Escribe Iara Urbina/Gran Angular
“Todos aquí vieron como se iba muriendo mi madre, vieron a mi familia pasar esa etapa muy triste sin ayuda del Estado”, narra Maximiliana Taquima, hija de Margarita Ccahuana, ella fue testigo de cómo el cáncer renal le ganó la batalla a su madre, quien falleció de acuerdo a estudios por estar expuesta a la contaminación con metales pesados en Espinar, provincia de Cusco.
Tintaya tiene nueve multas que ascienden a 416, 787 dólares por incumplir normas de protección ambiental.
Ccahuana vivió en la comunidad Alto Huancané, muy cerca de la minera Xtrata Tintaya y de la presa de relaves Ccamacmayo; ella primero vio morir a sus animales, luego la alarma fue mayor cuando empezó a sentir malestares físicos. Para el año 2010, cuando el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) del Ministerio de Salud realiza un estudio y Ccahuana participa para pasar por pruebas de sangre y orina, y se constata que tenía niveles muy elevados de plomo, mercurio, arsénico y cadmio -que excedían considerablemente el límite permitido-. Pero lo peor llegó después, cuando luego de recibir sus resultados, nadie le brindó ayuda médica.
Sin saber a quién acudir y tras años de vivir enferma, Ccahuana decidió –a inicios de este año- pedir ayuda al Instituto de Defensa Legal (IDL). Mediante una carta notarial explicó que se sentía abandonada por el Estado, ya que el sector salud y ambiente no asumieron sus responsabilidades respecto a la contaminación en la zona, y enfatizó la ausencia de políticas de protección. Pese a las diversas denuncias y a los resultados arrojados por Censopas, ella no recibió atención oportuna en salud. El IDL asume su defensa, a fin de que se le restituyan sus derechos, además de pedir sanción a los responsables de la contaminación, ella había iniciado una lucha por buscar justicia, sin embargo no pudo resistir al cáncer que ya había mellado su salud.
Pasó sus últimos días en Arequipa porque el hospital de su provincia no estaba implementado para atenderla, fue ahí donde falleció de un choque séptico y una insuficiencia cardio respiratoria concomitante a un cáncer renal, con la contribución de la exposición e intoxicación crónica por cadmio y arsénico, metales que contribuyeron a su muerte; tal como se señala en su certificado de defunción.
Ingreso de la mina
Las actividades mineras se iniciaron en Espinar con la empresa Especial Tintaya S.A en el año 1984; pero en 1990 se privatiza con Magma Tintaya y luego pasa a ser de la empresa BHP, la cual en 2001 se asocia con Billinton, creando BHP Billinton Tintaya S.A. Es posterior a eso, en el año 2006, que la empresa Xtrata Tintaya S.A asumió la responsabilidad de la unidad hasta el 2012, cuando se fusiona con Glencore, y crean el proyecto Antapaccay, que produce concentrados de cobre.
“La presencia de arsénico, plomo, mercurio y cadmio generan daños en el sistema nervioso, sistema inmunológico, además alteración renal y reducen la expectativa de vida y de rendimiento”.
Espinar, una de las trece provincias que tiene Cusco, hasta hace una década se caracterizaba por ser potencia en la producción ganadera de ovinos y vacunos, hoy es un lugar sombrío, donde su población tiene serios problemas de salud.
De acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la empresa Xtrata Tintaya tiene nueve multas que ascienden a 416,787 dólares, por incumplir normas de protección ambiental.
Es importante destacar que la contaminación con metales pesados fue el motivo por el cual la población de Espinar se levantó a protestar el año 2012, donde se expresó un rechazo masivo a la empresa minera Xtrata Tintaya. El saldo de los enfrentamientos fue de tres muertos y el alcalde de entonces, Oscar Mollohuanca, fue detenido.
