Por Elizabeth Salazar Vega
Un acuerdo firmado el 2018 entre el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica permite la construcción de dos represas para desviar más agua de las lagunas altoandinas, pero no detalla obligaciones ni beneficios para la población que vive y depende de estas. Ellos no cuentan con agua potable, y su solución no está contemplada en el pacto.
https://ojo-publico.com – lvis Escobar vive al pie de la Laguna Pariona, en las heladas pampas de Huancavelica. Desde su puerta se ven los restos de lo que alguna vez fue un próspero criadero de truchas: ahora, donde antes hubo millones de litros de agua, ahora hay un descampado de tierra blanca, seca y agrietada. Es el lecho de la laguna que se empezó a extinguir hace siete décadas, desde que un proyecto del Gobierno ordenó desviar sus aguas para para abastecer a proyectos agrícolas.
Elvis es presidente de la “Asociación de Productores de Truchas y Alpacas Los Ángeles”, que reúne a 50 criadores de trucha de la provincia de Huaytará, pero en esta temporada no hay peces que criar, ni agua suficiente para sus alpacas. En estos días es solo el guardián de una laguna seca.
“El ecosistema se alteró desde que construyeron un canal para enviar toda el agua a Ica. Perdimos negocios, animales y una laguna hermosa. Podemos compartir este recurso, pero debemos beneficiarnos los comuneros de las dos regiones, no solo ellos”, dice Elvis.
El dirigente se refiere al Sistema de Trasvase de Choclococha, una obra construida en 1950 para represar con material impermeable los bordes de tres enormes lagunas de la cuenca alta de Huancavelica (Orcococha, Choclococha y Ccaracocha), a fin de juntar más agua y derivarla a la costa de Ica.
El líquido es desviado por ductos de cemento, de unos 55 km de largo, que atraviesan esta región altoandina que sobrevive de la crianza de camélidos y tiene al 50% de su población en extrema pobreza. Quienes demandan el recurso son las grandes agroexportadoras de palta, espárragos y uvas que han sobreexplotado sus propios acuíferos, las mismas que —al término de este 2018— habrán facturado ventas por mil millones de dólares. El valle iqueño de Villacurí es una de las zonas más críticas por estrés hídrico. Allí 139 agroexportadoras pugnan por acceder al agua para no perder sus millonarios cultivos.
Las compuertas del trasvase permanecen cerradas casi todo el año, por eso grandes tramos de la Laguna Pariona y de otros estanques se secan hasta casi desaparecer. Solo se abren los meses de estiaje costero, de setiembre a octubre. Cuando ello sucede, Eudosia Martínez y sus vecinos de la comunidad huancavelicana de Santa Inés huyen de casa con lo que tienen puesto, pues corren el riesgo de que los ríos y lagos ubicados en la ruta se desborden por la fuerza del torrente.
“En cualquier momento Santa Inés va a desaparecer. Si no es por la inundación, será por el friaje. Nosotros sí queremos compartir porque con Ica somos como hermanos, pero no recibimos apoyo de ninguna de las dos regiones. Seguimos aislados”, cuenta Eudosia mientras muestra los daños que causó la última crecida del caudal en su casa de quincha.
A pocos metros de ello, aprovechando las filtraciones de la laguna, su vecina Cleta Durand lava la ropa. “Solo para esto sirve, porque también está contaminada por culpa de las mineras. Hace años no podíamos ni siquiera tocar el agua, había guardias cuidando el canal. Todo era para Ica”, dice Cleta.
Los pobladores de Santa Inés, Carhuancho, Choclococha, Pilpichaca y todas las comunidades aledañas a este trasvase, que desvía 83 millones de metros cúbicos anuales a la agroexportación, no cuentan con agua potable. Se abastecen del líquido entubado que proviene de los puquiales.
Tras siete décadas de tensiones —agudizadas desde 2005 por la intención del Gobierno Regional de Ica de construir nuevos ductos sobre los bofedales huancavelicanos— en marzo del año pasado el Ministerio de Agricultura y los gobernadores de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez; y de Ica, Fernando Cillóniz, firmaron un convenio al que bautizaron como “La hermandad del agua” y que, aseguran, acabará con el conflicto.
