos a Protet J. Essono Ondo, coordinador de la plataforma gabonesa “Gabon Ma Terre Mon Droit”, y el anterior coordinador de programas de la ONG gabonesa Brainforest.

¿Por qué una ley de este tipo es tan perjudicial para el progreso de la justicia ambiental y social?

En su declaración de posición del 24 de enero de 2015, la plataforma Gabon Ma Terre Mon Droit (GMTMD) ya señalaba el carácter nocivo que esa ley podía tener en el avance hacia la justicia social y ambiental, e indicaba una serie de repercusiones que podría tener sobre las comunidades y el medio ambiente.

Es una ley muy preocupante, pues la falta de definición de las diversas implicaciones del texto sugiere la creación de un sistema que autorizaría el intercambio de derechos de las comunidades por otros elementos de ‘desarrollo sostenible’.

Una de las preocupaciones inmediatas se refiere a la propiedad del ‘capital comunitario’, un concepto que figura en la ley pero que es de por sí muy confuso, pues en ningún lado se especifica a quién le pertenece ese capital. La ley define el ‘capital comunitario’ como el “conjunto de activos naturales y culturales pertenecientes a una comunidad” [énfasis hecho por el autor], y el ‘patrimonio comunitario’ como el “conjunto de bienes y valores naturales y culturales que constituyen el capital de una comunidad” [énfasis hecho por el autor]. Estas dos definiciones sugieren que el ‘capital comunitario’ pertenece a una comunidad – como se podría pretender en cualquier reconocimiento de derechos de las comunidades – y que, por lo tanto, no está determinado a nivel nacional como el conjunto de todos los bienes de las comunidades del país. Sin embargo, el hecho de hacerlo figurar como un tipo de ‘crédito de desarrollo sostenible’ y como parte del patrimonio de desarrollo sostenible de Gabón, tal como está contabilizado en el registro nacional, sugiere que ese capital comunitario puede ser calculado a nivel nacional en lugar de a nivel comunitario. Por lo tanto, dicho capital comunitario sería administrado por el Estado, y no por las propias comunidades. Esto ya sería una primera forma de despojo de las comunidades.

Otro aspecto preocupante es que al considerar al patrimonio comunitario bajo la lógica de la Ley de desarrollo sostenible, lo cual sugiere que este sería generado por actividades realizadas en el marco de una “concesión de desarrollo sostenible”, ¿podría este patrimonio también ser reclamado por el concesionario? Esto iría en detrimento de las comunidades, y habría conflictos potenciales en perspectiva. Ese aspecto aún más preocupante al ver que los “organismos de gestión” previstos por la Ley para medir y supervisar el comercio de créditos de desarrollo sostenible no incluyen, en el texto de la Ley, ningún tipo de representación o de proceso de consulta con las comunidades.

Aun más inquietante es que el “estudio de impacto de desarrollo sostenible” – por medio del cual serían calculados los ‘créditos’ de desarrollo sostenible de cada proyecto – no incluye ningún criterio relacionado con los derechos de las comunidades. El único criterio que podría tener algún impacto sobre los miembros de las comunidades se refiere a la creación de empleos. Por consiguiente, si el ‘capital comunitario’ es intercambiado por otros créditos registrados en el registro nacional de desarrollo sostenible, esto implica que las decisiones sobre el ‘valor’ de los derechos, de las tierras y de los recursos de una comunidad serán tomadas a puertas cerradas por el gobierno. Y además se emplearía una metodología de cálculo que ni siquiera incluye los activos de las comunidades. Esto es claramente contrario a la noción misma de derechos.

Igualmente inquietante es la aparente propuesta de hacer que los créditos de desarrollo sostenible, incluso los créditos comunitarios, sean negociables en todo el territorio. En efecto, así lo sugiere la creación de un registro nacional del desarrollo sostenible. Esto significaría, por ejemplo, que una empresa podría tomar posesión y degradar con sus actividades de explotación las tierras tradicionales de una comunidad, y ‘compensarlas’ comprando o produciendo créditos por medio de la construcción de una escuela para otra comunidad ubicada a 300 kilómetros de distancia. Esto parece posible siempre y cuando la Ley no especifique si esos tipos de créditos son intercambiables, tanto cualitativa como geográficamente. En lo que respecta a la intercambiabilidad geográfica, tampoco está claro si se refiere a las regiones del mismo país o entre países diferentes, lo cual significaría que la compensación de la degradación forestal efectuada en Gabón podría ser compensada, por ejemplo, en Camerún.

Peor aún, esta Ley sugiere que un tipo de ‘crédito’ puede ser intercambiado por otro tipo de ‘crédito’ – dado que los créditos comunitarios, de carbono, ecosistémicos y de biodiversidad son todos créditos de desarrollo sostenible – y tanto el cálculo como el intercambio se realizan bajo el mismo registro de desarrollo sostenible a nivel nacional. Increíblemente, esto podría significar que la pérdida de tierras por parte de una comunidad podría ser ‘compensada’ comprando ‘créditos de carbono’. Es decir, limitándose a mantener inalterada una cubierta forestal que funcione como sumidero de carbono (eventualmente, una vez más, en alguna otra parte del territorio).

Si estos supuestos llegaran a concretarse, tendrían consecuencias aterradoras. La idea de una ‘compensación comunitaria’ indiscriminada tanto en el plano geográfico como cualitativo, pisotea los derechos individuales y trata las necesidades humanas básicas como mercancías que pueden ser cambiadas por las de otro. De hecho, tal idea puede incluso resultar muy perjudicial para el desarrollo sostenible si lo que se entiende por éste, según la definición que da el artículo 2º de la Ley en cuestión, es “un desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a las suyas. Integra de modo equilibrado las dimensiones económica, social y medioambiental”.

Cuando la ley fue promulgada, aún contenía mucho que se prestaba a diversas interpretaciones. ¿Se ha avanzado algo desde entonces en materia de reglamentaciones o políticas para implementarla?

Inmediatamente después de la promulgación de la ley en 2014, con el apoyo financiero del PAGOS, se contrató a un consorcio de consultores (el grupo Ecocert, multinacional francesa de certificación; ADETEF, agrupación encargada de la cooperación internacional del gobierno francés; Carbone 4, una consultora francesa, y la sociedad francesa AQUATERRE) con el fin de realizar los estudios técnicos referentes a la implementación del Estudio de Impacto de Desarrollo Sostenible (EIDD, por sus sigla en francés) y del Registro Gabonés del Desarrollo Sostenible (RGDD, por sus sigla en francés). Estas fueron dos herramientas previas a la puesta en funcionamiento del proyecto de Ley de Orientación del Desarrollo Sostenible (LODD, por sus sigla en francés).

Aparte de dos folletos (1 – El programa de implementación de la Ley de Orientación del Desarrollo Sostenible de Gabón; y 2 – El desarrollo sostenible en Gabón: de la conciencia ambiental al plan estratégico Gabón Emergente) publicados con ayuda de los consultores y presentados en las negociaciones internacionales sobre clima en Lima, en diciembre de 2014, oficialmente no ha habido ningún progreso en cuanto a reglamentos u otros textos para la implementación de la Ley en cuestión.

Hasta abril de 2015, fecha en que la plataforma GMTMD estuvo por última vez en contacto con el consorcio de consultores, éstos se enfrentaban a una serie de problemas que no lograban contextualizar o incluso comprender, tales como:

1. Las definiciones dadas en el artículo 2º de la Ley de Orientación del Desarrollo Sostenible (LODD): los consultores seguían pidiendo la contribución de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para que sugirieran puntos que requirieran atención y elementos necesarios para aclarar dichas definiciones.
2. En lo que respecta a los Principios, Criterios e Indicadores para evaluar el impacto del desarrollo sostenible: convendría describir los 19 principios fundamentales del desarrollo sostenible, enunciados en el artículo 3º de la LODD, para facilitar su comprensión: contexto nacional, origen y alcance de cada principio. También en este caso los consultores solicitaban la contribución de las OSC, pues cada uno de los 19 principios de la LODD debe estar asociado a uno o varios criterios e indicadores cuantificables (en su sentido estricto, o en su defecto, mediante la atribución de una calificación resultante de la aplicación de una escala) y verificables. Según esta lógica, sería necesario especificar el intervalo de valores de sostenibilidad para cada indicador. Además, convendría establecer un umbral para cada indicador por el cual el proyecto no sería aceptable, y otro umbral por el cual, por el contrario, el proyecto podría recibir créditos de desarrollo sostenible.
3. También estaba la cuestión de los criterios tomados en cuenta para decidir si presentar los proyectos al Estudio de Impacto de Desarrollo Sostenible – artículo 6º de la LODD – y los umbrales correspondientes a dichos criterios: ¿qué elementos del contexto (sector de la actividad económica del proyecto, ubicación del proyecto, prácticas actuales, mejores prácticas dentro del sector, etc.) habría que proponer para adaptar la lista de criterios y el valor de los umbrales asociados?

Sin embargo, desde entonces no ha habido ninguna comunicación oficial sobre este proceso.

En su opinión, ¿por qué la Ley no ha sido aún implementada?

