Por Marco Arana
«Sus Impactos Ambientales y Sociales y Razones de la Oposición a Tía María»
El país necesita inversiones que se hagan sin destruir grandes ecosistemas, que no corrompan autoridades, que violenten derechos de poblaciones, que no desconozcan el proceso de consulta previa a comunidades, que no ignoren planes de ordenamiento territorial, que no sometan al Estado para obtener leyes a la media que les beneficien tributariamente y les permitan depredar nuestras riquezas naturales.
El Perú necesita inversiones que aseguren la diversificación productiva y la sostenibilidad a futuro, no aquellas que nos hagan adictos a actividades económicas de alto impacto ambiental, que tienen escaso o nulo valor agregado y limitada capacidad de generar empleo y que, además, ignoran no solo derechos de las actuales generaciones sino, sobretodo, de las futuras generaciones a quienes debemos asegurar una economía, una sociedad y un medio ambiente mejor de lo que nosotros los encontramos.
Las inversiones de Southern, como las de muchas otras actividades extractivas, no cumplen con estas condiciones, por lo tanto debieran estar en la lista del tipo de inversiones de las que el Perú debiera ir progresivamente saliendo para promover inversiones que no solo causen crecimiento económico, sino que puedan realmente generar desarrollo duradero, más empleos, ingresos más seguros y menos dañinos para las personas y el medio ambiente. Promover más las diversas formas de turismo, el desarrollo de los servicios, los bio negocios a partir del potenciamiento de la pequeña y mediana agricultura, las pymes y cooperativas, la maricultura y acuicultura de agua dulce con valor agregado, la industria gastronómica, la producción de energías renovables, entre otras actividades. Arequipa desde ya cuenta con uno de los primeros parques de producción de energía solar que podría ser aun más potenciado y el destino de sus ríos y playas no tiene por qué seguir siendo el que hasta ahora le ha asignado la tóxica minería del cobre que desde décadas se ha asentado en su territorio, pero que al estar ya asentada deberá ser sometida a rigurosa fiscalización ambiental, exigírsele seriamente la remediación de sus pasivos ambientales y limitar su crecimiento para evitar que dañe nuevos ecosistemas o ponga en peligro actividades como las de los agricultores del Valle del Tambo, La Joya o el Cañón del Colca donde también se registran grandes concesiones mineras.Nadie duda que Southern ha generado importantes ingresos para el fisco del país y de la región Arequipa, sobre eso hay abundante y super publicitadas cifras. Aunque no disponemos de estudios que muestren cuánto dinero se necesitará para revertir los graves daños ecológicos producidos por esa misma actividad. La externalización de los costos ambientales ha sido, sin lugar a dudas, la clave de un crecimiento económico regional y nacional que de no cambiarse el modelo de desarrollo y de no implementar un nuevo marco institucional y jurídico para una nueva minería, terminará haciendo que el Perú lamente haber tenido tantas riquezas minerales y tan poco visión para conseguir sentar las bases de un verdadero desarrollo. No permitamos que este desbalance siga pasando la factura a las futuras generaciones.
¿Es Southern, el ejemplo de minería social y ambientalmente responsable que la costosa propaganda anuncia y que la más variada gama de “expertos y analistas” dicen que es?
El presente artículo muestra que Southern es de aquellas empresas que han sabido ocultar bien sus gravísimos impactos ambientales y sociales, daños han generado impactos irreversibles a los ecosistemas de Arequipa e incluso toda la macroregión costera sur del Perú. Una valorización económica y ecológica de los mismos es una tarea pendiente que el Estado o las universidades debieran emprender.
A continuación, un detalle no exhaustivo de esos graves daños.
Aires tóxicos:
Los aires de Ilo fueron envenados con dióxido de azufre producidos por la planta de procesamiento de Southern.
- En abril de 2007, después de que la empresa había sido obligada en una larga lucha a modernizar sus hornos de fundición (a un costo de US $ 570 millones), la municipalidad provincial de Ilo que cuenta con sistemas de monitoreo de calidad de aire, había establecido que en ese entonces los límites máximos permisibles no deberían superar los 365 μ por metro cúbico, pero en reiteradas ocasiones la minera emitió hasta 9,108 μ por metro cúbico lo cual causaba malestar e irritación en ojos, nariz y garganta de la población ileña.