Impactos en la salud
La explotación minera lleva alrededor de 30 años, la zona es un territorio de altas concentraciones de metales pesados lo que ha originado que los pobladores de Espinar que están más cerca a la Unidad Minera Tintaya, sufran impactos negativos en su salud: “La presencia de metales pesados, principalmente arsénico, plomo, mercurio y cadmio generan daños en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, además alteración renal, alteración hepática y obviamente reducen la expectativa de vida y la expectativa de rendimiento de las personas adultas y con mayor razón de poblaciones susceptibles como son niños, en quienes los daños pueden llegar a ser irreversibles, al igual que en gestantes”, sostiene Fernando Osores, médico ambientalista que investiga el caso de contaminación en Espinar.
Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, pero no se ha implementado por falta de presupuesto.
Osores señala que la muerte de Ccahuana pudo haberse evitado si, luego del estudio del Censopas 2010 —que demostró que la mujer estaba en riesgo—, se le hubiera brindado la atención necesaria, pues metales como plomo, mercurio, arsénico y cadmio, son altamente tóxicos y eso está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS); sin embargo, la mujer jamás recibió seguimiento por parte del Estado para tratar su enfermedad, a pesar de que los resultados médicos evidenciaron el impacto en su salud. Tampoco ha dado seguimiento a la salud de la población tras los resultados médico, ha habido un silencio cómplice.
“En el caso de Margarita Ccahuana se ha dañado a la persona, el Estado falló, incumplió su obligación de garante y ya no puede reparar el daño porque ella falleció. Lo que deben hacer es indemnizar a los herederos”, sostiene Juan Carlos Ruiz, abogado de IDL.
Estado de brazos cruzados
Hace cinco años se hizo el primer estudio a cargo del Censopas, cuando ya habían indicadores de contaminación en la zona, sin embargo hasta la fecha no se ha implementado el Plan Integral de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, el cual fue creado por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Cusco, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas alegó la falta de presupuesto, pese a que en esta provincia, la tercera causa de morbilidad es el cáncer.
Los estudios del Censopas del año 2010 y del año 2013 arrojan que todos los evaluados están contaminados.
El IDL publicó la respuesta de la Diresa de Cusco frente a la demanda de cumplimiento que presentaron diversas organizaciones de Espinar, la procuradora del Gobierno Regional de Cusco afirmó entre otros temas álgidos, que si bien hay un Plan Integral de intervención integral en salud para la provincia de Espinar en la contaminación por exposición a metales pesados y otras sustancias químicas 2013-2014, este no ha podido implementarse por falta de presupuesto; y que pese a haber una verdadera emergencia sanitaria, el Gobierno Regional no ha sido capaz de articular, coordinar y dar respuesta, junto con el Gobierno Central a un problema crítico, negligencia que involucra al Ejecutivo, Gobierno Regional y la Dirección de Salud.
Además, el Estado omitió las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo hizo a inicios de este año, donde instó a que “el Estado adopte medidas apropiadas e implemente acciones inmediatas para asegurar la efectividad y plena vigencia del derecho de salud de los pobladores de las comunidades campesinas de Alto Huancané y Huisa, así como de toda la provincia de Espinar, región Cusco”, además recomendó que se promocione un sistema de atención a los afectados, se realicen monitoreos permanentes y adopten las medidas necesarias para que la Dirección Regional de Salud de Cusco cumpla con los procedimientos establecidos para la prevención, seguimiento y tratamiento de enfermedades en las poblaciones afectadas.
A eso se suma que hasta la actualidad se desconozca en qué porcentaje la fuente de contaminación es natural y en qué porcentaje es antropogénica (por resultado de actividades humanas), a pesar de haberse realizado dos estudios a cargo del Censopas en el año 2010 y 2013, donde colaboraron instituciones como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), entre otras.
“Con la tecnología que tenemos, hace rato que el Estado debió haber determinado cuánto es fuente natural y cuánto es contaminación antropogénica, para tomar las medidas a fin de remediar y permitir que las actividades agropecuarias y el desarrollo normal de la mina, se desenvuelvan en armonía; pero el Estado no lo quiere hacer”, manifiesta Fernando Osores.