Si bien la Ley fue promulgada y, por tratarse de una Ley marco, es mencionada como referencia en ciertos textos legislativos y leyes sectoriales aprobadas desde 2014, lo cierto es que la LODD todavía no es operativa porque sigue faltando aclarar las definiciones del artículo 2º. Además, aún no han sido elaborados o establecidos los diferentes mecanismos (EIDD, RGDD…) que ayudarían a aplicarla. También se constata que:

• Aún no han sido definidos los mecanismos e instrumentos financieros (Título IV de la Ley) que permitan la “realización de proyectos que se ajusten a la estrategia nacional de desarrollo sostenible”.
• El marco institucional necesario para la aplicación de la Ley (Título VI de la Ley) aún no está establecido, por no haber sido aún creados el Consejo Nacional del Desarrollo Sostenible, el Consejo Nacional del Uso de Suelos, el Fondo para el Desarrollo Sostenible y, sobre todo, el Organismo de Gestión correspondiente.

Por todas las razones enumeradas, entre otras, la Ley sigue siendo inaplicable hasta hoy.

 

Colombia: Compensaciones ambientales, legitimando el extractivismo

Colombia es uno de los primeros países latinoamericanos en configurar e implementar normas y regulaciones concretas sobre las compensaciones por pérdidas de biodiversidad. Además del artículo 50 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 1503 de 2010 y la Ley 1450 de 2011, establecen la necesidad de estandarizar los mecanismos de compensación ambiental. Luego, en 2012, el Ministerio de Ambiente aprobó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), donde establece como uno de sus ejes estratégicos “Fortalecer las actividades e institucionalidad relacionada con la evaluación de los impactos ambientales, recuperación de pasivos ambientales y con la asignación de compensaciones ambientales por pérdida de biodiversidad, ligadas a proyectos licenciables ambientalmente, a escala nacional, regional y local” (1).

Más adelante en el mismo año, el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MACPB) se adoptó a través de la Resolución 1517, con apoyo de ONGs transnacionales como la WWF o The Nature Conservancy. La aplicación de dicho Manual es de uso obligatorio para solicitantes de licencia ambiental de los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, eléctrico, marítimo y portuario. Su aplicación considera la determinación y cuantificación de las compensaciones desde la etapa de planeación de los proyectos licenciables, y que debe considerar tres aspectos: establecer cuánto compensar en términos de área, dónde compensar y cómo hacerlo con un enfoque de “no pérdida neta”, donde la disminución de la diversidad en un sitio puede ser compensada en otro sitio con “equivalencia ecológica”, es decir sumas y restas engañosas.

Tanto la Ley de 2011 como el Manual fueron criticados por los sectores ecologistas colombianos. Una de las principales críticas se debía a que el puñado de ONGs trasnacionales involucradas mantienen un estrecho vínculo y reciben financiamiento de las mismas corporaciones que necesitan la compensación para mantener y aumentar sus niveles de destrucción. Se prescindió de la consulta a diversos actores colombianos como la academia y organizaciones nacionales y locales (2).

Basados en esas normativas y en el discurso que promueve la reducción de la huella de carbono, la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare – Cornare (3) propone la creación de “BanCO2” para la ejecución de planes de compensación por pérdida de biodiversidad, a través de un alianza con Bancolombia, la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su sigla en inglés), WWF y la Fundación Natura.

BanCO2 fue lanzada en 2013 por Cornare y fue adoptada rápidamente por otras Corporaciones Autónomas Regionales. Se está implementando a través de una supuesta cooperación o pago a familias rurales, a partir del apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (actualmente 20) y la inversión de empresas, tales como las energéticas ISAGEN, Ecopetrol y Petrobras, las mineras AngloGoldAshanti Colombia y Antioquia Gold, la cementera Argos, la industrial de servicios públicos EPM, entre otras. Estas empresas figuran como “compensadoras”, es decir, son quienes pagan una cuota para supuestamente compensar su degradación ambiental. De esta manera, el pago por la conservación de una determinada área en alguna parte de Colombia le permite a estas empresas poder seguir con sus industrias extractivas en otra(s).

Tres ejemplos de BanCO2:

– Al oriente del departamento de Antioquia, en el municipio de San Roque, el proyecto Gramalote de la minera multinacional AngloGoldAshanti Colombia, le paga a 15 familias campesinas por la protección de 215 hectáreas. Sin embargo, ese proyecto de extracción de oro abarca un área de más de 9 413 hectáreas en seis municipios, afectando potencialmente a 50 mil personas. Además, mientras que en BanCO2 tiene una plataforma perfecta para que la AngloGoldAshanti se presente como “cuidadora del ambiente”, esta multinacional sudafricana posee 504 títulos mineros en Colombia y otras 3 074 solicitudes que contarían con la posibilidad de desplazar y afectar a miles de familias en el territorio nacional (Censat Agua Viva, 2016).

– La Empresas Públicas de Medellín (EPM) es una multinacional colombiana que actualmente está construyendo el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, para el cual ha talado más de 4 500 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. La compensación de esta empresa a través de BanCO2 por sus enormes afectaciones ambientales ha sido un pago a 56 familias que por tres años asciende a 1.209 millones de pesos colombianos (alrededor de US 421.482 dólares). Las utilidades de EPM en 2016 fueron de 1.86 billones de pesos colombianos (alrededor de US 619.392.994 dólares) (Gómez & Echeverry, 2017).

– “Bosques de paz” es un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que a través de la resolución 0470 de 2017 propone formular actividades productivas “con el fin de generar bienes y servicios mercadeables y contribuir a la conservación…”. Con base en ello se invertirán en el municipio de Granada 3.500 millones de pesos (alrededor de US 1.172.409 dólares) en prácticas agroforestales en 1 200 hectáreas de bosque (4). La meta es crear 150 Bosques de Paz en todo el territorio nacional a través de la siembra de alrededor de 8 millones de árboles en los próximos dos años, acompañado de estrategias de compensaciones ambientales como BanCO2 (5) .

Con la implementación de BanCO2 se abre una verdadera disputa por los derechos de uso de los territorios campesinos. Si bien los territorios no cambian de propietario, cuando los campesinos se inscriben al BanCO2, se cambia quienes ejercen poder sobre la finalidad de uso en determinado territorio. La familia campesina pierde su poder de decisión sobre su territorio y lo otorga a las corporaciones regionales, quienes son los encargados de controlar el cumplimiento de dichos compromisos, al servicio del mercado.

Sumado a ello, más recientemente, se creó la estrategia “Banco de Hábitat” a través del Decreto 2099 de 2016, que fue lanzado públicamente en 2017 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Banco de Hábitat empezará con una inversión privada de US 1.5 millones de dólares para la restauración y conservación de 605 hectáreas en el municipio de San Martín, Meta. Este programa “busca que las empresas que tienen la obligación de compensar los impactos negativos que generan sobre el medio ambiente, puedan hacerlo a través de estos predios predestinados a la conservación y restauración”. Cuenta con una inversión privada de US 1.5 millones de dólares, financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (6).

Como vemos los proyectos conservacionistas de compensación donde se apela a la “responsabilidad social y ambiental” de las empresas son una hábil maniobra con una doble ganancia para estas. La legitimación de sus políticas se traduce en mayores precios de las acciones y en una suerte de aval para continuar expandiéndolas. Las empresas apuntan a construir una imagen como redentoras de los territorios, centrándose en medidas compensatorias altamente publicitadas pero cuyas credenciales ecológicas son cuando menos cuestionables.

Marcela Gómez, clima [at] censat.org
Andrea Echeverri comunicaciones [at] censat.org
CENSAT Agua Viva, Colombia, http://censat.org/

Referencias
Censat Agua Viva. 2016. Lavado de imagen corporativa + negocio financiero = BanCO2 http://censat.org/es/analisis/lavado-de-imagen-corporativa-negocio-financiero-banco2
Gómez & Echeverry. 2017. BanCO2 o el premio a la contaminación. En Revista de Ecología Política Nº 53, en revisión.

(1) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
(2) http://blogs.elespectador.com/actualidad/conspirando-por-un-mundo-mejor/665-2
(3) Las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, son “entes corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país” http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/885-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-33
(4) http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/nuevo-bosque-de-paz-en-granada-antioquia-76834
(5) www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2975-las-compensaciones-ambientales-son-el-motor-de-un-nuevo-modelo-de-desarrollo-sostenible-para-colombia
(6) http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-estrena-el-primer-banco-de-habitat-de-latinoam-articulo-677536

 

Madagascar: el sinsentido de la compensación

“Es un absurdo, así como una injusticia, que nos arrebaten nuestro bosque argumentando que quieren protegerlo, cuando en realidad se trata tan sólo de una forma de seguir devastando, con sus minas, otro bosque en otro lugar.”

Así es como nos recibió hace algún tiempo la asamblea de Antsontso, una pequeña comunidad en el alejado sur de Madagascar. Era septiembre de 2016. Por tercera vez en pocos años, la organización italiana Re:Common había decidido regresar a la isla para seguir desenmascarando la estafa de la compensación por la pérdida de biodiversidad, que favorece a las empresas mineras mientras que sume a las comunidades de todo el mundo en la miseria.

¿De qué se trata la compensación por la pérdida de biodiversidad?

Desde hace algunos años, las empresas transnacionales, en su mayoría las involucradas en la minería, la agricultura industrial y la construcción de grandes proyectos de infraestructura, junto con instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, algunos de los principales grupos internacionales para la conservación de la naturaleza y un número creciente de gobiernos, han comenzado a utilizar, cada vez con mayor frecuencia, una estrategia conocida como “compensación por la pérdida de la biodiversidad”.

Según ellos, este mecanismo podría ayudar a proteger la diversidad biológica, con el argumento de que por cada hectárea destruida por las actividades de las empresas, en otro lugar se protegería o restauraría la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas vinculados a esas hectáreas de tierra.

