Nora Olivére
España se enfrenta a una posible sanción de la Justicia europea por acumular más de una década de incumplimientos de los estándares de calidad del aire en Madrid y Barcelona.
La Comisión Europea (CE) acusa a España de haber superado el valor límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2) «de forma sistemática y continuada desde 2010» en las dos ciudades más pobladas del país y sus alrededores.
El asunto llega este jueves al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que examinará la denuncia de Bruselas después de años de avisos a las autoridades nacionales.
UNA DÉCADA DE INCUMPLIMIENTOS
El procedimiento contra España se refiere a tres zonas que llevan desde 2010 superando el límite de NO2: Barcelona, el área del Vallès-Baix Llobregat (también en la provincia de Barcelona) y Madrid.
Concretamente, la Comisión acusa al país de infringir dos artículos de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
El primero se refiere a la obligación de los Estados de mantenerse por debajo del límite anual de 40 mg/m3 (microgramos por metro cúbico) de NO2; mientras que el segundo ordena «velar por que el período de superación» de este máximo sea «el más breve posible».
Según Bruselas, las autoridades españolas no solo incumplieron repetidamente los límites fijados en la legislación europea, sino también fracasaron en implementar las «medidas adecuadas» para garantizar que la mala calidad del aire no se prolongara en el tiempo.
LAS MAYORES CIUDADES ESPAÑOLAS, EN EL PUNTO DE MIRA
La elevada contaminación lleva años siendo un problema estructural para Madrid y Barcelona, dos urbes en las que la CE mantiene un ojo desde 2014, cuando inició el procedimiento de infracción que ahora llega la Justicia.
En 2018, la capital española logró una moratoria de la Comisión Europea para contar con más tiempo para rebajar los niveles de contaminación, hasta 2020, pero el aplazamiento fue retirado un año más tarde después de que el nuevo gobierno municipal prometiera suspender la zona de bajas emisiones Madrid Central.
Actualmente, Madrid sigue superando los límites permitidos y es la única ciudad española que los rebasó en 2021, cuando la menor movilidad de la pandemia provocó un descenso generalizado de la polución del aire.
Una de las estaciones de la ciudad, la de Plaza Elíptica, se situó en 41 mg/m3, por encima de lo que marca la ley y muy lejos de los estándares revisados por la OMS en septiembre de 2021 (pasando de 40 a 10 mg/m3).
En el caso de Barcelona, los registros que infringen la ley se sucedieron hasta 2019, cuando se registraron 46,5 mg/m3 de dióxido de nitrógeno de media debido a la reducción de los desplazamientos por la pandemia.
Según el Anuario de Contaminación de la ciudad publicado en enero, la media de NO2 cayó a 34,4 microgramos en 2021, por debajo del máximo permitido, pero comenzó a empeorar de nuevo a partir de septiembre, coincidiendo con la reactivación económica.
El informe indica que la media de los últimos cuatro meses del año «está claramente por encima de los niveles máximos legales» y «si se mantiene esta tendencia en 2022 hay un riesgo claro de incumplimiento» de la normativa europea.
LOS ECOLOGISTAS ESPERAN SANCIONES
Con su acción ante el TJUE, Bruselas pretende forzar a Madrid y Barcelona a cumplir las normas en materia de contaminación, que cada vez serán más estrictas si la ley europea se adapta a las recientes revisiones de la OMS.
También están a la espera de una respuesta de la Justicia las organizaciones y entidades defensoras del medioambiente, que llevan tiempo reclamando a las ciudades que se adapten a la normativa.
«Esperamos nada más que una sentencia condenatoria», afirma en declaraciones a la Agencia Sputnik Juan Bárcena, experto en calidad del aire de Ecologistas en Acción, una confederación que une a 300 grupos ecologistas de toda España.
Bárcena explica que la directiva incumplida por España se remite a unos valores de NO2 que la Comisión fijó en 1999, con un plazo de diez años para que los Estados se adaptaran.
«Estamos viendo en los datos de principio de año que estamos volviendo a los valores de siempre, y esto contrasta con lo que pasó en otros países a los que la Comisión advirtió o fueron condenados. Su reacción fue redoblar esfuerzos», dice el experto citando las iniciativas de ciudades como Londres, París o Milán.
En una primera vista este jueves, el TJUE se limitó a escuchar a los representantes de las dos partes, en el caso español la abogada del Estado español, al que recae la responsabilidad por las infracciones.
Desde Ecologistas en Acción, en contacto con sus colegas en Europa, creen que la valoración inicial de Luxemburgo podría tardar unos dos meses y confían que, eventualmente, esta termine en una multa económica que fuerce a España a actuar.
Con información de Sputnik
