Alfredo Palacios Dongo
El pasado 24 de noviembre se descubrió la mayor cantidad de madera ilegal de nuestra historia en el puerto de Iquitos, 1,312 m3 de pies tablares, volumen equivalente a 60 camiones de carga pesada y valorizada en S/. 1,600 millones, una parte en almacén y otra a bordo del buque Yacu Kallpa (bandera panameña) para ser transportada hacia México y EE UU, la cual no pudo ser descargada por falta de capacidad logística y presupuesto, prosiguiendo la nave su viaje con custodia de la madera a cargo del capitán del buque por disposición fiscal. Según el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales (Osinfor) dicha madera provenía de zonas no autorizadas de la Amazonía utilizándose documentos oficiales con información falsa.
Madera ilegal lista para ser transportada a México y EE. UU.
En las Operaciones Amazonas 2014 y 2015 se registra en las regiones Loreto y Ucayali evidencia de riesgo en exportaciones de madera por infracciones en derechos de aprovechamiento forestal. Osinfor ha determinado que hasta octubre 2015 se movilizaron ilegalmente más de 47 millones pies tablares (cumala, tornillo, lupana, capirona), además de títulos habilitantes con información falsa no incluidos en la base de datos de Osinfor, registrando más de 10 millones pies tablares extraídos en áreas no autorizadas, movilizaciones de millones de m3 de madera por autorizaciones agroforestales y permisos forestales en bosques locales provenientes de árboles no autorizados, no sujetos a supervisión de dicho organismo.
Bajo este panorama, debido al manejo irresponsable de bosques y débil control del comercio ilegal de productos forestales, la tala y tráfico de madera en nuestro país es una de las 3 actividades ilícitas más rentables asociadas al lavado de activos, junto con el narcotráfico y la minería ilegal. Según estimación del Banco Mundial (2013), 80% de nuestras exportaciones madereras se produce ilegalmente con documentación falsa.
Para reducir la tala y tráfico de madera ilegal que afectan gravemente los recursos forestales es necesario: 1) Mayor intercambio de información (en línea) entre entidades involucradas al sector forestal; 2) Rígido control sobre títulos habilitantes, planes operativos anuales (POA) y permisos (identificación de factores de riesgo y aprovechamiento), que asegure la procedencia legal de madera; 3) Imprescindible certificación de guías de transporte y del origen de la madera antes de ser exportada; 4) Estricto seguimiento y anulación de casos de aprovechamiento ilícito; y 5) Imposición de penas de prisión efectiva por actividades de tala y tráfico de madera.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de enero 2016