¿“Una mina al rescate de la biodiversidad”?

La mina QMM de Rio Tinto en Fort Dauphin, Madagascar, en la región Anosy, ha estado en actividad desde 2005. Tiene autorización para realizar excavaciones en 6.000 hectáreas de un bosque litoral único, con el fin de extraer ilmenita, un blanqueador industrial utilizado en varios productos, desde pintura hasta pasta dental. Las operaciones han supuesto la eliminación de las últimas franjas de bosque en el litoral sudoriental de la isla, una de las áreas biológica y culturalmente más diversas del mundo.

Con el fin de contrarrestar las denuncias sobre los impactos negativos en un entorno tan frágil y valioso, en los últimos años Rio Tinto (RT) ha preparado el camino para hacer frente a las críticas ambientales de sus actividades mediante la inversión de millones de dólares en un Plan de Acción para la Biodiversidad, que cuenta con apoyo internacional. A pesar de ser la multinacional minera más poderosa del mundo, con conflictos socio-ambientales en seis continentes, RT logró obtener el reconocimiento de ser el “campeón mundial” en la protección de la biodiversidad. Para lograrlo, la multinacional hizo alianzas estratégicas con influyentes grupos conservacionistas así como con acreditados expertos del ámbito académico, lo que le permitió proclamar públicamente que la mina de ilmenita “vino a salvar la biodiversidad única de la zona costera de Fort Dauphin”. (1)

El proyecto de Rio Tinto/QMM de compensación por la pérdida de la biodiversidad en Madagascar es, de hecho, el proyecto de compensación más ampliamente difundido en el sector minero. Aduce compensar la pérdida de la biodiversidad resultante de la destrucción de un bosque costero único y excepcional ubicado en el sitio de la mina de ilmenita de Rio Tinto QMM, mediante la “preservación” de un bosque en Bemangidy-Ivohibe, a unos 50 kilómetros al norte de la mina. Pero la “preservación” se traduce en restricciones al uso que las comunidades locales hacen del bosque.

Una investigación de campo conjunta de Re:Common y el Movimiento Mundial por los Bosques (WRM), realizada en septiembre de 2015, recogió opiniones de los aldeanos que viven en las proximidades de uno de los tres sitios que conforman el plan de compensación por pérdida de la biodiversidad para la mina de ilmenita de la compañía en Fort Dauphin (2). Nuestras conversaciones con los habitantes de Antsontso, donde se lleva a cabo el proyecto, reveló que la situación real difiere mucho de las historias que cuenta la empresa.

En especial, el proyecto de compensación por pérdida de la biodiversidad ha precarizado aún más los medios de vida y sustento de quienes viven en el lugar de la compensación, al imponerles restricciones muy estrictas a su uso del bosque, el cual es prácticamente la única fuente de supervivencia para las personas de la zona. Les habían prometido alternativas de generación de ingresos para paliar la pérdida de acceso al bosque, pero aún no se han concretado. Mientras tanto, deben enfrentarse a una lucha diaria para poder alimentarse.

En septiembre de 2016, aproximadamente un año después, se rodó el documental Your Mine (3) con los habitantes de Antsontso, el cual permitió desenmascarar quiénes se están beneficiando realmente con el proyecto de compensación de la biodiversidad y quiénes cargan con sus intolerables consecuencias.

La escalada de la protesta

Con el fin de fortalecer la solidaridad con el pueblo de Antsonso, tan duramente afectado por las restricciones impuestas al acceso a su bosque, así como para apoyar su búsqueda de justicia, Re:Common y otros grupos con sede en Europa se comprometieron a apoyar los intentos de la comunidad por lograr que sus voces llegaran a los lugares donde por lo general se toman las decisiones, y donde las historias que se cuentan a menudo difieren mucho de lo que ocurre realmente. La Asamblea General Anual de 2017 de Rio Tinto con sus accionistas iba a ser inusual, ya que recibiría a representantes de la comunidad Antsontso como parte de la acción conjunta de la sociedad civil, con la que se buscaba llamar la atención sobre el permiso social de QMM para realizar sus actividades extractivas. La idea era de que los aldeanos que representaban a la comunidad afectada por el proyecto de compensación por pérdida de la biodiversidad de QMM, el cual les ha dejado sin tierras fértiles y sin ninguna compensación por la pérdida de acceso al bosque, de su seguridad alimentaria y de sus medios de vida, llevarían nuevas preguntas a la empresa para que ésta las respondiera.

Pero pocos días antes de la fecha del viaje se les comunicó a los aldeanos de Antsontso que les habían negado la visa para ingresar al Reino Unido. Las razones dadas traslucían no sólo cuestionables prejuicios del Gobierno del Reino Unido hacia los pueblos indígenas, sino también serias sospechas en cuanto a la posible injerencia de la empresa.

El aldeano que había planeado asistir a la Asamblea General Anual fue ofensivamente informado por funcionarios británicos de que no estaba “debidamente calificado” para hablar sobre cuestiones ambientales y de derechos humanos (4). Esto, de hecho, hace perder rápidamente cualquier tipo de credibilidad de Rio Tinto. Curiosamente, en octubre de 2016, el comité de biodiversidad de QMM ya había renunciado, con el argumento de que Rio Tinto y QMM habían menguado su compromiso para con la minería responsable al crear “una estrategia vaga y esencialmente debilitada” (5).

Pero la historia no termina aquí.

A pesar de que la lucha de la comunidad Antsontso por justicia sigue vigente, y de que cualquier predicción de que esta lucha llegue a su fin probablemente está aún muy lejos, es posible extraer algunas reflexiones generales de esta historia reveladora.

¿Compensación para quién?

En los últimos años vemos que un número cada vez mayor de investigadores, activistas y profesionales participan en discusiones y análisis centrados en cómo asignar valores económicos a la naturaleza, bajo el supuesto de que la única manera de protegerla es dándole “visibilidad económica”. Este afán de medir lo que no puede ser medido ha producido una gran cantidad de indicadores, sistemas de contabilidad e incluso bancos de la biodiversidad, junto con grandes debates en torno a estas herramientas, con el único resultado de que los problemas más fundamentales de la justicia social han permanecido en gran medida sin resolverse.

Nos oponemos rotundamente a un enfoque que quiere encasillar “personas” y “naturaleza” en dos bloques opuestos y separados, así como también rechazamos éticamente un proceso dirigido a abstraer hábitats complejos y dinámicos en equivalencias a partir de métricas y unidades cuestionables, teniendo como referencia la efímera experiencia de los créditos de carbono. Cuestionamos incluso la eficacia de la compensación por la pérdida de la biodiversidad en cuanto a su capacidad de lograr que los “créditos de biodiversidad” sean a la vez tanto económicamente atractivos como eficientes en términos de conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, no es en función de la (falta de) eficiencia y eficacia de estos mecanismos que queremos construir nuestro argumento, sino más bien en el cuestionamiento de su propósito en si mismo.

La protección de la naturaleza y la biodiversidad tiene poco o nada que ver con la compensación por la pérdida de la biodiversidad ya que el objetivo real de estos programas es permitir que continúe la destrucción y la apropiación, legitimando o incluso legalizando delitos ambientales. De hecho, detrás de la historia sombría de la protección de la naturaleza hay cientos de millones de dinero público que es desviado a los bolsillos de las empresas transnacionales.

El extractivismo, entendido como la extracción sistemática de la riqueza y la soberanía de los territorios, tiene la constante necesidad de comenzar nuevos proyectos mineros o grandes represas en zonas ricas en biodiversidad (por lo general en el Sur), así como mega proyectos de infraestructura tales como carreteras o zonas residenciales en las zonas más intervenidas por el ser humano.

Con el fin de lograr control sobre estos recursos, la maquinaria extractiva debe superar la creciente oposición de las comunidades, que simplemente no renuncian a su derecho a decidir qué va a ocurrir en sus territorios. De aquí viene la necesidad de las empresas de elaborar formas nuevas y más sofisticadas para obtener su licencia para destruir.

Con el lanzamiento y la promoción de proyectos de compensación, las empresas no sólo pueden continuar sin perturbaciones sus negocios habituales sino que pueden hacerlo mientras que al mismo tiempo se presentan como defensores de la conservación de la naturaleza, con el apoyo activo de institutos de investigación bien acreditados, ONGs conservacionistas, una parte de la academia, y con el apoyo de otro poderoso aliado: el Estado. El Estado es, de hecho, estructuralmente indispensable para que este modelo depredador tenga éxito, ya que tiene el poder de conferirle legalidad – mediante el ajuste de las reglas del juego – y también de hacerlo socialmente justificable – en el nombre de un “interés público” que es reformulado a fin de equipararlo al beneficio privado. De esta manera, territorios enteros que son el blanco de empresas extractivas, son el blanco también de una militarización represiva, dejando poco espacio para la discusión y menos aún para la oposición.

Las pruebas recogidas durante nuestros viajes a través de zonas de compensación por la pérdida de la biodiversidad dejan de manifiesto un tema esencial en materia de justicia (6).

Cientos de familias están perdiendo sus medios de supervivencia para que gigantes mineras aumenten sus beneficios. Las empresas privadas y las organizaciones conservacionistas que apoyan estos proyectos con sus marcas de sostenibilidad ni siquiera se sienten obligadas a informar a las comunidades afectadas acerca de las motivaciones reales que subyacen a las restricciones impuestas al uso de sus territorios.

