El Parlamento español aprobó esta semana la llamada Ley de la Cadena Alimentaria, una ley diseñada para que las grandes cadenas de distribución comercial no cometan abusos a la hora de fijar los precios de compra de los alimentos a los productores, como estos denuncian.
La ley tiene su importancia en la nación considerada como la “huerta de Europa” por el peso del sector primario en su economía: un 2,9 por ciento, según Eurostat en el año anterior a la pandemia, 2019.
Un porcentaje que está por encima de la media comunitaria de ese año -1,6- y de otros países de la ribera del Mediterráneo -Portugal, 2,4; Italia, 2,2- donde, al menos hasta la llegada del cambio climático, tradicionalmente el clima permitía cultivar todo tipo de frutas, hortalizas y por extensión existe una gran tradición de actividades agropecuarias e industria alimentaria.
PROFUNDOS CAMBIOS
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, el socialista Luis Planas, consideró la legislación “un cambio de cultura muy profundo” porque supone, en sus palabras “un antes y un después en la regulación de la cadena agroalimentaria”.
Por estas razones, Planas pidió también a los agentes del sector un tiempo para ver sus efectos.
La ley es una trasposición de la directiva europea de prácticas desleales y su punto fuerte es la prohibición expresa de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena de distribución alimentaria; es decir, el quid de la cuestión del sector hoy en día.
Para entender esta aparente contradicción de vender a pérdidas se suele poner el ejemplo de la leche, uno de los más típicos.
Como parte de la política de marketing de muchas grandes cadenas de supermercados, estas ofertan los bricks de un litro de leche -el envase más común en España- a precios terriblemente atractivos, como gancho para que los clientes acudan a sus establecimientos, conscientes de que se trata de un alimento básico en cualquier cesta de la compra.
Como consecuencia, el precio del brick de leche prácticamente no ha variado desde hace años; mientras que los costes para los ganaderos no paran de subir.
La posición de fuerza que utilizan las grandes compañías lácteas frente a los ganaderos, que en su mayoría son dueños de explotaciones individuales hace que estos tengan que aceptar lo que les quieran pagar, según denuncian, y que hayan llegado a una situación insostenible con la subida generalizada de los precios de la energía de los últimos meses, que también se ha trasladado a muchos suministros básicos para su actividad, como los piensos.
Con este motivo en esta ley, se incluye una referencia expresa a que en todo caso el precio que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior al total de costes asumidos por el productor.
PIDEN VIGILANCIA
El secretario general de uno de los sindicatos agrarios mayoritarios, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, destacó este aspecto de la ley, así como que haya un registro público de acuerdos, “para que nadie pueda manipular los contratos después”, dijo.
También reclamó este histórico sindicalista agrario personal suficiente a las administraciones regionales para los controles necesarios para hacer cumplir la ley.
Esta semana, en una entrevista en el canal público TVE, el ministro Planas anunció “sanciones” para quien incumpliese la la ley y consideró especialmente “urgente” abordar la situación de la leche.
“Me preocupa mucho” porque los márgenes (de beneficios) son “estrechísimos”, aseguró y no descartó que algunos precios finales de los alimentos suban, apoyándose en que los productores deben percibir “precios dignos”, según manifestó.
Desde el sector lechero manifestaron su desconfianza con que se haga cumplir finalmente esta ley.
“Una zona como Zamora quedará para poner solo placas solares, nos vamos del campo”, denunció en la prensa local desde esta región agrícola Jorge Hernández, responsable de vacuno de leche del sindicato COAG, en Zamora.
Con información de Sputnik