Ante la negligencia estatal el IDL presentó una demanda de cumplimiento donde se le pide al juez que exija al Estado la atención en materias de salud, ambiente e integridad de las personas de dicha provincia: “El Estado debe cumplir con todo lo que ha venido obviando, no ha cumplido con su deber de atender en salud a esas personas a pesar que hay un estado muy crítico”, comenta Ruiz.
Los cuestionamientos del Censopas
Debido a que los dos estudios realizados por el Censopas en Espinar, en el año 2010 y 2013, han sido cuestionados, autoridades de la comunidad Huisa han solicitado al Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, se investiguen las irregularidades cometidas en dichas investigaciones.
Es de conocimiento público que el estudio del CENSOPAS del año 2010, fue financiado por la compañía minera Quechua S.A. y no fue iniciativa del Estado, tal como lo señala el propio Ministerio de Salud, mediante una carta remitida desde el Instituto Nacional de Salud a la directora del Censopas, María del Carmen Gastañaga.
“Ningún doctor quiere ir a trabajar a Espinar, a pesar que les ofrecen sueldos muy buenos, por eso no hay especialistas”.
Dicho estudio, denominado “Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar, Cusco, 2010”, evaluó a 506 personas, y señaló que existe presencia de metales pesados en agua de consumo humano en Espinar y en las personas evaluadas en la investigación, además recomienda determinar las fuentes de exposición a metales pesados hallados en los pobladores.
Convoca hizo público los resultados de los dos estudios realizados por Censopas en los años 2010 y 2013, la investigación revela que el 100% de las personas analizadas están contaminados con metales pesados. Este organismo del Estado en vez de dar a conocer los resultados ocultó información poniendo en riesgo la salud de la población de Espinar.
Los resultados del estudio del año 2010 señala que el 100% de las personas evaluadas, están contaminadas: 332 con arsénico, 231 con mercurio, 254 con cadmio y 492 con plomo. Asimismo, 29 muestras superaron los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS): arsénico (24), mercurio (11) cadmio y plomo (9), afirma Convoca.
El año 2013, el Censopas llevó a cabo una segunda investigación, cuyo resultado está en el“Informe final de monitoreo sanitario y ambiental de Espinar”, que arroja que el 100% de las personas que viven en las comunidades directamente afectadas por la actividad minera, se encuentran expuestas a la presencia de arsénico, talio y plomo. Además el estudio, realizado a 180 personas, verificó la existencia de contaminación asociada a la actividad de la empresa minera Xtrata Tinyata, en el 52,71% del total de puntos monitoreados en dicha localidad.
Es claro que para la salud de las comunidades afectadas por contaminación no hay presupuesto, no hay Estado ni derechos.
La investigación de Convoca, señala que en 52 casos se hallaron niveles por encima de los parámetros de la OMS. Además en 32 casos se registró una fuerte presencia de arsénico y plomo.
Actualmente un grupo de funcionarios que estuvieron a cargo del estudio se encuentran denunciados por la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (Adepami), por haber ocultado información sobre la presencia de metales pesados en el organismo de las poblaciones que viven cerca al proyecto minero Tintaya–Antapaccay.
El biólogo e investigador principal del estudio del Censopas del año 2013, Carlos Sánchez, hace sus descargos: “la información es falsa. El laboratorio de EEUU —donde se enviaron las muestras— después vio que habían otros metales que salieron en las muestras de orina, porque ellos hacen todo un análisis y sus máquinas detectaron todo; entonces, en otra oportunidad, nos han mandado los demás resultados y para ese entonces, nosotros ya habíamos presentado los primeros, por lo cual desgraciadamente nos tomó un año volver a Espinar a entregar los demás resultados. En ningún momento se intentó ocultar información”, enfatiza Sánchez.