- El año 2008, una campaña científica internacional realizada por 100 investigadores de 40 instituciones de 8 países, realizó un estudio con cinco aviones radares que rastreban la presencia de gases contaminantes a una altura sobre el mar de 1 a 3 kms, esta misión encontró que “el mayor contaminante los estuvo realizando la fundición de la mexicana Southern Pacific en Ilo, Perú. Su pluma de humo va al oeste, baja al suroeste y luego regresa hacia la costa chilena”.
- Desde diciembre de 2012 a febrero de 2013, en que se alcanzó el pico más alto, las chimeneas de la fundición de Southern volvieron a envenenar la atmósfera de Ilo y a afectar la salud de la población.
- Los resultados de esta contaminación para la salud de la población se traduce en “un alto porcentaje de enfermedades respiratorias como la rinitis, faringitis, traqueitis, fibrosis pulmonar, bronquitis crónica y asmatiforme, crisis asmática. Las consecuencias son fatales principalmente para la población con enfermedades crónicas y para los niños y ancianos. Les sigue un porcentaje de consultas, las enfermedades digestivas, a la piel, tuberculosis y cáncer”.
Las víctimas de Southern son el agua y la agricultura:
Según un informe del Programa de Vigilancia Social de Empresas Transnacionales con sede en Buenos Aires, la Southern requiere un promedio de 2.360 l/seg. de agua para el funcionamiento del conjunto de sus actividades minero metalúrgicas, utilizando un promedio de 1.700 l/seg. de agua limpia para tratar los concentrados de cobre.
- En el año 2008, este informe decía también que esta enorme demanda de agua tuvo un resultado “nefasto, por ejemplo, el Valle de Cinto se quedó sin agua y las cuencas de Moquegua y Locumba disminuyeron su frontera agrícola y su calidad de agua, si se tiene en cuenta que cuencas como las de Locumba, Moquegua, Sama y Caplina, que actualmente soportan la actividad minera de SPCC, conducen un promedio anual de 6,9 m3/seg. al Océano Pacífico”.
- Según la página web del Ministerio de Agricultura, el río Locumba figura entre los ríos más contaminados por metales pesados de todo el Perú, sus aguas tiene elevados niveles de “salinidad, mercurio, cadmio, níquel, arsénico… En muchos casos la desaparición de la fauna hidrobiológica de los ríos, de la costa, principalmente, es debido a la infestación de los cauces de ríos de contaminantes, como ha sucedido en la región sur del país, en el caso de la desaparición del camarón del río Locumba, debido a la deposición de relaves mineros que realiza la Southern Perú Coopper Corporation, producto de sus operaciones mineras de Toquepala y Cuajone”.
- Aunque la publicidad minera y gubernamental dice que la minería hace solo uso de 1% del agua dulce disponible total, existen estudios que muestran que este no es el caso del requerimiento de agua de la Southern la que llega a ser la segunda consumidora del agua total disponible de la cuenca del río Locumba para sus operaciones de Locumba y principalmente de Toquepala. El agua de uso poblacional alcanza los 2.12 millones de metros cúbicos anuales , el uso pecuario alcanza a 187,000 de metros cúbicos anuales, el uso agrícola en esta cuenca alcanza a 174.4 millones de metros cúbicos anuales, mientras que el uso minero representa 23.16 millones de metros cúbicos anuales, el uso industrial es casi inexistente.
- Las denuncias de los agricultores sobre escasez de aguas por sobreexplotación minera se documentado también en el informe del Programa de Vigilancia Social de las Empresas Transacionales en el cual se señala que “También se ha comprobado la reducción de las napas freáticas en la zona de Titijones, Huaitire y Gentilar, seguida de un incremento de la capacidad de absorción de la zona de bofedales y una reducción del caudal de los ríos… En lo que atañe a la disponibilidad de agua en las cuencas se ha notado una fuerte disminución del mismo debido a la extracción del agua superficial y subterránea en las cabeceras de las cuencas de los ríos antes mencionados… Como consecuencia de esto, se redujo el área de zonas de pasturas y de cultivo y de actividades agrícolas y pecuarias”.
El mar contaminado:
La bahía de Ite está muerta.
Durante 35 años, Southern utilizó 21 kilómetros de cauce del río Locumba, contaminando 300 kilómetros cuadrados de la bahía de Ite, en la provincia de Jorge Basadre en Tacna arrojando 119.000 de Toneladas/día de relaves conteniendo cobre, plomo, mercurio, zinc, fierro, sílice, cianuro, grasas que causaron la desaparición de especies como el camarón, la lisa, erizos y almejas y daños ambientales irreparables. La pesca artesanal de almejas, lapas, tolinas y caracol fue devastada.
