A la par que la minería se convierte en un importante puntal de la economía de Ecuador, van creciendo las operaciones ilícitas en torno a esta actividad, con las secuelas sociales y ambientales que provoca.
El año pasado, las ventas externas de minerales sumaron 2.092 millones de dólares y se convirtieron en el cuarto rubro de exportación del país, después del petróleo, banano y camarón.
Para este 2022, el Gobierno de Guillermo Lasso espera que las exportaciones mineras trepen un 7 por ciento comparadas con el año pasado y se ubiquen en 2.238 millones.
Al momento Ecuador solo posee dos minas de gran escala en producción: la de cobre Mirador y la de oro Fruta del Norte, pero hay al menos 9 proyectos de cobre, oro y plata que avanzan y cuando se conviertan en mina colocarán al país andino en una situación interesante frente a los tradicionalmente mineros Perú y Chile.
ZARUMA, UN EJEMPLO
Sin embargo, al Gobierno le toca enfrentar el serio problema de la minería ilegal que ha ido ganando terreno a través de los años, y evidencia sus efectos nocivos de diversas formas.
En el sureste del país, por ejemplo, en la ciudad de Zaruma, un patrimonio cultural del país, ubicada a unos 510 kilómetros de la capital, en los últimos años se han detectado al menos cuatro socavones; los dos últimos el año pasado.
La minería ilegal ha venido ocasionado el hundimiento del suelo de la ciudad patrimonial, así como daños al medio ambiente.
Un socavón de 30 metros de diámetro provocó en diciembre pasado el derrumbe de varias viviendas en el casco central de la ciudad, que no ha podido salvarse de las actividades ilícitas para extraer oro; los trabajos de reparación que inició el Gobierno para evitar un colapso de la ciudad tomarán al menos hasta septiembre.
EN VARIOS SITIOS
Pero Zaruma es solo un ejemplo reciente de los tentáculos de la minería ilegal. En la Sierra norte, en el sur y en la Amazonía del país, las actividades ilegales son conocidas y periódicamente se hacen públicos sus nocivos efectos no solo en el medio ambiente sino por la serie de actividades ilícitas conexas que implica, como la trata de personas, prostitución, narcotráfico, trabajo infantil, contrabando de explosivos y armas, entre otras.
Hace casi tres años un operativo con al menos, 2.500 militares y policías logró desalojar una montaña en el norte de Ecuador, en el pequeño poblado rural de La Merced de Buenos Aires, que había sido tomado por más de un año y medio para extraer oro de manera clandestina.
En esa ocasión, al menos 10.000 personas cavaron unas 500 bocaminas e instalaron una costosa infraestructura para la extracción y procesamiento del mineral que era llevado a Colombia y Perú, convertido en barras.
Esa tampoco fue la única ocasión en que Ecuador supo de mineros ilegales en su territorio, y tampoco la montaña La Joroba, en La Merced de Buenos Aires fue el único objetivo de los ilegales, que comúnmente pasan de una zona a otra, muchos se mueven desde Zaruma a otras poblaciones mineras.
EN LA AMAZONÍA
El mes pasado, el coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Gregorio Mirabal, declaró la emergencia en la Amazonía ante la amenaza por la minería, luego de que el Gobierno realizó un operativo contra la actividad ilícita en la provincia de Napo (este), en el sector de Yutzupino, en las riberas del río Jatunyacu, donde se decomisaron decenas de retroexcavadoras y equipos de extracción de oro y otros minerales.
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que la intención del operativo era capturar en delito flagrante a quienes realizan las actividades ilegales, pero una fuga de información lo impidió.
En las riberas del Jatunyacu se asientan unas 50 comunidades indígenas kichwa.
Según los pobladores de la zona, desde 2007, durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), el Estado comenzó a otorgar concesiones mineras en la zona y a la par de ello la minería ilegal continuó expandiéndose.
UNA FACTURA CARA
La factura de los efectos de la minería ilegal ya se pasó y seguirá pagándose por muchos años: tala indiscriminada e ilegal de árboles, contaminación de ríos con cianuro y mercurio, efectos en la salud de los habitantes de las poblaciones en donde se desarrollan estas actividades, entre otros
Según datos oficiales, poblaciones como San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas (noroeste), limítrofe con Colombia, zonas de las provincias de Imbabura (norte), Zamora Chinchipe (este), Sucumbíos (este), Morona Santiago (este), Azuay (sur), Loja (sur) y El Oro (suroeste) ya saben de los efectos de las actividades mineras ilegales, de las descargas de sedimentos y materiales como aceites, residuos de gasolina, guaipes y otros que van directamente a las aguas de sus ríos.
En Yurzupino, La Merced de Buenos Aires, Esmeraldas, Sucumbíos…los mineros ilegales llegan de todas partes tras la fiebre del oro; unos se trasladan desde diversas zonas de Ecuador, pero se puede encontrar gran cantidad de colombianos, centroamericanos, peruanos, venezolanos… Y detrás de ellos grandes mafias, que devastan territorios y dejan más pobres y desunidos a los pobladores de las regiones por donde pasan.
Con información de Sputnik