Pero dicha versión se contradice con las cartas enviadas por la agencia estadounidense Centers for Disease Control and Prevention (CDC) —la cual se encargó de evaluar las muestras en metales pesados— debido a que envío dos misivas, una con seis metales y otra con once.
¿Espinar lugar invivible?
Margarita Ccahuana no es el único caso de muerte por cáncer en Espinar, y que además fue evaluada por un organismo del Estado, hay otros casos. “Hay personas que han muerto por cáncer renal; a las últimas dos personas que han fallecido acá, les han encontrado agua en su estómago, una enfermedad muy rara que nosotros notamos, dicen que es cáncer, eso nos preocupa bastante”, comenta Juan Magaño, presidente de la comunidad Huisa, ubicada entre la minera Tintaya y la presa de relaves Huinipampa.
Melchora Surco, presidenta de Adepami, narra que en su comunidad las personas no pueden respirar con normalidad y que incluso algunas están perdiendo la visión: “El Estado no nos ha atendido, nosotros no tenemos dinero para comprar los medicamentos que nos piden”, comenta.
Además el Centro de Salud de Espinar presenta serias deficiencias pues carece de personal médico, prueba de ello es que no hay un anestesiólogo. “No sabemos realmente cuánta gente de Espinar tiene cáncer porque probablemente se van a Arequipa o a Lima y allá los detectan, por eso no hay una cifra de cuánta gente muere por cáncer en Espinar. Además ningún doctor quiere irse a vivir a allá, a pesar que les ofrecen sueldos muy buenos, por eso no hay especialistas”, señala Sánchez.
La contaminación en Espinar es tan elevada que incluso trabajadoras de salud de dicha provincia tuvieron que realizar una carta dirigida a la ex ministra de salud, Midori de Habich Rospigliosi, donde se solicita “el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo (N.° 29783)”, debido a que también denuncian contaminación por metales pesados en sus cuerpos.
Asimismo, una fiscal de Espinar presentó una solicitud dirigida a Darwin Pinto Huaman, integrante del Ministerio Público del distrito judicial del Cusco, donde requiere una dotación mensual de seis bidones de agua mineral sin gas, para el consumo diario del personal de la Fiscalía Provincial de Espinar, en vista que “las aguas de esta provincia están contaminadas por las diferentes minerías que se explotan, en salvaguarda de la salud de todo mi personal en esta sede Fiscal”, cita el documento.
Frente a los diversos sucesos, el Estado no ha hecho nada por los pobladores de Espinar, quienes viven en pobreza, carecen de agua potable y ni siquiera se benefician de programas sociales, a pesar que sus tierras han generado ganancias millonarias para el Estado. “Hay mucha pobreza extrema, familias que no tienen ni qué comer. La comunidad no recibe ni Pensión 65, ni Juntos, ni el balón de gas que nos prometieron, no tenemos nada por parte del Estado. Antes por cada familia criábamos 100 ovinos, 200 ovinos, ahora tenemos 5 o 7 ovinos y eso es por la contaminación.”, cuenta Magaño.
Maximiliana Taquima señala que el Estado es indiferente con las personas que no reclaman: “Nosotros nunca hemos hecho ningún problema ni hemos ido a reclamar a nadie, el Estado solo hace caso a los que se levantan y crean problemas, a ellos sí les dan ayuda”. Taquima agrega que fue muy difícil trasladar a su madre de un lado a otro, más aún si no tienes movilidad ni dinero, dice. “Muchas veces tuve que cargarla en mi espalda para llevarla de un lugar a otro porque ella ya no podía caminar”, relata.
¿Por qué el Estado teniendo una serie de incidentes, además de dos estudios a cargo del Ministerio de Salud, a través de Censopas (años 2010 y 2013) no ha actuado para atender la salud de la población de Espinar? El abogado Juan Carlos Ruiz responde que hay un estado de indefensión y abandono total, es claro que para la salud de las comunidades afectadas por contaminación no hay presupuesto, no hay Estado ni derechos.
Fuente: Gran Angular
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