Se debe evitar su uso a fin de preservar la salud de los consumidores
Los plaguicidas ilegales atentan contra la salud, afectan el medio ambiente, destruyen cultivos, ocasionan pérdidas económicas y ningún país escapa a ello. Según cálculos de las Naciones Unidas el problema supera el 15% del comercio mundial de agroquímicos.
Actividades agrícolas. ANDINA/Difusión
El presidente de la Junta Directiva CropLife Latin America, Eduardo Leduc, y el presidente de CropLife Latin America, José Perdomo, señalaron que el comercio ilegal de agroquímicos está en constante crecimiento en América Latina.
“Pese a la dificultad de medir con exactitud la magnitud del comercio ilegal, las autoridades y agencias reguladoras se enteran cada vez más de criminales que fabrican, transportan, distribuyen y venden plaguicidas falsos e ilegales”, destacaron.
Indicaron que lamentablemente algunas leyes o su laxo cumplimiento en los países sirven de poco para prevenir o frenar efectivamente esta actividad delictiva. En China el comercio de agroquímicos ilegales se estima en un 30%, en la Unión Europea en 10% y en India en 30%.
Sanciones penales no disuaden
Los ejecutivos señalaron que cuando se comparan con otros delitos, la persecución penal y sanción efectiva del comercio de agroquímicos no son una amenaza para los delincuentes.
“Las sanciones mínimas, si las hay, pueden ser fácilmente contabilizadas como un costo operativo de las actividades ilegales”, indicaron.
Agregaron que la ausencia de recursos, de policías especializadas, de fiscalías, o los tribunales y legislaciones laxas contribuyen al problema.
Es necesario que los gobiernos de América Latina se comprometan pronto con políticas estructurales que combatan la ilegalidad de los insumos agrícolas ya que no es un delito menor.
“Quien compra, vende, transporta o fabrica los plaguicidas ilegales atenta contra la salud, el ambiente y la producción segura de alimentos. Además, atenta contra las exportaciones agrícolas y la recaudación fiscal de su país”, sostuvieron.
“Mientras los marcos regulatorios y las capacidades de control y vigilancia se fortalecen, es indispensable que la policía, aduanas, fiscales, reguladores, legisladores y agricultores acudan a los recursos disponibles para detener y prevenir la venta de plaguicidas falsificados e ilegales antes de que lleguen a los cultivos.
Así lo están haciendo las autoridades en Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala y México con campañas informativas, entrenamiento a personal de control, habilitando líneas de denuncia, y en general con medidas de control y vigilancia más eficientes”, añadieron.
Destacaron que desde la perspectiva de los agricultores y distribuidores es necesario que comprendan los efectos adversos directos e indirectos de los plaguicidas ilegales y se abstengan de contribuir a su proliferación.
Finalmente, recomendaron que se debe conocer al proveedor y asegurarse de que cumple con todos los requisitos legales.
Andina