La empresa minera, señala haber implementado a cabalidad su plan de adecuación ambiental (PAMA) ya que el Ministerio de Energía y Minas en el año 2002 también lo dio por cumplido, a partir de allí, aunque la bahía es actualmente una zona ecológicamente devastada, la zona figura como un problema resuelto y hoy se denomina “Zona de Reserva de Relaves de Ite” que ha dado lugar a “un ecosistema muy biodiverso… con 144 especies de aves (en el cual) el número de avistamiento de nuevas especies de seguro aumentará”.
Una minera sin licencia social:
El Valle del Tambo da trabajo a más de 10 mil personas en un área cultivable de más de 12 mil hectáreas.
El domingo 28 de octubre de 2008, las organizaciones sociales y el frente de defensa que buscaba una salida pacífica al conflicto, implementaron un proceso de consulta popular en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Islay-Matarani, Mejía y Punta de Bombón de la provincia de Islay, más del 90% de los que acudieron dijeron no a Tía María.
Distrito de Cocachacra: Preguntados los ciudadanos sobre si ¿Está Ud. de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros? 139 respondieron que sí y 2916 que no. Preguntados si ¿Está Ud. de acuerdo con el uso de las aguas subterráneas y superficiales para la actividad minera del Proyecto Tía María y otros proyectos mineros? 112 que sí y 2929 que no.
Distrito de Punta de Bombón: ¿Está Ud. de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros? 71 respondieron que sí y 1883 que no. Preguntados si ¿Está Ud. de acuerdo con el uso de las aguas subterráneas y superficiales para la actividad minera del Proyecto Tía María y otros proyectos mineros? 48 que sí y 1896 que no.
Distrito de Deán Valdivia: ¿Está Ud. de acuerdo con la actividad minera en la provincia de Islay? 52 que sí y 2211 que no. (Fuente: Valle del Tambo-Islay. Territorio, Agua y Derechos Locales en Riesgo con la Minería a Tajo Abierto. http://www.cooperaccion.org.pe/centrodocumentacion/00119.pdf)
Los agricultores y las organizaciones sociales opuestas a las actividades de Tía María realizaron tres grandes paralizaciones y movilizaciones:
- 14 de abril, 2010
- 20 de noviembre, 2010
- 19 de marzo, 2011, duró 19 días. En esta paralización hubo tres personas asesinadas por la policía, aproximadamente 400 contusos y heridos.
Un EIA declarado inadmisible:
Southern elaboró en 2009-2010 un primer EIA, intentó incluso que éste fuera validado por audiencias ambientales que, al tener el rechazo de la mayoría de la población de la provincia de Islay, se hicieron con participantes de otras zonas y con extremas medidas de control policial. Legalmente las audiencias figuran como realizadas, pero en la realidad no comunicaron nada de la ingeniería y de los impactos del proyecto a la mayoría de la población que iba a ser directamente impactada. Las audiencias solo fueron parte del protocolo a cumplir.
A pedido de los productores agrarios, el Frente de Defensa y las autoridades regionales que se vieron obligadas por las protestas ciudadanas, se solicitó un informe independiente del EIA de Tía María que fue encargado al equipo técnico de las Naciones Unidad para el Desarrollo (UNOPS). El 17 de marzo de 2011 la UNOPS presentó el informe al MINEM, las observaciones fueron lapidarias. En resumen, el EIA tenía un serie de vacíos de información y sus contenidos no respondían bien a la magnitud de los impactos socio económicos y ambientales que el proyecto Tía María iba a causar.
Un mes después, el 8 de abril de 2011 el MINEM decidió, mediante Resolución Directoral 105-2011-MEM-AAM declarar inadmisible y, en consecuencia, resolvió rechazar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. Entretanto, el conflicto social había causado la muerte de tres agricultores, más de 400 contusos y heridos y decenas de los líderes de las protestas se hallan hasta hoy denunciados y procesados por un sin número de presuntos delitos. El proyecto Tía María había pasado ya no solo a ser cuestionado y rechazado, sino a ser repudiado por amplios sectores de la población a la que decía querer beneficiar.
