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Indígenas de la nacionalidad Kichwa de la Amazonía (este) de Ecuador se movilizaron el miércoles hacia la ciudad de Quito para exigir a la Corte Constitucional (CC) que fije fecha para una audiencia por las afectaciones causadas a 27.000 familias por un derrame de petróleo ocurrido en abril de 2020.
«Venimos desde nuestras comunidades a pedir audiencia a esta Corte Constitucional, a pedir que dé prioridad a este caso. Somos más de 27.000 familias afectadas; aún creemos en la justicia ecuatoriana», dijo el presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), Carlos Jipa, a periodistas.
El derrame ocurrió el 7 de abril de 2020, cuando se rompieron las tuberías del estatal Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del privado Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
El crudo que llegó a las aguas del río Coca afectó a 109 comunidades indígenas de las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, en el este del país suramericano.
Más de 60 representantes de las comunidades afectadas se congregaron en los exteriores de la sede de la CC, en el norte de Quito, para denunciar la falta de medidas de reparación por los daños causados a las personas y al medio ambiente tras el vertido de crudo.
También participaron el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), Marlon Vargas, colectivos ambientalistas y organizaciones de derechos humanos.
Según la integrante del equipo de asesoría jurídica de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador Sylvia Bonilla, la CC seleccionó -en mayo- la acción extraordinaria de protección presentada por las comunas como una causa de tratamiento prioritario.
Anteriormente dicho recurso fue negado por un juez de Sucumbíos (este) y luego por la Corte de Justicia de esa provincia.
Bonilla dijo que el trámite en la CC de la acción de protección debió ser expedito, sin embargo, enfatizó, al momento se encuentra demorado.
También expresó que la CC debe establecer estándares claros y que se repare a las comunidades afectadas.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Conaie, el derrame se produjo por la inacción de las autoridades y de las operadoras de los oleoductos.
Según la Conaie, se hizo caso omiso de varias alertas emitidas por expertos y científicos tras el desplome de la cascada San Rafael (ubicada entre Napo y Sucumbíos), el 2 de febrero de 2020, lo cual causó el represamiento del río y el posterior colapso de las tuberías.
Tras el desastre, ni las autoridades ni las operadoras informaron a las comunidades ribereñas sobre el riesgo del consumo de alimentos y de agua contaminada.
Tampoco se realizaron alertas para promover la suspensión de actividades de higiene y de su relación cultural con el río, generando afectaciones que continúan hasta ahora.
La Conaie dijo que informó a la CC que las comunidades reciben agravios constantes por parte de autoridades nacionales y jueces que han llegado a criminalizar a los dirigentes indígenas y a los defensores de derechos humanos involucrados.
Con información de Sputnik