Sin embargo, mecanismos perversos como la compensación por la pérdida de la biodiversidad son muy efectivos para una cosa: para desplazar la atención de el qué al cómo. Al centrarse en cómo lograr que sus prácticas habituales sean socialmente más aceptable o se vean ecológicamente sostenibles, evitan que surja un debate realmente democrático y transparente acerca de alternativas verdaderas para un modelo de desarrollo depredador que continúa beneficiando sólo a unos pocos a expensas de muchos.

Es crucial no perder un tiempo precioso buscando maneras de reformar un sistema que no funciona y que, en cambio, debería ser rechazado como tal. Ya no podemos permitirnos más distracciones.

Giulia Franchi, gfranchi [at] recommon.org
Re:Common, http://www.recommon.org/

(1) http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/rio-tinto-in-madagascar-a-mine-destroying-the-unique-biodiversity-of-the-littoral-zone-of-fort-dauphin/
(2) http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/proyecto-de-compensacion-por-perdida-de-biodiversidad-de-rio-tinto-en-madagascar-doble-acaparamiento-de-tierras-en-nombre-de-la-biodiversidad/
(3) https://www.youtube.com/watch?v=_x-ZB2xyCfQ&feature=youtu.be
(4) https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/07/madagascar-farmer-mining-firm-rio-tinto-agm-ousted-from-land-athanase-monja?mc_cid=c25820a07c&mc_eid=5e52a8e9f0
(5) http://www.theecologist.org/_download/403726/qmm biodiversity committee resignation statement_final.pdf biodiversity committee resignation statement_final.pdf
(6) http://www.recommon.org/eng/biodiversity-offsetting-license-destroy/

 

Lo que hay detrás de la compensación por la pérdida de biodiversidad: la Represa Nam Ngiep en Laos

Los gobiernos de Camboya, Laos y Tailandia tienen planeado construir 11 represas hidroeléctricas a gran escala en el curso principal del río Mekong. De hacerlo, las represas bloquearían grandes migraciones de peces e interrumpirían el flujo de este río de vital importancia, poniendo así en riesgo a millones de personas que dependen del Mekong para su sustento y culturas. El plan de desarrollo hidroeléctrico de Laos contiene por sí solo más de 70 nuevas represas a gran escala, de las cuales 12 están en construcción y casi 25 en etapas avanzadas de planificación (1). Laos también ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) para suministrar 7.000 MW de energía a Tailandia a partir de 2015, y 3.000 MW de energía eléctrica desde ahora hasta el año 2020 a Vietnam (2). Un inversor clave en estas represas es el Banco Asiático de Desarrollo (BAD).

Acorde con la tendencia de la “economía verde”, el BAD, junto con otras instituciones financieras como el Banco Mundial, obliga a las empresas a compensar la pérdida de biodiversidad que no pueda ser evitada. Éste es el caso del Proyecto Hidroeléctrico Nam Ngiep 1, que comenzó en 2014 y se encuentra en la zona de las provincias centrales de Bolikhamxay y Xaisomboun, Laos, 40 km aguas arriba de una confluencia del río Mekong. Está previsto que comience a funcionar en enero de 2019. Se supone que el proyecto de compensación compensará toda la pérdida de biodiversidad que causará la represa.

En esta ocasión hablamos con Premrudee «Eang» Daoroung, de la organización Project SEVANA South-East Asia, una activista ambiental radicada en Bangkok quien en las últimas dos décadas ha seguido de cerca los problemas ambientales de la región.

¿Cuál es la situación general de la proliferación de represas en la región del Mekong y cuál la situación específica en la República Democrática Popular Lao? ¿Cuáles son los principales impactos de este auge?

El tema de las represas hidroeléctricas a gran escala en la región del Mekong sigue siendo una de las principales preocupaciones entre los grupos que monitorean la situación, así como para el gran número de personas locales afectadas en la región. Mientras que China ya está terminando ocho grandes represas hidroeléctricas en la parte superior del curso principal del Mekong, Laos también ha construido las dos primeras represas en la parte inferior de este importante río. Actualmente se trabaja en la construcción de las represas Xayabouri y Don Sahong, a pesar de las numerosas interrogantes sin respuesta sobre sus impactos tanto en la actividad pesquera del Mekong como en los medios de subsistencia locales, del engañoso proceso de consulta y de su viabilidad económica. A esto se suma que el gobierno de Laos propuso e impulsó recientemente una nueva represa en el curso principal del Mekong: la represa Pak Beng. Son varias las represas que se están construyendo, entre ellas Nam Ngiep 1, en el río Nam Ngiep, el afluente del río Mekong que demarca la frontera entre Laos y Tailandia.

Las represas en el curso del río Mekong son un indicio del cambio de la política regional hacia una economía de mercado abierta. No obstante, también reflejan la influencia de los países constructores y compradores de energía, como China y Tailandia, sobre aquellos que proporcionan el lugar para la inversión, como Laos y Camboya. La expansión y permanente presión para construir represas en el Mekong muestra además lo poderoso que ha pasado a ser el sector privado en la región. Estas represas también están generando conflictos en torno a los planes de desarrollo del Mekong dentro y entre los países miembros. Por ejemplo, a pesar de que el delta del Mekong en el sur de Vietnam, conocido como el granero de arroz del mundo, se ha visto afectado por las represas que se construyen aguas arriba, el gobierno de Vietnam mantiene igualmente la concesión para construir la represa de Luang Prabang en el curso principal del Mekong ubicado en la parte norte de Laos.

Es muy escasa la información que llega de China y Laos, los dos países que tienen la mayor parte de las represas en el curso principal del Mekong. No obstante, la situación de Laos, un país pequeño con 7 millones de personas, es conocida a través de diversos estudios como algo paradójico (si no ridículo). Aparte de algunos cientos de planes de construcción de represas y con más de diez represas cuya construcción ya se está concretando en el país, Laos todavía se está familiarizando con otro tipo de proyectos a gran escala que también requieren de sus recursos naturales, entre ellos la agroindustria, las plantaciones y la minería a gran escala. Después de dos décadas, sin embargo, Laos todavía no ha alcanzado un verdadero éxito económico y lo que sí ha logrado es que haya un acaparamiento cada vez mayor de territorios en detrimento de las comunidades. El conflicto con los proyectos de “desarrollo” y la cuestión de quién se ha beneficiado con ellos, así como cuál será el resultado para el futuro de Laos y su gente en la próxima década, siguen siendo problemas críticos en este pequeño país interior.

¿Puedes decirnos cuáles son las consecuencias (económicas, sociales y ambientales) de la aplicación del proyecto de energía hidroeléctrica Nam Ngiep 1?

Al igual que ocurre con otras represas hidroeléctricas en Laos, la Nam Ngiep 1 se construye sin la adecuada participación de las personas afectadas. Como es lo habitual, lo peor fue que la gente sintió que no tenía derecho a participar ni a rechazar lo que el gobierno le proponía. Más de 3.000 personas debieron ser reubicadas, la mayoría perteneciente a los dos principales grupos étnicos de Laos – Hmong y Khmu. De acuerdo con una entrevista realizada por International Rivers en 2014, las personas que declararon haber vivido en la zona del proyecto durante más de tres décadas afirmaron que la compensación que se les ofreció no podía compararse con sus necesidades en materia de medios de vida y sustento y las pérdidas sufridas.

La represa Nam Ngiep se construye en una zona categorizada oficialmente como zona de bosque protegido. El embalse de la represa ocupó una gran superficie de la cuenca del río Nam Ngiep, con lo cual provocará un cambio drástico en las zonas hídricas y boscosas en términos de recursos naturales y biodiversidad. La intención y la capacidad del gobierno de Laos en la gestión de las áreas protegidas es todavía dudosa, especialmente si se observa cómo el gobierno debe depender del BAD y de la compañía para llevar a cabo la tarea. Se supone que la represa Nam Ngiep proporcionará aproximadamente el 4 por ciento de los 7.000 MW propuestos para exportar a Tailandia en 2020. No obstante, cabe a la sociedad tailandesa cuestionar y preguntar cómo interpreta la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia (EGAT por su sigla en inglés) las necesidades futuras en materia de electricidad. La construcción de la represa es llevada a cabo por un consorcio en el que participan las compañías Kansai Electric Power Company, de Japón, (45%), EGAT International Company, de Tailandia (30%) y la empresa estatal de Laos Holding State Enterprise (25%). El consorcio cuenta con fondos del BAD, que aprobó un préstamo de 50 millones de dólares del sector privado para la construcción.

¿Cuál ha sido la participación histórica del BAD en la financiación de las represas de la región?

Aparte de la represa Nam Ngiep en Laos, el BAD ha jugado un papel importante en la construcción de la represa Nam Theun 2 (NT2), que fue construida en el mayor afluente del Mekong, el río Theun (Nam Theun). Una pared alta de 39 metros forma un embalse que sumergió 450 km2 de la biodiversa meseta de Nakai, en la frontera entre Laos y Tailandia por un lado, y Laos y Vietnam por el otro. Se reubicó a 6.300 indígenas para dar lugar al embalse y más de 120.000 aldeanos que viven aguas abajo de la represa también fueron afectados. Este controvertido proyecto ha sido enérgicamente criticado por diferentes grupos. Aún así, la represa comenzó sus actividades en 2010, vendiendo electricidad a Tailandia. El BAD proporcionó 20 millones de dólares en forma de préstamos en condiciones favorables junto con un préstamo del sector privado de hasta 50 millones de dólares, y una garantía de riesgo político de hasta 50 millones de dólares. La represa Nam Theun 2 ha sido promocionada como un proyecto clave en el plan de interconexión eléctrica, un programa bandera del BAD, la Subregión del Gran Mekong.