Acusaciones de violencia y corrupción:
El 02 de octubre de 1998 es asesinado uno de lo más agudos críticos de la contaminación minera de Southern, el Ing. Carlos Guillén Carrera quien era un próspero empresario de la siembra y cosecha del olivo. Conocí en el 2010 a uno de sus hijos en Ilo, me contó que su padre había estado a punto de llevar a un tribunal federal de los Estados Unidos una demanda contra Southern por contaminación de aguas y aires y también por daños a sus plantaciones de olivo, el joven aún acusaba el dolor y la indignación por el asesinato de su padre. Mostraba unos periódicos locales que responsabilizaban a Southern por el crimen. Las investigaciones policiales no prosperaron. Se dijo que habían sido delincuentes comunes. En la población está asentada la idea de que a Carlos Guillén le ocurrió lo mismo que al Ing. Godofredo García Baca, exportador de mangos, en Tambogrande, Piura, él también pagó con su vida el haberse opuesto férreamente a la imposición de la Minera Manhattan en el valle de Tambogrande.
En marzo de 2011, un grupo de ex trabajadores “denunciaron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Southern Peru Copper Corporation por supuesta violación del Acta sobre prácticas anticorrupción en el extranjero”. Según esa denuncia la minera habría pagado sobornos a funcionarios del Poder Judicial peruano para demorar u obstruir el pago de acciones laborales a 800 ex trabajadores. En el caso hasta intervino la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) pidiendo la destitución de tres jueces corruptos. No se dispone de información sobre sí el pedido y las sanciones fueron efectuadas. Lo que quedó entre la población es el hecho de las poderosas influencias de la Southern y el poderoso manto de impunidad con que quedan sus malas prácticas, incluso con sus propios trabajadores.En abril de 2011, los agricultores del Valle del Tambo entraron en un prolongado paro de actividades en rechazo a los permisos dados por el MEM a Tía María. Hubo una violenta represión policial en la que murieron tres personas que se manifestaban en contra del proyecto minero: Andrés Taype Choquehuanca de 22 años, Aurelio Huacarpuma Clemente de 50 años y Néstor Róger Cerezo Patana de 31 años. Ellos son ahora reivindicados por la población como los mártires de la defensa del Valle.
¿Será procesada judicialmente Southern por delitos ecológicos?
El 23 de abril de 2013, el Procurador Especializado en Delitos Ecológicos del Ministerio del Ambiente solicitó a la fiscal Roxana Atahuachi que formule acusación contra el presidente de la Southern, Oscar Gonzales Rocha por el delito de contaminación “por metales pesados, principalmente Cadmio, en las aguas que filtran desde el Embalse de Relaves de Quebrada Honda de la minera, y que son utilizadas para agricultura y ganadería en la irrigación Pampa Sitana, en la provincia Jorge Basadre”.
El 16 de enero de 2015 se supo que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en audiencia de juicio oral ante una corte judicial de Ilo “solicitó dos años y seis meses de pena privativa de la libertad contra el presidente ejecutivo de la empresa minera Southern Perú, Oscar González Rocha y el pago de una reparación civil de un millón de dólares por el delito de contaminación ambiental en la modalidad de culposa”. La fiscalía que hacía tal pedido al juez, se basaba en un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que había concluido que la contaminación de Southern sobre el aire supera en un 100% el límite permisible y en un 800% de vertimiento de arsénico al mar y a 3 afluentes para los cuales no tenían autorización”.
La fiscal Ángela Marroquín, firme en el proceso acusatorio, logró que el juez de Ilo, Erly Alejo, programe una audiencia para el 26 de enero, donde dos peritos de la OEFA fundamentarán el informe realizado con pruebas documentarias. El presidente de la Southern, Oscar Gonzales, se presentó pero prefirió hacer uso de su derecho a no prestar ninguna declaración.
El presidente de Southern debía presentarse también a una segunda diligencia judicial el 02 de febrero en Ilo, pero nunca asistió, sus abogados encontraron la forma de librarlo del importante proceso acudiendo al Tercer Juzgado Constitucional de Lima, en el cual el juez Ricardo Chang aceptó una medida cautelar, la medida busca dilatar el proceso para que la Southern se acoja a la prescripción del proceso, pues la denuncia data del año 2008. El favor judicial que la empresa, esta vez, no pudo lograr en un juzgado de Ilo, lo halló en un juzgado de Lima, así actúa la poderosa empresa minera, líder en responsabilidad social y empresarial.
(NOTA: Todas las referencias documentales o periodísticas sobre la controvertida empresa minera estarán también disponibles.)
Publicado: 2015-03-28
