El agua de México, botín de empresas privadas

Alfredo Acedo

Centenares de integrantes de organizaciones en lucha contra emergencias socio-ecológicas y en busca de justicia ambiental participaron en la pre audiencia nacional del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, sobre la devastación del sistema hídrico, realizada en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 20 de septiembre.

Con sede en Roma e inspirado en el Tribunal Russell que juzgó los crímenes de la guerra de Vietnam, el TPP se concibe como un “tribunal de conciencia” que a pesar de no emitir dictámenes vinculantes, busca sacar a la luz pública las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos, coordinar y dar espacio a la denuncia ciudadana y presionar a los estados para que asuman la responsabilidad por sus actos.

El capítulo México del TPP juzga la desviación de poder del estado mexicano en beneficio de empresas nacionales y extranjeras y su agresión a la mayor parte de la sociedad, específicamente en los siguientes ejes: violencia estructural e impunidad en contra del pueblo, violencia en contra de migrantes, crímenes contra las mujeres, violencia laboral, violencia contra la agricultura y el maíz nativo, devastación ambiental y violencia simbólica en el manejo de los medios informativos; una realidad de desastre social y ambiental generada sobre todo a partir de la imposición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ha convertido al país en un edén para las trasnacionales.

Los casos acreditados permitirán acciones legales posteriores tanto en ámbitos judiciales del país como internacionales.

Contaminación mortal

TPP 6Quizás el caso más grave de contaminación de agua presentado en la pre-audiencia fue el del Río Santiago. Un breve video mostraba un rio blanco por la espuma química que lleva, víctima de la descarga de desechos industriales del estado de Jalisco y aguas negras de la zona metropolitana de Guadalajara que vierten en el cauce fluvial más de mil contaminantes, incluidos metales pesados.

En el Salto, Jalisco, viven unos 120 mil habitantes, 20 mil de ellos en la cabecera municipal. La población es víctima de múltiples enfermedades y ha sufrido la pérdida de actividades agrícolas y el deterioro de tierras cultivables.

Las aguas industriales representan el 80 por ciento de la contaminación que vierten ácido sulfhídrico y arsénico al caudal del río del cual “nadie en su sano juicio se atrevería a tomar agua”, según expresó un denunciante de la organización Un Salto de Vida, que sustentó el caso ante el tribunal popular, demandando castigar a las autoridades gubernamentales responsables de este ecocidio, declarar zona de emergencia ambiental a toda el área contaminada y aplicar medidas efectivas para limpiar el ambiente y devolver la vida al río.

Otra fuente de contaminación citada por el denunciante de Veracruz son las descargas y desperdicios de los rastros. El Río Atoyac de Veracruz, cuyo nacimiento se ubica en Amatlán de los Reyes, en la zona del Pico de Orizaba, está agonizando por esta polución y por la deforestación, además del saqueo indiscriminado de materiales pétreos de los lechos fluviales y la pérdida de biodiversidad.

Ahora se pretende bombear aguas del nacimiento del río a la ciudad de Córdoba para abastecer a 6 mil personas que no cuentan con servicio de agua potable, según justifica el gobierno, pero en realidad se trata de beneficiar intereses industriales, señalan los denunciantes, quienes exigen cancelar el proyecto de trasvasar agua del río a la ciudad.

Además de la deforestación y destrucción de manglares en la Riviera Maya, donde se encuentra el sistema de ríos subterráneos más importante del planeta y asiento de una cultura milenaria ahora marginada, hubo otros casos presentados y algunos quedaron pendientes porque los denunciantes no pudieron llegar a la sesión debido a los bloqueos viales causados por el impacto de los huracanes Ingrid y Manuel.

En noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presentó una denuncia en el Tribunal Latinoamericano del Agua, contra los tres poderes y los tres niveles de gobierno por la destrucción del sistema hídrico nacional, con base en un trabajo de investigación y sistematización de casos y luchas que le llevó a la organización unos cinco años, e incluye la contaminación causada por empresas mineras, por el uso y abuso de agroquímicos y pesticidas y por la construcción de infraestructura inadecuada en las cuencas hidrológicas.

La ANAA sostiene que en los últimos 60 años se redujo en 75 por ciento la disponibilidad de agua potable para cada uno de los mexicanos y en los próximos 15 años esta disponibilidad disminuirá otro 75 por ciento.

Octavio Rosas, dirigente de la ANAA, afirma que en Guanajuato, debido a la irresponsabilidad criminal de Javier Usabiaga, magnate agroexportador y Secretario de Agricultura en el gobierno de Vicente Fox, y otros empresarios y funcionarios, incluido el ex presidente, están instalando fábricas automotrices en la región, ocasionando una crisis de abastecimiento de agua para consumo humano, porque el líquido es desviado a la fabricación de automóviles de exportación, cuya producción de uno solo de ellos requiere 400 mil litros de agua.

TPP 3Integran el comité dictaminador de la pre audiencia: Patricia Ávila, ingeniera civil con maestría en desarrollo urbano y doctorado en antropología social; Martha Bañuelos, maestra en ciencia política (FLACSO) y especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid; Narciso Barrera Bassols, maestro en desarrollo rural y en antropología social y profesor investigador de la Facultad de Agrobiología de la Universidad de Puebla; Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas, analista de política internacional; Juan José Consejo Dueñas, biólogo y maestro en ciencias de la UNAM, ex director de la reserva de la biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo; y Felipe Macías Gloria, doctor en historia social y catedrático de ciencias del agua de la Universidad de Guanajuato.

En el pre-dictamen el jurado señala que “en todos los casos presentados encontramos la disrupción severa del ciclo hidrosocial —el equilibrio agua-sociedad— caracterizada entre otras cosas por sobreexplotación, contaminación y trasvase de agua. Estas disrupción o desequilibrio está afectando de modo grave y simultáneo a los sistemas naturales y a la sociedad. Sus expresiones más palpables son la deforestación y la erosión de suelos, el deterioro de los ecosistemas y cuencas hidrológicas, así como la disminución de la calidad de vida de crecientes sectores de la población por falta de agua limpia, pérdida de opciones productivas, destrucción del tejido social y de manera cada vez más dramática las enfermedades y la muerte.