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La Fiscalía General de Venezuela informó este jueves que capturó a tres sujetos y emitió orden detención para otros tres, entre ellos dos funcionarios del Estado, por estar implicados en una red delictiva que sacrificó aproximadamente a 900 tiburones para vender de forma ilegal en el extranjero sus aletas.
«Para reunir 860 kilogramos de aleta de tiburón estas personas debieron sacrificar un aproximado de 900 tiburones de diferentes tallas (…) un delito internacional como es el tráfico ilegal de peces en peligro de extinción o en amenaza», indicó el fiscal general, Tarek William Saab en una rueda de prensa ofrecida en Caracas.
Una resolución que data de junio de 2012, limita en Venezuela la pesca de tiburones, y prohíbe el aleteo.
El aleteo es una cruel práctica que consiste en capturar al tiburón, una especie en peligro de extinción y necesaria para la preservación del ecosistema marino, cortarle las aletas y regresarlo aún vivo al mar, donde el animal muere desangrado.
Esta actividad, al igual que la captura de erizos, caballos de mar y otras especies en peligro de extinción busca satisfacer principalmente el mercado asiático.
Saab informó que el cargamento incautado estaba valorado en 250.000 dólares, e indicó que se continúan realizando allanamientos en el estado La Guaira (norte) para la desarticulación completa de esta banda.
Por este caso se emitió privativa de libertad a Moisés Echarry, Luis Capitillo y José Robaina, y una medida cautelar contra Gabriel McConlley, por contrabando agravado, asociación para delinquir, pesca ilícita y forjamiento de documento público, así como contra Francisco Pichardo y Carlos Romero, gerentes del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Insopesca).
Esta organización fue desmantelada tras la detección de una carga que llegó a Hong Kong con un lote de caballitos de mar y aletas de tiburón, bajo un registrado tramitado de forma irregular por la empresa KRM.
Con información de Sputnik
