Ana Delicado Palacios
A simple vista, parece que Argentina llegó a un entendimiento espectacular con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo de 44.000 millones otorgado en 2018 al Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
«Este acuerdo no nos condiciona», llegó a decir el actual presidente Alberto Fernández al anunciar el convenio con la entidad multilateral el 28 de enero. La actual gestión parecía haber encontrado al FMI en su faceta más comprensiva: no exigía déficit cero ni saltos devaluatorios ni restricciones que comprometieran el desarrollo del país.
En esa senda de indulgencia, el Fondo tampoco se mostró interesado en privatizaciones de empresas públicas ni en una reforma previsional o laboral. El acuerdo «no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología», aseguró Fernández.
En un comunicado aquel mismo día, el Fondo adelantó algunas de las directrices en las que se basaría el nuevo acuerdo. Reconoció, de entrada, su expectativa de que disminuyeran los subsidios a la energía. También reclamó tasas de interés reales positivas, e instó a Buenos Aires a encontrar financiamiento externo para asegurar su desarrollo.
Así las cosas, el Gobierno consensúa por estas horas con el FMI una carta de intención que será elevada al Congreso para su sanción, con la expectativa de que el texto esté aprobado antes del 22 de marzo, cuando caduca un vencimiento por 2.800 millones de dólares.
DUDAS ENTRE PROPIOS
Pero algunos legisladores del oficialismo no están convencidos. El primero en escenificar ese recelo fue Máximo Kirchner, quien renunció a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados tres días después de que el mandatario anunciara el convenio. El dirigente advirtió que no había que «hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de ‘beneficios'».
No quedará solo el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otros 30 diputados del Frente de Todos se abstendrán en la votación, admitió uno de los parlamentarios del bloque, Itaí Hagman, antes de llamarse a silencio.
Tampoco desde el Senado exudan entusiasmo. El titular de la coalición en la cámara alta, José Mayans, le reclamó al ministro de Economía, Martín Guzmán, los detalles del acuerdo «para saber en qué compromiso» se iba a meter al país.
Porque algunos detalles sobre lo convenido han llegado a sus oídos. «El FMI tiene requerimientos para el Banco Central, sobre el déficit, pide la suba de tarifas y la elevación de las tasas», dijo en una entrevista en El Destape Radio.
De todas formas, apoyo más, apoyo menos, al oficialismo le dan los números en ambas cámaras para sacar adelante el acuerdo.
CONSECUENCIAS
En discrepancia con la idea de que un acuerdo con el FMI sea benigno, el economista e historiador Julián Zícari, autor de «Crisis económicas argentinas» y Camino al colapso», afirma que el organismo multilateral es «una institución de poder y dominio que utilizan potencias occidentales como EE. UU. para controlar y subordinar a países periféricos».
«El regreso del FMI fue en 2018, con una deliberada y grosera estrategia del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) de salvar al Gobierno de Mauricio Macri», plantea el también filósofo, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El desembolso del Fondo, cuyo socio mayoritario es EE. UU., solo sirvió para financiar la fuga de capitales, pues la salida de activos externos superó los 86.000 millones de dólares durante los cuatro años de mandato de Macri, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a mediados de 2020.
El dinero que el FMI pretendía entregar al predecesor de Alberto Fernández llegaba a los 57.000 millones de dólares «con la ambición de que fuera reelecto», aun cuando en esos años «se cayó la economía, subió la pobreza, se duplicó la inflación, bajaron los salarios, y se destruyó el mercado interno», enumeró Zícari.
De acuerdo con el programa firmado en aquel momento, Argentina debía devolver 40.000 millones de dólares entre 2022 y 2023, «algo imposible», sostuvo el economista. «Se arregló ese cronograma para que el siguiente gobierno tuviera que subordinarse a firmar cualquier acuerdo con el FMI, a fin de manejarle la política económica».
Prueba de ello es que no hay reestructuración de la deuda con el Fondo. La entidad realizará monitoreos trimestrales antes de facilitar nuevos préstamos para cumplir con el cronograma de pagos que se acordó con Macri hace cuatro años, el cual no ha sido modificado.
«Todos los vencimientos quedan, de modo que el nuevo acuerdo consiste en pagar la deuda con el Fondo con más préstamos del propio organismo. Argentina queda así entre la espada y la pared», asume Zícari. «O entra en default con el FMI, con las consecuencias que conlleva, o pierde reservas internacionales, cuando son muy bajas».
Otro objetivo del organismo, más a grande escala, es «marcarle la agenda a Argentina para que no se acerque ni a China ni a Rusia, porque son las potencias que le pueden generar rivalidad a EE. UU.», añade el historiador.
Con este planteo, el Fondo se convierte «en un factor de inestabilidad financiera y cambiaria que va a asediar la política económica argentina para condicionar al Gobierno y para que el año que viene pueda ganar un candidato afín a la política internacional de EE. UU.», resume.
La calificadora de riesgos estadounidense Moody’s tiene su propia opinión sobre el acuerdo con el FMI. Afirma que será «insuficiente» y que Argentina tendrá que reestructurar la deuda extranjera con los acreedores privados a partir de 2024.
Con información de Sputnik
