Reducción de trámites debe ser política de Estado permanente
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que es necesaria la aprobación de 14 iniciativas legislativas y administrativas que deben tomar en cuenta el Gobierno y el Congreso de la República para impulsar la simplificación administrativa, acción que debe ser una política de Estado permanente para lograr la modernización del aparato estatal a fin de alcanzar el desarrollo y la competitividad del país.
«Para garantizar la promoción de las inversiones que impulsan el crecimiento y el desarrollo económico-social del país, es necesario contar con una transparente gestión pública a fin de dotar a los inversionistas nacionales y extranjeros de reglas de juego claras que otorguen seguridad jurídica a quienes hacen empresa, generan riqueza y empleo productivo», afirmó Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.
Entre las propuestas que destaca la CCL figuran:
Precedentes obligatorios.- Las resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) y las que expide el Tribunal del Indecopi, que declaran fundadas las denuncias, deben tener efectos para todos los administrados, tanto en los procedimientos seguidos de oficio como en los seguidos por denuncia individual, en tanto sean de aplicación general. Actualmente las resoluciones de la CEB y del Tribunal solo se aplican para los casos concretos que son denunciados y solo benefician al denunciante, luego de un largo y costoso proceso administrativo y judicial.
Impugnación judicial.- En este caso, se debe restringir la posibilidad que tienen las entidades del Estado de impugnar ante el Poder Judicial – Proceso Contencioso Administrativo – respecto de las resoluciones del Tribunal del Indecopi que confirman la existencia de una barrera ilegal o carente de razonabilidad. Para interponer este proceso ante el Poder Judicial, la entidad debe contar con autorización debidamente fundamentada, refrendada por el ministro, gobernador regional, alcalde o el titular del pliego de la entidad. Con ello se evitará que se sigan dilatando los procesos ante el Poder Judicial.
Aprobación, actualización y difusión de los TUPA.- Se recomienda que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) debe ser aprobado anualmente por Decreto Supremo del sector, por norma de máximo nivel de los gobiernos regionales, por ordenanza municipal o por resolución del titular del organismo constitucional autónomo, según sean los casos. Además deben ser actualizados hasta el 31 de octubre del año anterior al de su vigencia y remitidos obligatoriamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la evaluación de la legalidad y la razonabilidad de los procedimientos establecidos.
Formatos únicos.- Para evitar que cada una de las municipalidades sigan aprobando procedimientos, requisitos y costos discordantes que afectan a los administrados, por ley se debe autorizar a la PCM a aprobar formatos estandarizados con requisitos únicos para los diversos trámites municipales.
Texto Único Ordenado (TUO).- Para facilitar la aplicación, difusión y el cumplimiento de las normas sobre simplificación administrativa, la PCM debería elaborar un TUO de las normas sobre la materia, para facilitar su difusión, fiscalización y cumplimiento.
Repotenciar la Secretaría de Gestión Pública (SGP) – PCM.- La SGP no cuenta con la infraestructura ni el personal adecuado para cumplir con su labor de fiscalización, monitoreo y del cumplimiento de las normas de simplificación administrativa. Solo seis funcionarios deben fiscalizar a más de 2.500 entidades públicas de todos los niveles. Por ello, la SGP requiere ser repotenciada, mediante el uso de medios tecnológicos y la contratación de personal técnico para que pueda cumplir con su labor de fiscalización a nivel nacional.
Cronograma para estandarizar los TUPA.- Con el DS. 062-2009-PCM se estableció que las entidades públicas en general deben aprobar y publicar sus TUPA estandarizados, pero los plazos para la estandarización de los TUPA están vencidos y se desconoce qué entidades han actualizado sus TUPA, falta fiscalización y sanción. Por ello se propone que la SGP de la PCM debe aprobar un cronograma, para que en plazo no mayor de 90 días, las entidades (de los tres niveles de gobierno) cumplan con presentar y publicar sus TUPA estandarizados, bajo responsabilidad y sanción.
Cronograma para la estandarización de costos.- El 31 de diciembre del 2012 venció el plazo para la estandarización de costos de las entidades del Poder Ejecutivo, organismos autónomos, Poder Judicial y Poder Legislativo pues a la fecha se desconoce qué entidades han estandarizado sus costos, falta fiscalización y sanción. Por ello la SGP debe aprobar un cronograma para que las entidades publiquen sus costos estandarizados, bajo responsabilidad y sanción.
Repotenciar la labor de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas – Indecopi.- Esta Comisión no solo debe atender y resolver las denuncias por trabas burocráticas que prestan los ciudadanos y empresas. Debe realizar campañas permanentes de fiscalización en las municipalidades distritales y provinciales del país, sobre todo respecto del cumplimiento de las normas sobre licencias municipales de funcionamiento, avisos publicitarios, etc.
Comisión Técnica Multisectorial.- Para evaluar la legalidad y razonabilidad de los TUPA y costos estandarizados, la PCM debe constituir una Comisión Técnica Multisectorial Permanente, integrada por representantes de la PCM, MEF, Produce, Mincetur y representantes de los gremios empresariales (microempresa, pequeña, mediana y gran empresa).
Difusión de los procesos de fiscalización.- Es necesaria una gaceta mensual (en el suplemento de El Peruano) para la difusión de los avances y las tareas pendientes en la simplificación administrativa. En la gaceta se debe felicitar a las entidades que han cumplido con simplificar sus trámites, pero también consignar la lista de entidades morosas o que desacatan las normas.
Discrecionalidad de funcionarios.- Se deben revisar las normas y reglamentos confusos para evitar su aplicación discrecional por parte de los funcionarios de las entidades públicas, que permanentemente imponen exigencias, requisitos, cobros no autorizados y otras trabas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y a las empresas en general.
Fiscalización permanente.- Los informes semestrales sobre trabas burocráticas detectadas que emite el Indecopi deben ser publicados al mes siguiente de vencido el semestre e inmediatamente – de oficio- el Indecopi debe iniciar procesos de fiscalización en las entidades o sectores que generan más trabas burocráticas, disponiendo las medidas correctivas y sanciones a los infractores.
Capacitación a funcionarios públicos.- El Indecopi y la Secretaria de Gestión Pública de la PCM deben realizar eventos de capacitación permanente a los funcionarios públicos, para que conozcan sus obligaciones y responsabilidades en materia de simplificación administrativa, en especial en los años de cambio de gobierno municipal.
