Contratos a la carta
Por David García Martín*
Entre el año 2007 y 2010, la parte de dividendos que las Cajas de Ahorro destinan a la obra social ha descendido un 55%, pero no por ello se ha apelado al sentido común, la responsabilidad y la moderación salarial. Todo lo contrario. No hay semana que no llegue a oídos de los ciudadanos las cuantiosas compensaciones que reciben directores y altos ejecutivos. A pesar de las malas noticias que llegan del sector bancario, como los rescates y la degradación en el ranking de las agencias de calificación de riesgo.
Los defensores de estos privilegios aseguran que es la manera de “retener el talento”, además de un escudo protector para el profesional. Eso, a pesar de que algunos han llevado a la ruina a más de una caja de ahorros. Las fusiones están a la orden del día.
De las 45 entidades que había en España hoy sólo quedan 15.
Además, el Tribunal Supremo ha respaldado los blindajes de los altos ejecutivos. El Supremo avala la legalidad de los contratos y dice que la empresa que compra -rescatada con dinero público en varias ocasiones- la entidad bancaria tiene que hacerse cargo de los compromisos que sostienen estos contratos, confirmando el viejo refrán español que sostiene que: “quien hace la ley, hace la trampa”.
Puede sonar demagógico culpar, de manera generalizada, a todos aquellos altos cargos que blindan sus contratos y cobran indemnizaciones de seis cifras. Pero no cuando sus consejos de administración pretenden congelar el sueldo a sus empleados durante los dos próximos años. Mientras a personas como José Luis Pego, ex director de Novacaixagalicia, lo indemnizan con 10,8 millones de euros por una prejubilación a los 58 años. Si sirve de referencia, el sueldo del presidente de gobierno en España asciende a unos 78.000 euros anuales.
Otro caso que roza el absurdo, si no fuera por las repercusiones, es el de la ex directora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), María Dolores Amorós. No contenta con adjudicarse una pensión vitalicia de casi 400 mil euros, estar bajo la acusación de buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente mientras ocupaba el cargo de directora general de la CAM, Amorós ha ido a las oficinas de desempleo a solicitar la prestación de 1.400 euros al mes que les corresponde a los desempleados durante 2 años. Dice que reivindica sus derechos como trabajadora. ¿Sería posible hablar de demagogia en este caso?
Después de estas malas gestiones, compra/ventas y recapitalizaciones -esto último no es más que un eufemismo que consiste en: socializar pérdidas y nacionalizar cajas al borde de la quiebra- el dinero destinado para obra social cada vez es menor. A pesar de que esta es una de las características y razón de ser de las Cajas de Ahorro. Además de un claro aspecto que la diferencia de los bancos.
El Catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Valencia, Javier Quesada, advierte de que, “van a ser tiempos muy difíciles. En los próximos años, la ingente actividad que se realizaba desde la obra social, que llegó a invertir 2 mil millones en 2008, caerá entre un 60% y un 70%. Los ciudadanos y las instituciones que pedían constante colaboración a las cajas se van a percatar de todo lo que hacían”.
A pie de calle ya se está notando. Lo corrobora el último informe de Unicef y la Fundación Per Tarrés, en el que se advierte que, en España, el 25% de los jóvenes con menos de 16 años viven bajo el umbral de la pobreza y las cifras aumentan cuando se trata de hijos de inmigrantes. También lo advierte Cáritas en su último informe. Cada vez hay más familias que acuden por ayuda a su organización.
Mientras las Cajas de ahorros pierden su razón de ser sin la obra social, siempre relacionada con la ayuda a las personas más necesitadas, al medioambiente y al arte, otros se customizan los contratos y los diseñan a su antojo, como si fueran al modisto o a comer a la carta a un restaurante.
* Periodista, coordinador del CCS
