Tras el anuncio de que próximamente se realizará el cambio del año base con el cual se calcula el PBI del país, en donde además el sector minería e hidrocarburos pasa de 4.7 a 14.4% (es decir se incrementa 9.7 puntos porcentuales), la Cámara de Comercio de Lima solicita que el gobierno tome en cuenta que si bien el indicador de crecimiento reflejará mejor la actividad económica nacional también lo hace más sensible a los problemas sociales que usualmente se registran en el país.
“Esperamos que el Perú crezca más allá de lo esperado en el 2014. El nuevo PBI reflejará lo que somos, un país minero cuya industria y servicios crecen alrededor de esta actividad económica. Por ello es importante que la gestión de conflictos sociales – que se encuentra por encima de los 200 mensuales – sea vista desde el gobierno dentro de una gestión integral de riesgos sino será imposible crecer al ritmo esperado. El efecto de los precios del 2007 así como las inversiones y producción minera actual se reflejarán el PBI”, señaló Samuel Gleiser, presidente de la CCL.
Gleiser recordó que la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento en enero que 41 de los 81 conflictos en proceso de diálogo (51%) surgieron después de algún hecho de violencia, hecho que revela la necesidad de establecer al diálogo como una herramienta decisiva de gestión gubernamental.
“Dependiendo del ritmo de crecimiento de los diversos sectores económicos y en especial el referente al sector minería e hidrocarburos por la nueva ponderación que tiene, habría que ajustar los estimados de crecimiento del PBI para el 2014 hacia arriba pues se prevé una tasa de crecimiento alta de este sector en comparación al año pasado. Esto hace más urgente la necesidad que las inversiones mineras trazadas y en plena ejecución se den tal como está planificado”, señaló el presidente de la CCL.
El Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría informó que los conflictos socioambientales ocuparon el 63,8% (136 casos) del total registrado en enero, a dicha cifra le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 10.8% (23 casos) y los conflictos por demarcación territorial con 7,0% (15 casos). De los 136 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 75% (102 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 13,2% (18 casos).
