Manuel Dammert Ego Aguirre
El Paquete de Castilla no resuelve la baja de producción actual ni reactiva la demanda, pues se propone reconquistar la confianza de los grandes grupos económicos, otorgándoles beneficios claves con efecto de mediano plazo.
Oculta el fracaso de Castilla, que tuvo estos años más de 30 mil millones de dólares para invertir, pero se dedicó a guardarlo como superávits fiscales para regalarlos ahora, y paralizó la inversión pública reclamada y posible en infraestructuras, servicios y políticas sociales.
El Paquetongo evidencia la Abdicación. El gobierno de Ollanta Humala no solo regala millones a grupos de poder evasores de impuestos, y precariza el empleo, la salud y los servicios, sino sobre todo, para “recuperar su confianza”, les da garantías contractuales por 15 años (los próximos tres gobiernos), abdicando la soberanía del Perú sobre su territorio y sus recursos naturales, los que privatiza y desnacionaliza. Cruel paradoja: Ollanta reestablece un tipo de contratos que anulan la soberanía. Como si regresara la IPC a la Brea y Pariñas.
Las inversiones mineras previstas para los próximos años están a la baja, por reducción de los precios mundiales de los metales. El lobbysmo aprovecha para exigir la abdicación. El Paquetongo plantea la privatización del territorio y la soberanía. El Gobierno regala a las Corporaciones privadas la soberanía, el uso público, y la protección ambiental sostenible de los recursos.
El Paquetongo incluye para esto un nuevo modelo de Contrato de Estabilidad Tributaria CET, por los próximos 15 años, es decir, por los próximos tres gobiernos que no podrían hacer nada al respecto de ellos. Los CET se reducen Contratos de Adhesión, a un estudio de factibilidad técnico económico, con carácter de declaración jurada, sin estudios técnicos-económicos, ni garantías a la nación, y sin obligación con los objetivos nacionales en el uso público de los recursos y el territorio. De esta manera, abdican de la Nación pretendiendo deformarla como una inmensa Zona Franca Privatizada, en la que no existe soberanía respecto a sus recursos y territorios.
Abarcan los CET los grandes proyectos de inversión minera, estimada en 52 mil millones de dólares, y también se proyectan a energía, que incluye la privatización de Petroperú, y a otras inversiones conexas en diversos campos (puertos, vías de transporte, refinerías, fundiciones, zonas urbanas, usos del agua, etc.). Al mismo tiempo, esfuma el ordenamiento territorial como política pública, impidiendo establezca el uso público y sostenible de los recursos (agua, aire, etc.) e infraestructuras. Quiebra al MINAM y a los estudios de impacto ambiental y de calidad del aire. El Perú, uno de los países más afectados por el cambio climático, y cuyo futuro civilizatorio depende de una nueva ecuación agua-tierra-población, es desguarnecido con esta abdicación y privatización territorial. La República Lobbysta aísla al Perú de la Patria Grande Latinoamericana, y pretende sujetarnos al declinante interés geopolítico del Imperio USA en crisis. Peruanizando al Perú, más bien, desde la República de ciudadanos, estamos en condiciones de afirmar sus recursos y potencialidades, para superar las desigualdades, y abrir las grandes alamedas del cambio social y el progreso de la nación.
La Primera 25.06.2014
