El Pleno del Congreso rechazó la insistencia de la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, respecto a la modificación de los artículos 29 y 33 de la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal, con la finalidad de promover el desarrollo del proceso de zonificación forestal en las diferentes regiones del país.
La votación fue de 53 votos en contra, cincuenta a favor y doce abstenciones. La propuesta planteaba modificar el artículo 29, que señalaba que los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del SERFOR, sobre bosques de categorías 1 y II de la zonificación forestal, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas.
Además, el Estado promueve la gestión integral de estos bosques. Para ello, la autoridad regional forestal y de fauna silvestre elabora, directamente o a través de terceros, y aprueba el Plan Maestro de Gestión que contiene, como mínimo, la identificación de sitios que requieran tratamiento especial para asegurar la sostenibilidad del aprovechamiento, las rutas de acceso, las vías comunes y los puntos de control.
Previo a su establecimiento, el Estado realiza la evaluación de impacto ambiental y la consulta a la población que pueda verse afectada por su establecimiento. Los bosques de producción permanente son supervisados por el jefe de la correspondiente Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS).
Sobre el artículo 33, indicaba que la zonificación forestal es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del SERFOR en base al expediente técnico elaborado por el Gobierno Regional y con opinión previa del Ministerio del Ambiente.
En sus disposiciones complementarias transitorias, indica la suspensión de la obligatoriedad de exigir la Zonificación Forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes.
Para la implementación de la presente disposición, el Gobierno Regional acreditará ante el SERFOR los avances en la aplicación de la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, según los criterios por dos años, contabilizados a partir de la publicación de la presente Ley, siempre que el Gobierno Regional haya instalado el Comité Técnico y hasta por un año, siempre que se cuente con el expediente técnico de Zonificación Forestal listo para su socialización.
La legisladora Nilza Chacón Trujillo (FP), presidenta de la Comisión Agraria, dijo que la norma es viable y resuelve una serie de limitaciones de la ley 29763, estableciendo medidas transitorias para garantizar mayor seguridad jurídica, el disfrute de los recursos naturales y el desarrollo de miles de agricultores familiares a través de la regularización de la situación jurídica de los predios titulados o con constancias de posesión que están haciendo agricultura actualmente. «De esta forma, se evita su criminalización y se promueve su desarrollo», señaló.
La congresista María Taype Coronado (PL) presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, indicó que la autógrafa observada por el Ejecutivo presenta una amenaza a la Amazonía perjudicando a los agricultores de esa zona poniendo el riesgo la vida equilibrada de las personas.
Elizabeth Medina Hermosilla (BM) indicó que no se debe pisotear los derechos ambientales. El congresista Edwin Martínez Talavera (AP) indicó que el proyecto asegura que no se va a seguir talando árboles en la Amazonía Peruana. La congresista Jeny López Morales (FP) pidió que el Congreso apoyé a los agricultores de las comunidades nativas y campesinas votando a favor de este proyecto.
La legisladora Ruth Luque Ibarra (CD) expresó su preocupación por un ordenamiento forestal y planteó una cuestión previa para que retorne a comisión, pero fue rechazada por mayoría. La congresista Francis Paredes Castro ((BM) y Susel Paredes Piqué, solicitaron que se realice una consulta previa a los pueblos indígenas.