El pacto incluye la creación de dos nuevas represas para derivar más agua a la agroexportación costera; ya no en la parte alta de la cuenca, sino en una zona media, casi limítrofe con Ica. Sin embargo, la forma cómo llegaron a este acuerdo y los beneficios concretos que obtendrá Huancavelica a cambio no están claros.
Una de las represas se construirá sobre la lánguida Laguna Pariona, pero Elvis Escobar ni sus vecinos alpaqueros de Huaytará conocen los detalles del proyecto. El mismo alcalde de su provincia, Jesús Huarcaya, admitió a Ojo-Publico.com que no leyó el acuerdo firmado.
El trato
La mañana del 28 de febrero de 2018, Silvano Guerrero, dirigente de la Comunidad Campesina de Alto Pampas, recibió la llamada de un funcionario del Gobierno Regional de Huancavelica que lo invitaba, dentro de dos días, a asistir a Palacio de Gobierno para la firma de un “convenio de colaboración y afianzamiento hídrico” que celebrarían con los vecinos de Ica. Guerrero, representante de los comuneros que viven alrededor del Trasvase Choclococha, y quien en 2007 lideró con éxito una protesta para que el Estado no construya ductos sobre sus humedales, no sabía de qué convenio le estaban hablando.
En las fotos oficiales, tomadas el 2 de marzo de 2018 en Palacio de Gobierno, aparecen el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski; la extitular del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz; el exministro de Agricultura, José Arista; y los gobernadores de Ica, Fernando Cillóniz; y de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez. Además de otras autoridades locales y regionales que resaltaron el “largo proceso de diálogo y entendimiento” para llegar a este acuerdo. Ningún dirigente de las comunidades involucradas estuvo presente.
El convenio lleva el nombre de “Sistema de afianzamiento hídrico de los valles de Ica y Pisco, en Ica, y áreas irrigables de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica” y, según los comunicados oficiales, está “orientado a impulsar el desarrollo de la agricultura” con la construcción de dos nuevas represas y la habilitación de sistemas de riego todo el año.
Los beneficiados
Hay dos caminos para llegar a la zona donde nace el trasvase: la comunidad de Choclococha. La trocha zigzageante de la izquierda, escoltada por rocas y cerros, nos lleva a las casas de 297 comuneros, casi todos alpaqueros que a diario recorren kilómetros para buscar pasto fresco con que alimentar a sus animales. La ruta de la derecha nos guía a un pueblo fantasma de quincha y barro, donde todavía se distingue el campanario de una iglesia. Esta era la ciudad original, pero fue destruida hace décadas luego que el canal se desbordara por la excesiva acumulación del agua y la negligencia de sus operadores.
“Teníamos un pueblo hermoso, con plaza, escuela e iglesia, pero nos vimos forzados a trasladarnos al otro extremo, en suelo rocoso y sin pastizales. Desde que se interrumpió el ecosistema natural, el agua no se filtra a los bofedales y las tierras de pastoreo se secan, por eso nos vemos obligados a vender nuestro ganado, por falta de alimento para ellos. Sufrimos ya tantos años por esta represa. Hicimos un acuerdo con el PETACC para que la presa no pase de los 50 metros de alto, pero lo desconocieron, y ahora nos dicen que lo elevarán más. La gente que vive abajo quiere más agua, pero por lo menos nos tienen que indemnizar”, dice Nemesio Quispe Solano, presidente de la comunidad.
La compensación a los pueblos afectados no forma parte del convenio. El pago por el agua que Cillóniz anunció en Palacio de Gobierno es una iniciativa acordada en 2017 en la MANRHI, producto de las mesas de diálogo, y se trata de un aporte voluntario como parte del programa de conservación ambiental denominado Merese (Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos) y que se usaría para sembrar y cosechar más agua.
En agosto del año pasado el exgobernador huancavelicano, Glodoaldo Álvarez, aseguró ante la prensa que esta retribución significaría unos S/ 7 millones anuales de ingresos para Huancavelica, pero en la última reunión de la MANRHI, el presidente de esta entidad, Luis Chiquillanqui, precisó que la cifra real bordearía los S/ 193 mil.
