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Durante la pandemia en Perú, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental incautaron un aproximado de 717 kilos de aleta de tiburón y 29.961 troncos de tiburón, cuyo tráfico violaba la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.
Este dato del Ministerio Público es apenas la punta de un iceberg que tiene al tráfico ilegal de especies silvestres como uno de los delitos de mayor incidencia en el país andino que, sólo en el caso de especies marinas protegidas, reporta pérdidas por 500 millones de dólares anuales, según el Ministerio de la Producción.
Sin embargo, el delito no recibe un castigo diferenciado, lo que permite su prevalencia.
EVOLUCIÓN MAFIOSA
Carmen Heck es directora de Políticas en Oceana, organización no gubernamental dedicada a la conservación marina y a la promoción de una pesquería sostenible. Es uno de los diversos entes que en Perú luchan por que se incluya al tráfico ilegal de especies silvestres como un delito punible dentro de la Ley Contra el Crimen Organizado.
«El tráfico de especies silvestres ha evolucionado de ser un delito cometido de manera individual a ser un delito en el que ya se puede ver que hay mafias organizadas detrás. En muchos de los casos se puede ver que hay patrones donde se empieza con la extracción de estas especies de sus ecosistemas originales para ya no ser solamente vendidos en los mercados locales sino en el extranjero», dice Heck en diálogo con la Agencia Sputnik.
Asimismo, la representante de Oceana señala que el delito de tráfico ilegal de especies silvestres «viene acompañado de otro delitos conexos como el lavado de activos» y, en el caso de Perú, se ha podido comprobar que los traficantes usan las mismas rutas del narcotráfico, por lo que es esperable que en ambos ilícitos operen las mismas mafias.
ARMAS LEGALES
En ese sentido, el tráfico de especies silvestres, marinas y terrestres debería merecer un trato distinto y ubicarse como un ilícito de crimen organizado. Esto es de vital importancia por las herramientas legales con las que podrían los fiscales y la policía plantear estrategias más eficaces para combatirlo.
«La intervención de las comunicaciones, la transcripción de las partes pertinentes de una conversación, la participación de agentes encubiertos, el levantamiento del secreto bancario o la reserva bursátil o la incautación de las ganancias de los delitos sin la necesidad de una autorización judicial son algunas de las herramientas legales más importante si el tráfico estuviera dentro de la Ley Contra el Crimen Organizado», afirma Heck.
Asimismo, indica que la consideración del tráfico como delito de crimen organizado también permitiría el incremento de las penas contra los infractores, así como la identificación no sólo de los responsables directos sino de los que financian las operaciones y de todos los miembros de la cadena delictiva.
Heck señala que hasta la fecha han sido presentados dos proyectos de ley en el Congreso para incluir al tráfico como crimen organizado, pero lamentablemente no subieron al pleno para su discusión.
Sin embargo, cabe la posibilidad que en la actual legislatura se pueda rescatar uno de los proyectos y presentarlo nuevamente para que sea, eventualmente, elevado al pleno y aprobado. Oceana y organizaciones afines están buscando que esto se consiga antes de que el daño contra el ecosistema avance aún más.
Con información de Sputnik
