En 2017, la industria formal registró pérdidas por US$ 605 millones. Más del 25% de las bebidas alcohólicas que se consumen en el país son de origen ilegal.
En 2017, el Estado peruano tuvo una pérdida fiscal de US$ 74 millones debido al mercado ilegal de bebidas alcohólicas. En ese año ingresaron al país un volumen de más 274 mil hectolitros de alcohol puro, causando además a la industrial formal pérdidas por US$ 605 millones, precisó la empresa internacional de investigación de mercados Euromonitor en el I Foro Internacional: experiencias en la lucha contra el alcohol ilegal que organiza el Ministerio de la Producción (Produce) con el apoyo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
En la foto: Pedro Olaechea, congresista de la República; María Sáenz, presidenta del Comité de Fabricantes de Cervezas de la SNI; William Espinoza, experto en investigación de Delitos Aduaneros; Javier Dávila, viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción; Javier de la Viuda, presidente del Gremio de Importadores, Comerciantes de Vinos, Licores y otras bebidas de la CCL y Rafael García, superintendente Nacional Adjunto de Aduanas.
“Si bien la evasión fiscal de este mercado ilícito fue significativa en 2017, se observa un descenso en sus cifras entre los años 2012 y 2017 del orden de 37%. Ello debido a un menor consumo de alcohol ilegal, en especial a una importante reducción de cerveza adulterada”, señaló Pilar Castro, consultora de Euromonitor.
En esa línea, mencionó que más del 25% de las bebidas alcohólicas que se consumen en el Perú son de origen ilegal, donde el alcohol adulterado es la categoría más representativa de ese mercado, tanto en volumen como en valor, ya que representa el 56,1% de participación en volumen, equivalente al 77% del valor del mercado ilegal de bebidas alcohólicas. Sin embargo, en los últimos seis años se observa que dicho consumo ha ido decreciendo en el Perú (-16%).
A nivel regional, la consultora Euromonitor International precisó que el Perú lidera el mayor consumo per cápita de alcohol ilegal alcanzando los 1.33 litros al año versus el 1.17 de la región, por encima de Ecuador y Colombia.
Ante estos indicadores, Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, consideró que el Perú, Estado moderno con justas aspiraciones de incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no puede permitirse estos índices de informalidad porque, tanto el contrabando como adulteración y falsificación, limitan los ingresos fiscales del Estado e implican ciertos riesgos de salud pública para nuestros conciudadanos.
“La única manera para que el Perú progrese en la lucha contra la informalidad es mediante una colaboración sincera y decidida del sector privado y del sector público”, manifestó Torriani.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de mala salud en el mundo, con devastadoras repercusiones en las personas y sus familias.
“Ello revela que es necesario enfrentar dicha problemática, la que requiere de una concientización de la sociedad respecto de un consumo responsable y los peligros de los productos ilícitos. Por tanto, urge educar a la población. Pero también es necesaria una estructura fiscal que desincentive las oportunidades de los operadores informales. Además de una mayor eficiencia en los controles donde prevalezca el imperio de la ley”, anotó Yolanda Torriani.
Por su parte, Rafael Brito Peña, Procurador General de la Corte de Apelación de la República Dominicana, subrayó que en su país la creación de la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud permitió conseguir resultados positivos en la lucha contra el comercio de alcohol ilegal.
Refirió que fue necesario además crear una mesa interinstitucional entre el gobierno y el sector privado de modo que se puso en marcha una estrategia que logró sentencias condenatorias para quienes se dedican a esta actividad ilegal.
“También pusimos en marcha una estrategia de sensibilización de los jueces y enfocamos (la venta de alcohol ilegal) como una criminalidad generalizada que atenta contra la salud. Pesa más ante un juez decir que quienes fabrican alcohol ilegal ocasionan muertes o secuelas graves antes que decir que el Estado pierde recaudación”, anotó.
Refirió que otro aspecto por considerar es atacar económicamente la estructura del mercado ilegal del alcohol y para ello la ley de lavado de activos permitiría decomisar bienes e inmovilizar cuentas bancarias, con lo cual se desarticula dicha estructura.