Además de brindar apoyo directo al proyecto, el BAD lidera los planes futuros del sector de energía del proyecto Subregión del Gran Mekong y especifica las normas para la gobernanza regional. El BAD convocó y facilitó el llamado Comité de Coordinación Regional del Comercio de Energía, conformado por el ministerio de energía de cada país. De acuerdo con un documento de la organización International River, entre los proyectos de energía que fueron seleccionados como prioridades de alto nivel del BAD para inversión entre 2014 y 2018 figuran la Interconexión de Transmisión de Energía entre Laos y Vietnam, para transmitir a Vietnam la electricidad producida por una serie de represas en Laos, así como el Servicio de Transmisión de Subestaciones, para exportar a Tailandia la energía generada en las represas Nam Ngiep 1, Nam Theun 1 y Nam Ngum 2 de Laos. El papel del ADB en el desarrollo del sector energético y las represas hidroeléctricas es crucial y eso le hace objeto de críticas y cuestionamientos. Una de las críticas es el fracaso del banco en el cumplimiento de sus propias normas y reglamentaciones, especialmente en lo relativo al impacto que tienen sus proyectos en las comunidades y gente locales. En cambio, el foco principal del BAD es promover la inversión del sector privado y alentar a los gobiernos de la región a trabajar con las empresas.

Desde 1992, el BAD ha estado proclamando su plan de «integrar» los países de la Subregión del Gran Mekong y de esta manera llevar la prosperidad y el crecimiento económico. De 2006 a 2015, el BAD financió 376 proyectos por valor de 15,4 mil millones de dólares, los que apoyaron directamente la integración de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus sigla en inglés). Sin embargo, los resultados son por lo menos dudosos. La reputación del BAD no tiene en cuenta a las personas locales y considerando que se supone que es un banco de “desarrollo”, sólo ha provocado más críticas y resistencia en el terreno.

De acuerdo con la declaración de las políticas de salvaguardia del BAD, “una consulta significativa es un proceso que comienza a principios de la fase de preparación de un proyecto y es llevada a cabo de manera continua a lo largo de todo el ciclo del proyecto”. ¿Crees que en la preparación y ejecución de esta represa hubo una “consulta significativa”?

La represa Nam Ngiep 1 del BAD ha enfrentado fuertes críticas, divulgadas por la organización International Rivers después de que llegó a la zona y pudo entrevistar a la gente. International Rivers afirmó que el BAD viola sus propias salvaguardias porque no cumplió con un verdadero proceso de consulta ni brindó la información tan necesaria sobre los efectos del proyecto, los planes de reasentamiento, la compensación y la falta de tierras apropiadas en las zonas de reasentamiento consignadas (el 70 por ciento de las cuales es área de bosque protegida). La falta de una evaluación cabal de los impactos acumulativos así como de una evaluación de los principales riesgos y de un plan de mitigación, no sólo se refiere a la zona de construcción de la represa sino también al impacto de la misma aguas abajo. Sin embargo, el cuestionamiento a la “consulta significativa” es también para el gobierno de Laos. Las represas han sido propagandeadas como la herramienta de desarrollo más importante de Laos, pero a lo largo de las dos décadas de su construcción, la grave falta de participación de las comunidades ha sido un tema crítico y problemático, incluso a un nivel muy básico en cuanto a lo que les está sucediendo en su propia tierra natal. En el plan de gestión ambiental de la represa Nam Ngiep, las únicas tres partes principales que participan en el proceso de planificación son el gobierno de Laos, el BAD y la empresa. El gobierno parece reconocer su obligación de trabajar con el BAD y la empresa y rendir cuentas ante ambos, así como absorber una parte del presupuesto de los mismos. Lamentablemente su papel ha sido facilitar el trabajo de los actores externos, en lugar de defender al pueblo de Laos.

En tu opinión y experiencia de trabajo junto con comunidades afectadas por las represas, ¿sería posible compensar la pérdida de biodiversidad que genera la construcción de una gran represa?

Con relación a la idea de compensación de la biodiversidad, una cuestión muy problemática es la forma en que el proyecto mide la pérdida real de la biodiversidad como resultado del proyecto. Considerando el hecho de que la población local – que ha utilizado y protegido los territorios y la biodiversidad de los alrededores de las represas – no es reconocida como actor principal a ser consultado, es difícil ver cómo el proyecto puede medir el “valor” de la biodiversidad ni su pérdida. De hecho, hasta ahora el proyecto no ha terminado los estudios de referencia sobre el valor de la biodiversidad previamente al proyecto. Sin embargo, el proponente del proyecto sugiere que con la compensación se espera que “no haya una pérdida neta” de biodiversidad. Pero tanto el valor de la biodiversidad, del medio ambiente y de los recursos naturales, como de los medios de vida de las personas en un país como la República Democrática Popular Lao son ciertamente lo mismo, están muy interconectados y son interdependientes. En especial las etnias Hmong y Khmu, en Laos, tienen una cierta manera de utilizar estos otros valores en la vida cotidiana. Cuanto mayor es la diferencia de los “valores” de los pueblos Hmong y Khmu con respecto a los “valores” conceptualizados por los proponentes del proyecto, menor es la probabilidad de poder medir la biodiversidad perdida. Menos aún compensarla.

La idea del proyecto de compensación de la biodiversidad parece ser la de ayudar a proteger una zona conocida como Nam Chouane-Nam Xang, que de otro modo, se argumenta, sufriría amenazas (2). En primer lugar, de acuerdo con tu comprensión de la dinámica de las comunidades rurales de Laos, ¿estás de acuerdo en que las comunidades que viven alrededor de la zona del proyecto de compensación son una amenaza para la biodiversidad? ¿Qué opinas de la idea básica de la “compensación de la biodiversidad” de que un lugar puede ser equivalente a otro? En la medida que los proyectos de compensación se centran solamente en la biodiversidad, ¿qué pasa con las comunidades afectadas en ambos proyectos: el de la represa y el de la compensación?

El concepto de compensación de la biodiversidad que intentan aplicar al proyecto de la represa Nam Ngiep 1 en Laos es muy similar a otros grandes planes de gestión en el país, tal como el antiguo programa de Estabilización de la Agricultura Itinerante, puesto en marcha desde finales de la década de 1980 como el programa estrella para preservar los bosques naturales de la práctica de la agricultura itinerante por los grupos étnicos locales de Laos.

El significado de este programa para el gobierno de Laos ha sido que la agricultura itinerante es similar a las prácticas de “roza y quema”, lo cual deja muy poco espacio para la “agricultura de rotación de cultivos”. Por lo tanto, el objetivo principal del programa ha sido el de deshacerse de las prácticas populares para el cultivo del arroz en las zonas de montaña y tierras altas de Laos, como si fueran la razón principal de la pérdida de bosques. El gobierno de Laos ha pasado casi tres décadas sustituyendo las prácticas tradicionales de las zonas de bosque por algo que puede dar más beneficios para el Estado, y, como siempre lo ha afirmado, al pueblo de Laos. Pero después de esas casi tres décadas, numerosas comunidades, como consecuencia de este programa, fueron reubicadas, expulsadas de sus tierras originales, y se enfrentan a la falta de seguridad y de soberanía alimentaria. Eso ha sido lo más difícil para quienes fueron reubicados en un lugar que no eligieron, habiendo perdido así sus motivos y medios de vida. Al referirse a las zonas de tierras agrícolas todavía resulta bastante difícil no hablar del ecosistema más vulnerable del bosque y la biodiversidad en general.

El proyecto de compensación por la pérdida de la biodiversidad parece tener el mismo objetivo de deshacerse de las prácticas populares de la agricultura itinerante, ya que los grupos étnicos Hmong y Khmu tienen prácticas muy similares. Y también tiende a dar como resultado en gran medida las mismas consecuencias de falta de seguridad y soberanía alimentaria. Y la forma compleja en cómo los valores de la biodiversidad, el medio ambiente, los recursos naturales y los medios de vida de las comunidades toman forma y se interrelacionan podría parecer similar, pero es diferente y única para cada lugar en el que los grupos étnicos viven, producen y reproducen sus motivos y medios de subsistencia.

¿Cómo crees que la comunidad internacional podría ayudar a desenmascarar el maquillaje verde de los promotores de represas que están comenzando a perpetuarse en Laos y toda la región del Mekong?

El apoyo del BAD y de los gobiernos del Mekong al sector privado se ha vuelto más evidente en los últimos años, a pesar de las críticas a su papel, que arrecian desde principios de 1990. Es imperioso desenmascarar a los beneficiarios del desarrollo: el BAD, los gobiernos y las empresas. La forma en que funcionan juntos sin incluir a la gente en sus planes debe ser expuesta con más fuerza ante la opinión pública. Para ello, la comunidad internacional o el país sede de la empresa o gobierno financiador puede desempeñar un papel importante controlando, trabajando en redes y haciendo campañas sobre los actores problemáticos que vienen a la región desde el extranjero.

(1) International Rivers
(2) Ministry of Energy and Mines, Department of Energy Business, Lao PDR.

