Ante el anuncio del Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, que el Gobierno modificará la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para impedir que empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción participen en nuevas licitaciones o concursos convocados por el Estado, la Cámara de Comercio de Lima opina que esta medida no sólo debe alcanzar a la empresa o consorcio sino que de comprobarse el hecho o de haberlo admitido debe ampliarse el impedimento a los accionistas, directores y funcionarios de estas empresas y de otras de las que puedan formar parte, precisó el presidente del gremio empresarial, Mario Mongilardi.
La única manera de ir sanando las heridas de la corrupción -como sociedad- es aplicando normas que impidan que personas que hayan estado involucrados en estos hechos no vuelvan a hacer negocios con el Estado bajo ninguna circunstancia.
En ese sentido el empresario hizo un llamado a la ciudadanía para aunar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. “Estado y sociedad unidos, podemos triunfar contra este flagelo que es la corrupción”, precisó Mongilardi.
En otro pasaje de su alocución reitera la imperiosa necesidad de una revisión integral de las actuales normas sobre el tema, es decir, contar con reglas de juego claras, que no permitan su aplicación discrecional y subjetiva por parte de funcionarios y proveedores, lo cual genera corrupción. El impedimento también debe comprender la figura del “testaferro”, modalidad empleada para liberar de responsabilidad a las personas que teniendo el control de una empresa, no figura en ella como accionista, director o funcionario, sentenció el presidente de la Cámara de Comercio de Lima.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, doce mil seiscientos millones de soles le arrebatan al Perú anualmente individuos acostumbrados a corromper o a ser corrompidos, suma que equivale al diez por ciento del Presupuesto General de la República 2016. Esta cifra es alarmante no solo por la cantidad de dinero que involucra, sino por el grado de corrupción que existe en el país.