Los principales usuarios del agua en la zona costera, y quienes deberán costear este aporte, son las grandes agroexportadoras representadas por la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), la misma que formó parte activa de las mesas de diálogo. Entre sus afiliados encontramos a las tres principales exportadoras del sector: Agroindustrial Beta; la agroexportadora Drokasa, vinculada al exsecretario de Fuerza Popular José Chlimper; y a Procesos Agroindustriales, de la Corporación Cervesur.
Como parte de la serie investigativa publicada el año pasado Los Dueños del Agua, Ojo-Publico.com identificó el número de derechos permanentes y temporales que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) entregó a estas y otras compañías para extraer el recurso. El análisis revela que Agroindustrial Beta es la compañía agroexportadora con mayor número de licencias de explotación del acuífero del valle en Ica.
La JUASVI y la Empresa Municipal de Agua Potable de Ica (Emapica) ya acordaron aumentar la tarifa de uso del agua en un 10% para pagar esta compensación, y están solicitando que la Junta de Usuarios de Riego La Achirana e Ica, que reúne a pequeños agricultores, realice el mismo aporte.
El acuerdo debió incluir detalles precisos sobre los beneficios que recibirá Huancavelica, pero esto aún no ha ocurrido.
Ismael Muñoz es profesor del Departamento de Economía de Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coautor del libro Aguas en Disputa, que recoge los intentos de diálogo que mantuvieron los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica para lograr el uso compartido del agua. Él destaca la transferencia del PETACC a ambas regiones y la creación de la MANRHI como hitos en estos años de diálogo, pero muestra preocupación por las demandas que quedaron pendientes y no fueron incluidas en el convenio.
“El acuerdo debió incluir detalles precisos sobre los beneficios que recibirá Huancavelica y esto pasa por un trato equitativo para evitar nuevos conflictos. Se ha avanzado mucho en el diálogo, pero la falta de comunicación podría afectar todo el proceso. Esperamos que este acuerdo político se alimente de proyectos concretos y solucione las demandas pendientes de todas las comunidades”, añadió.
El entonces gobernador de Huancavelica aseguró que los huancavelicanos sí sacarán provecho de este pacto, pues se diseñarán proyectos de siembra y cosecha del agua, se construirán cochas, se hará un inventario de lagunas y se tenderán sistemas de riego. Al preguntarle con qué recursos se concretarán estas obras, dijo que ese aspecto quedó pendiente. “El mecanismo Merese es un pago voluntario. En realidad, necesitamos que el Congreso apruebe el cobro de un verdadero canon del agua para tener recursos directos. Pero los compromisos están y la voluntad política también. Es el mejor acuerdo que pudimos lograr”, añadió Álvarez.
Los acuerdos adoptados en las mesas de diálogo y las promesas que no llegaron a aterrizar en el convenio firmado en marzo de 2018 están ahora en manos de los nuevos gobernadores regionales: Maciste Díaz (Huancavelica) y Javier Gallegos (Ica). Ellos decidirán si continúan y perfeccionan las propuestas o vuelven todo a fojas cero.
|
Mal negocio para partes altas El caso de Huancavelica-Ica no es el único de campesinos indígenas perjudicados por dejar correr agua a la costa. Según informa Hildebrandt en sus trece en el artículo “El pueblo que odia a Vizcarra”, en la edición del 06-04-2018, para hacer en Moquegua la Irrigación Pasto Grande, el Gobierno Regional de Moquegua, presidido por Martín Vizcarra, engaño a agricultores puneños de la provincia de Ácora para que vendieran sus tierras a Moquegua, a cambio de participar en los beneficios de la mencionada irrigación. Nada de eso se cumplió y los puneños perdieron, como se dice, soga y cabra. [Nota de Con nuestro Perú] |
El Ojo Público, 20-01-2019
Artículo relacionado
Gravísima situación de seguridad nacional y de explotación laboral en Ica
2 comentarios
Para qué quieren Arica y tarapaca. Si no pueden con lo que tienen
Traidor
El gobernador regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez, ya sabe los daños y perjuicios que sus paisanos han sufrido por dar agua a Ica y pese a eso está en tratos para seguir proporcionando el recurso a las empresas agroexportadoras de Ica.
Si ese personaje no fuese traidor a su pueblo, no solo debería negarse a ceder el agua de Huancavelica sino exigir indemnización.