 

Protegiendo el incumplimiento: “compensaciones por calidad del aire” en Sudáfrica

De cómo se instauraron las compensaciones por calidad del aire

Las compensaciones por calidad del aire en Sudáfrica son parte de un retroceso a los avances en materia de reglamentación de la calidad del aire logrados por el arduo trabajo de activistas por la justicia ambiental que actúan desde la llegada de una democracia no racial en 1994. Los activistas han trabajado desde hace más de una década contra un organismo regulador omiso y débil (el Departamento de Asuntos Ambientales, o DEA, por su sigla en inglés), empresas fuertes (el gigante petroquímico Sasol y la siderúrgica ArcelorMittal), y Eskom, una empresa paraestatal que tiene el monopolio del sector eléctrico. Finalmente, en 2004 lograron que se reviera la reglamentación de la calidad del aire de manera de adecuarla al derecho ambiental de la constitución de Sudáfrica.

Esto incluyó una nueva legislación sobre la calidad del aire y el establecimiento de normas ambientales y de emisiones para numerosos productos contaminantes. Estos cambios comenzaron a implementarse plenamente en 2010, con el entendido de que en 2015 Sasol, Eskom y otros contaminadores estarían obligados a cumplir con estas nuevas normas, que exigían invertir en tecnología de reducción de emisiones.

Doce años después del cambio de la legislación, los dos mayores contaminadores atmosféricos de Sudáfrica – Eskom y Sasol – aún no estaban listos. Estos se embarcaron en una doble estrategia. Una era aplicar a excepciones a las nuevas normas para la mayoría de sus centrales eléctricas, y la otra era forzar el desarrollo de una política oficial de compensaciones como forma de eludir el cumplimiento de sus obligaciones.

En junio de 2015 se publicó el proyecto de directrices para la compensación por calidad del aire (1), el cual fue ampliamente criticado por los activistas de la sociedad civil. El proyecto no fue el resultado de un proceso “normal” de política y lo que trasluce es la respuesta de un regulador débil a dos poderosas empresas contaminantes que estaban ganando la discusión al cambiar los hechos en el terreno. Al mismo tiempo, el Departamento publicó una defensa integral más amplia (2) que abarcaba cinco campos de aplicación: la calidad del aire, los humedales, la biodiversidad, los recursos hídricos y las compensaciones de carbono.

Ambos documentos, las directrices para las compensaciones y la defensa de la DEA, afirmaban que las compensaciones equilibrarían la protección de la salud de la gente y el medio ambiente con la necesidad de desarrollo económico. En efecto, le devolvieron a los contaminadores el poder del apartheid para decidir sobre cómo lidiarían no sólo con su propia contaminación sino también con la de “los otros contaminadores” que hubieran usado todo su “espacio de contaminación” – sobre todo los hogares que queman carbón de baja calidad porque son demasiado pobres para pagar electricidad. Los activistas ambientales apoyan totalmente las medidas que supondrían una reducción o una eliminación de la contaminación en el hogar resultante de la pobreza energética. En un taller posterior a la publicación de la política de 2015, las comunidades y los activistas estuvieron de acuerdo en que las compensaciones por la calidad del aire no funcionarían. Las compensaciones propuestas por Eskom y Sasol fueron vistas como una manera de trasladar la responsabilidad a las comunidades. No existe comparación posible entre la escala de las emisiones derivadas de fuentes industriales y la de las emisiones domésticas, y se argumentó que la reducción de las emisiones domésticas no debe depender de las compensaciones, sino que es competencia y responsabilidad del gobierno. Resulta particularmente irritante que el gobierno no haya abordado el tema de las emisiones domésticas de una manera seria y que, por el contrario, durante la última década, haya tratado de hacerlo de la manera más barata posible con el programa Basa Njengo Magogo. Dicho programa consiste en enseñar a la gente a iniciar el fuego por la parte superior del carbón, en lugar de por la parte inferior. El gobierno y las empresas afirman que este método reduce las emisiones de partículas, sin embrago, no reduce el azufre ni los compuestos orgánicos volátiles derivados de la combustión de carbón, y las toxinas de metal todavía están presentes en el aire, incluido el mercurio, el plomo, el cromo, el magnesio y el arsénico. Este programa es totalmente inadecuado como respuesta a la contaminación causada por la pobreza energética. (3)

Cómo funciona

Las actuales compensaciones por calidad del aire de Sudáfrica se basan en el supuesto de que la contaminación del aire en el interior de las viviendas tiene efectos mucho mayores que la contaminación ambiental regional provocada por las centrales eléctricas alimentadas a carbón y la industria. Los activistas por la calidad del aire nunca han aceptado este argumento como científico porque:

• el nivel de ésticas es mínimo en comparación con el de las emisiones industriales;
• no se toma en cuenta la recirculación y el vertido de la contaminación industrial de la región;
• el 50 por ciento de la contaminación de partículas PM10 proviene del arrastre del polvo de las minas de carbón (en su gran mayoría por el transporte);
• el persistente nivel de contaminación (con altos porcentajes de compuestos orgánicos volátiles) derivado de la combustión espontánea del carbón no ha sido cuantificado ni incluido en los cálculos;
• se han realizado escasos estudios detallados sobre la contaminación doméstica en el interior de las viviendas, y sus resultados no son concluyentes.

Aún así, en marzo de 2015, el Departamento de Asuntos Ambientales permitió a Sasol “posponer” el cumplimiento de las normas sobre emisión mínima a cambio de un programa de compensación. El programa de compensación consiste en una bolsa mixta: medidas para hacer frente a los incendios en la sabana sudafricana, pruebas de emisiones de vehículos pesados ​​que entran a los locales de Sasol, reducción del polvo de caminos sin asfaltar (lo que los activistas sospechan estaba destinado a crear un nuevo mercado para un producto químico de Sasol que sería más barato – y peor – que el alquitrán para los caminos); intervención en el reciclaje municipal y la recolección de residuos domésticos, así como reacondicionamientos baratos de casas que incluyen un sistema de aislamiento con poliestireno potencialmente inflamable.

La organización activista sudafricana GroundWork respondió al plan de compensación de Sasol que (4) “ésta es la opción barata frente al cumplimiento. Funciona de la misma manera que una indulgencia medieval: Sasol puede seguir pecando, con considerables ganancias, siempre que pague el costo – mucho menor – de una penitencia”.

Argumentó que: “Las normas de emisión mínima permiten a las comunidades exigir a las empresas que se hagan responsables de la contaminación. La compensación absuelve a la empresa de esa responsabilidad. Al mismo tiempo, se externaliza la responsabilidad del gobierno de brindar energía limpia a los asentamientos humanos. Por lo tanto, los intereses de la comunidad están en juego en las dos caras de este acuerdo, no obstante quienes participan del acuerdo son el gobierno y Sasol. Hasta el día de hoy, cada vez que han sido consultadas, las comunidades han denunciado las compensaciones en principio y este acuerdo en particular. No obstante, parecería que el asunto ya estaba decidido y las opiniones de la comunidad fueron de antemano excluidas”.

Al discutir estas propuestas, incluso en las reuniones convocadas por Sasol, integrantes de las organizaciones comunitarias reiteraron varios puntos:

1. Estos proyectos no pueden sustituir el cumplimiento de las normas de emisión mínima. Sasol debe ofrecer una hoja de ruta de su cumplimiento mostrando qué pasos adoptará y cuándo.
2. La aplicación de los planes de gestión de la calidad del aire debe ser un área prioritaria, que debe demostrar el compromiso del gobierno y las empresas para con la reducción de las emisiones industriales dentro de los plazos establecidos.
3. Dentro del proceso de los planes de gestión de la calidad del aire se encomendó la realización de estudios para identificar y evaluar las diferentes fuentes de contaminación, estudios que deben ser financiados por Sasol y otras empresas en función del principio de que quien contamina paga.
4. Una línea de referencia para la distribución de la contaminación es necesaria pero no suficiente. También debe haber una línea de referencia para la salud de las personas de manera que se entienda el impacto de la contaminación existente sobre la salud. Dicho estudio debería crear las bases para el control de la salud de las personas a través de la recopilación sistemática de estadísticas de hospitales, clínicas y médicos. Los estudios de referencia y la vigilancia de la salud deben estar bajo los auspicios de los planes de gestión de la calidad del aire, ya que cualquier proceso gestionado por Sasol u otras empresas contaminadoras carecerá de credibilidad.
5. Independientemente de lo que Sasol haga con sus proyectos de compensación, esperamos que el gobierno asuma la responsabilidad en lo que se refiere a energía y emisiones domésticas. Hasta la fecha el gobierno no ha hecho nada más que el programa Basa Magogo, que ha sido una forma barata de evitar una respuesta real y ha demostrado ser totalmente ineficaz.
6. Del mismo modo, el gobierno debe proporcionar el personal sanitario y las instalaciones adecuadas para hacer frente a la crisis de salud creada por la contaminación en las zonas del Vaal y el Alto Veld. Esto debe incluir clínicas abiertas las 24 horas que sean capaces de responder a los casos de contaminación de emergencia por la noche así como personal especializado para hacer frente a los trastornos respiratorios. El sistema debe permitir un mejor acceso a la salud pública. Con relación a esto, la población local no confía en que los profesionales vinculados a sistemas de salud de una empresa brinden un diagnóstico adecuado cuando las actividades de esa empresa sean la posible causa de la enfermedad.

¿A quién beneficia las compensaciones?

Las compensaciones, en general, benefician a la industria de muchas maneras. Son una amenaza para la creación de un régimen de reglamentación razonable. Socavan la democracia.

Algunas de las principales preocupaciones de los activistas sudafricanos con respecto a las compensaciones son:

• Las compensaciones siempre culpan de la contaminación o la destrucción de la biodiversidad a las comunidades locales. Las actividades de las industrias generalmente no son identificadas como las causas fundamentales del problema.
• El uso de compensaciones invierte la jerarquía de la mitigación. La jerarquía de la mitigación, que forma parte de la política sudafricana, dice que todas las demás opciones de mitigación, tales como el evitar impactos o minimizar en lo posible los daños, deben ser adoptados antes de considerar las compensaciones. Sin embargo, la industria siempre preferirá las compensaciones a las medidas de mitigación, porque son más baratas. Por lo tanto, habrá presión para reducir los costes de las compensaciones.
• Las compensaciones se usan para justificar lo injustificable: se permiten proyectos que deberían ser rechazados sobre la base de las propuestas de compensación; se permiten prácticas ilegales (por ejemplo, superación de los niveles mínimos de emisiones) sobre la base de las compensaciones.
• La capacidad regulatoria es inadecuada para la tarea y no proporciona supervisión alguna. El supuesto de que la compensación compensa la débil capacidad regulatoria y de planificación es falso. Por el contrario, la agrava.
• Las compensaciones presionarán al gobierno para que abandone sus responsabilidades en lugar de construir capacidad para cumplirlas – al tiempo que debilita la regulación, entrando así en el juego de los grupos de presión empresarial.
• La destrucción provocada por el proyecto original es indudable pero no así los beneficios de las compensaciones – de hecho, la mayoría de las compensaciones pueden, en sí mismas, ser destructivas.
• Las compensaciones marcan el comienzo de la mercantilización y financiarización de la naturaleza.
• Si hay dinero real en juego (como esperan los impulsores), el gran capital intervendrá. Los prestadores de las compensaciones no quedarán restringidos a profesionales individuales y éticos. La compensación estará dirigida por el lucro.
• El uso de compensaciones depende de una serie de falsos cálculos y equivalencias que simplifican sistemas ecológicos complejos y únicos – equivalencias entre lo que se destruye y lo que se conserva y entre “valores” ecológicos y monetarios. (Por ejemplo, ¿cuántos camaleones equivalen el valor de un halcón y cuál es el precio?)
• La compensación enmascarará el hecho de que la pérdida de hábitats y especies es irreemplazable.
• Las compensaciones representan un doble acaparamiento de tierras: las personas pueden ser desplazadas por el proyecto original (por ejemplo, para dar paso a una mina) y luego otra vez por el propio proyecto de compensación. Esto puede deberse a que las personas pierdan sus trabajos con el cambio del uso de la tierra (lo que ya se ha observado con el cambio de establecimientos agrícolas a establecimientos utilizados para la cría de animales de caza – en su mayoría antílopes – para la reventa y la caza, y el desalojo de trabajadores agrícolas) o porque las personas que utilizaron el territorio y los recursos naturales de la zona de compensación quedan luego excluidas de hacerlo (como probablemente ocurra en las antiguas zonas de Bantustán).
• En ciertas cuencas de agua y atmosféricas, las compensaciones pueden quedar anuladas por la acumulación de actividades destructivas – por ejemplo, el drenaje de aguas ácidas de las minas en humedales conservados como compensación de proyectos mineros; las compensaciones de calidad del aire están muy por debajo de la escala y la extensión geográfica de la contaminación industrial (por ejemplo, las compensaciones propuestas por Eskom y Sasol).

Victor Munnik, victor [at] victormunnik.co.za
David Hallowes, hallowes [at] telkomsa.net
Groundwork, Sudáfrica, http://www.groundwork.org.za/

(1) Government Gazette, June 2015
(2) Department of Environment, Discussion Document on Environmental Offsets, junio de 2015
(3) Rico Euripidou, 2014. Slow Poison: Air pollution, public health and failing governance. A story of air pollution and political failure to protect South Africans from pollution. Hallowes, D (editor), groundWork, junio de 2014, http://www.groundwork.org.za/specialreports/Slow%20Poison%20(2014)%20groundWork.pdf(2014)%20groundWork.pdf
(4) Respuesta de GroundWork al plan de aplicación de compensaciones de Sasol, 29 de enero de 2016.

 

Kenia: la Corporación Financiera Internacional salva un proyecto REDD+ y maquilla de verde a la minera más grande del mundo

BHP Billiton es la mayor empresa de minería y petróleo del mundo. Administra minas en 13 países y sus oficinas principales se ubican en Melbourne, Australia, y en Londres, Reino Unido, donde la empresa cotiza acciones en la Bolsa de valores de Londres.

London Mining Network, una alianza de grupos que trabajan en derechos humanos, desarrollo, solidaridad y medio ambiente, ha recopilado información acerca de los numerosos conflictos entre la empresa y las comunidades y los trabajadores afectados por sus actividades mineras, así como de los desastres ambientales causados ​​por las minas de la empresa. (1) Entre estos últimos figura la catástrofe provocada por la inundación de 40 millones de toneladas de residuos de lodos tóxicos vertidos en el río Doce, en Minas Gerais, Brasil, en 2015 – el mayor derrame ambiental en la historia del país. (2) El lodo tóxico se extendió hasta el mar, matando a 19 personas y provocando la evacuación de otras 600. Casi dos años después, las aguas del río Doce siguen fluyendo rojas por el mineral de hierro que las contamina. BHP Billiton es copropietaria de la mina, junto con la minera brasileña Vale. Las dos empresas han enfrentado campañas públicas por sus insuficientes esfuerzos de descontaminación y compensación a quienes fueron afectados por el desastre. También enfrentan multas y demandas jurídicas nacionales e internacionales exigiendo que se hagan responsables del incumplimiento de la construcción de una represa que se suponía iba a impedir que los residuos tóxicos de sus actividades se derramaran en el río.

Salvataje del proyecto REDD+ en Kenia sirve de maquillaje verde a BHP Billiton

En octubre de 2016 – casi exactamente un año después del vertido tóxico en la mina de BHP Billiton en Brasil -, la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (3) recaudó 152 millones de dólares de inversores privados a través de la venta de lo que denominaron “bonos de bosques” (4), que podrían ser comprados por fondos de inversión y bancos. Al comprar los “bonos de bosques” le están prestando dinero a la CFI por cinco años, durante los cuales la CFI utiliza el dinero para financiar proyectos de infraestructura y otros proyectos empresariales. A intervalos regulares, generalmente cada año, los compradores de los bonos reciben el pago de intereses por parte de la CFI. Después de cinco años, la CFI tiene que devolver el dinero a los compradores de bonos: estos canjean el bono nuevamente por el dinero que invirtieron originalmente. La CFI denomina a estos bonos “bonos de bosques” ya que los compradores pueden optar por recibir su pago anual de intereses ya sea en efectivo o en créditos de carbono de un proyecto REDD+ (5) en Kenia, llamado el Proyecto REDD+ del Corredor Kasigau, que aduce proteger los bosques.

En julio de 2016, el grupo italiano de justicia social y ambiental Re:Common y la red europea Counter Balance visitaron el área del proyecto REDD+ Corredor Kasigau y documentaron evidencias de los impactos negativos en curso sobre las comunidades campesinas locales. (6) El informe confirma los resultados publicados en 2015 en un artículo (7) que describe cómo el proyecto REDD+ refuerza injusticias históricas sobre la asignación de tierras: los más afectados por las restricciones impuestas por el proyecto REDD+ al uso de la tierra, principalmente las comunidades étnicas Taita, reciben muy pocos beneficios, mientras que los accionistas finqueros (ausentes) tienen garantizado un tercio de los ingresos derivados de las ventas de créditos REDD+.

Durante los cinco años que los compradores de los “bonos de bosques” reciben el pago de intereses, la CFI se ha comprometido a comprar créditos de carbono del proyecto REDD+ Corredor Kasigau (Fase I y II). Si un comprador prefiere recibir el pago de intereses en efectivo, BHP Billiton comprará en su lugar los créditos REDD+ de la CFI y por lo tanto proporcionará el dinero para el pago de los intereses a los compradores de bonos de “bosques”. Eso significa que la empresa Wildlife Works Carbon, con sede en California, que puso en marcha el proyecto REDD+ Corredor Kasigau y la estructura financiera del mismo, tiene garantizada la venta de créditos REDD+ por cinco años. Pocos meses antes, la empresa había sufrido el fracaso de un gran acuerdo de venta de créditos REDD+ con un fondo de mercado de carbono con sede en Luxemburgo (el Fondo Climático Althelia). Encontrar un reemplazo rápido bien pudo haber representado la supervivencia del proyecto REDD+.

Para BHP Billiton, el compromiso de comprar créditos REDD+ a un precio fijo de 5 dólares en caso de que los compradores no los quisieran, le brinda una imagen verde a su contaminante minería así como la oportunidad de desviar la atención mundial de su responsabilidad por el mayor desastre ambiental de Brasil, el cual todavía tiene nefastas consecuencias para la población que vive a lo largo del río Doce. La ONG conservacionista Conservación Internacional (CI), con sede en Estados Unidos, también participa en el negocio de los “bonos de bosques”. La CI asesora a BHP Billiton sobre los “bonos de bosques”, forma parte de la Junta de Expertos del Fondo Climático Althelia, participa en un proyecto REDD+ cercano al proyecto REDD+ Corredor Kasigau y es uno de los partidarios más entusiastas de REDD+.

Los “bonos de bosques” de la CFI son una nueva y dudosa forma de consolidar los proyectos REDD+ del sector privado que han sido incapaces de vender sus créditos de carbono. El engañoso nombre de bonos de “bosques” también sugiere que hay más inversiones del sector privado en los “bosques” de las que realmente existen, ya que el capital invertido no se destina a actividades relacionadas con los bosques. El dinero prestado a la CFI – los 152 millones de dólares que recibió de los compradores de “bonos de bosques” – se invierte en el tipo de proyectos comerciales que por lo general financia la CFI. Los poseedores de bonos solamente renuncian a una parte del pago de los intereses que reciben de la CFI, si aceptan recibirlos en forma de créditos REDD+ en lugar de en dinero en efectivo. Si el poseedor de bonos no quiere los créditos, BHP Billiton los asumirá y pagará en efectivo al titular de los bonos. La CFI trabaja con la industria conservacionista para re-etiquetar una inversión comercial en “bonos de bosques”, aun cuando solamente (una parte de) los intereses que paga la CFI al comprador del “bono” se utiliza para subvencionar un proyecto forestal/REDD+.

Así que, además de aumentar las inversiones que bien podrían causar daño a las comunidades locales, la CFI arroja un salvavidas a un proyecto REDD+ administrado por una empresa privada que limita considerablemente el uso de la tierra por las comunidades Taita de la zona del Corredor Kasigau en Kenia. También le brinda a la mayor minera del mundo, BHP Billiton, responsable del mayor desastre ambiental en Brasil, la oportunidad de maquillar de verde su imagen ofreciendo comprar los créditos REDD+ del proyecto Corredor Kasigau que los compradores de los “bonos de bosques” de la CFI no quieran. Una ganancia a tres puntas para el sector empresarial, la industria del conservacionismo y el Banco Mundial, mientras que los costos los pagan las comunidades locales y el clima.

Jutta Kill, jutta [at] wrm.org.uy
Miembro de la Secretaría Internacional del WRM

(1) London Mining Network
(2) Brazil’s River of Mud. Vídeo documental de Aljazeera.
(3) La Corporación Financiera Internacional es el brazo del Grupo del Banco Mundial que financia al sector empresarial.
(4) Comunicado de prensa “IFC Issues Innovative $152 Million Bond to Protect Forests and Deepen Carbon-Credit Markets”
(5) REDD+ es la sigla de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques. Por más información ver http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/mercantilizacion-de-la-naturaleza/redd-3/
(6) Counter Balance (2016): The Kasigau Corridor REDD+Project in Kenya: A crash dive for Althelia Climate Fund. y: Re:Common (2016) Mad Carbon Laundering. How the IFC subsidies mining companies and failing REDD projects. Publicación en cooperación con Counter Balance.
(7) 5 S. Chomba et al. (2016): Roots of inequity:How the implementation of REDD+ reinforces past injustices. Land Use Policy.Volume 50: 202–213.

 

Las compensaciones ambientales en Panamá: una estrategia que abre áreas protegidas para la actividad minera

 

La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones. La concesión se ubica a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá. Para obtener las autorizaciones ambientales, la empresa ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

¿Quién es First Quantum?

Esta empresa canadiense, compró en el año 2013 un 80 por ciento del capital accionario de Minera Panama SA (MPSA) que pertenecía mayoritariamente a la canadiense Inmet Mining/Petaquilla, que ya contaba con la concesión para explotar cobre y oro en la zona. Como la gran mayoría de las empresas canadienses que operan en América Latina, First Quantum cuenta con un historial de acusaciones de violaciones a los derechos humanos en otros países donde ha operado. Un informe de las organizaciones OECD Watch, Oxfam Canada y la organización de Zambia DECOP, ha denunciado que la empresa estuvo involucrada en ese país en el desalojo de pobladores de un área que tradicionalmente habían ocupado, causando graves daños a las comunidades. Otro informe alega que en 2002 la empresa había estado involucrada en la explotación ilegal de los recursos naturales en República Democrática del Congo, en África (1).

En Panamá, la concesión de más de 13.000 hectáreas está inserta en el Corredor Biológico Mesoamericano. Un área de conexión regional de gran riqueza que será severamente dañada por la explotación de cobre por parte de MPSA. Se trata de bosques con un excelente estado de conservación que albergan una riqueza increíble en términos de biodiversidad. La población adyacente es mayoritariamente población campesina e indígena que se dedica a la agricultura de subsistencia y la ganadería.

Las poblaciones aledañas ya vivieron en carne propia los impactos de la minería. Ya que en la misma región operó Petaquilla Gold, que en sus 100 hectáreas de concesión provocó contaminación de ríos, deforestación, impactos en la salud de las comunidades, sin mencionar los cientos de promesas incumplidas. La empresa se vio sumergida en un escándalo financiero. Fue abandonada, dejando en el camino grietas abiertas y piscinas con cianuro que aún hoy son una amenaza latente para los ríos y las personas de la zona, además de miles de trabajadores sin cobrar salarios y otras obligaciones laborales por parte de la empresa.

La compensación de daños incompensables

Minera Panama/First Quantum está obligada a realizar compensación por las pérdidas irreparables al ambiente que la extracción a gran escala de cobre va a generar, de acuerdo a las exigencias que el gobierno le marcó para darle las autorizaciones ambientales. La empresa se ha comprometido a seguir los estándares a los que obliga la Corporación Financiera Internacional (CFI), el ala privada del Banco Mundial, por lo que ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

La mina aún no ha comenzado a operar. No obstante, y tal vez para apaciguar a las ONGs conservacionistas que promovieron la declaración del Corredor Biológico Mesoamericano como área protegida y a las voces de los pobladores locales que se oponen a la destrucción masiva que el proyecto va a generar, si ha montado una fuerte campaña de promoción de sus actividades. Estas incluyen varios programas como parte de su estrategia de compensación. De acuerdo a su página en internet, la empresa “está comprometida a mantener un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y ser un líder mundial en la gestión de la biodiversidad.”

El WRM realizó una visita a la zona a finales del 2016 para conversar con pobladores locales y conocer de primera mano lo que sucede a nivel local.

Entre los planes de compensación por pérdida de biodiversidad que la empresa tiene previstos, se encuentra la reforestación de 7.300 hectáreas. Esta plantación serviría para compensar las pérdidas irremediables que el proyecto minero va a generar en la zona del Corredor Mesoamericano. Los pobladores locales con los que conversamos en la zona de Coclecito conocían que la empresa estaba llevando a cabo planes de reforestación. A pesar de la gran propaganda en el sitio web de la empresa, durante la visita apenas pudimos ver unas pocas matas de café y unos pocos árboles nativos plantados en un borde empinado de la carretera.

En la de por sí absurda lógica de la compensación, parece aún más difícil imaginar que unas matas de café y unos pocos árboles puedan compensar por la pérdida de los bosques de la región que brindan refugio a una gran diversidad de fauna y flora, incluso a especies endémicas amenazadas de extinción y que además son de suma importancia para las comunidades locales que los usan cotidianamente. (2)

Además, debido a que varias especies que habitan la zona evidentemente verán su hábitat destruido, la empresa ha hecho convenios con organizaciones internacionales en un intento de salvar algunas de estas especias – y así mejorar su imagen. Por ejemplo, su asociación con la organización Sea Turtle Conservancy busca proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción que precisamente anidan en la costa caribeña que ahora será impactada por el puerto de aguas profundas que será utilizado para extraer el mineral.

Otro de los planes de compensación que la empresa presentó se trata de apoyar la gestión de las áreas protegidas que rodean la concesión: parque Santa Fé y Omar Torrijos, así como la creación de una tercera área de uso múltiple en Donoso, totalizando unas 250.000 hectáreas. Minera Panamá dice que cubrirá los gastos para equipos, infraestructura, monitoreo biológico, la educación y un programa de capacitación que beneficia a los guardaparques en todas las áreas protegidas de Panamá.

Aquí yace otra de las grandes falacias de los mecanismos de compensación. Las corporaciones ni siquiera deben montar sus propios planes de compensación, ya que han encontrado un camino que las libera de la responsabilidad de implementar un proyecto de compensación y lo que es más importante, las libera de la responsabilidad y el costo de mantener dichos proyectos, sobretodo una vez que la mina haya dejo de funcionar.

Además, uno de los conceptos subyacentes de la compensación es que estos deben ser “adicionales”. Es decir, los promotores de un proyecto de compensación tienen que demostrar que de no ser por ese proyecto el área que ahora pretenden conservar hubiese sido destruida. Lo que no es el caso en las áreas protegidas.

Usando métodos ilegítimos, como lo es la compensación de daños incompensables, Minera Panama se apresta a abrir y destruir los bosques Panameños ubicados sobre el Corredor Biológico. Los mecanismos de compensación se basan en una lógica mercantilista que entiende un bosque como un conjunto de partes independientes e intercambiables. Una gran diferencia con respecto a la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, que ve al bosque como un todo interconectado e interdependiente incluso con ellos mismos, para quienes permitir la destrucción y fragmentación de un área tan rica como lo es el Atlántico caribeño es criminal.

Teresa Pérez, teresa [at] wr.org.uy
Miembro del Secretariado Internacional del WRM

(1) Ver informe de Mining Watch Canada titulado “Supporting Communication to the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Poeples”
(2) Análisis Económico y distributivo de la actividad Minera en Panamá, The Nature Conservancy.