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El pasado 5 de abril lo hizo Telefónica, la tecnológica española por excelencia, y a la vuelta del verano lo están planeando hacer muchas más: el teletrabajo tal y como lo hemos conocido en pandemia se acabó.
Según el estudio sobre el estado de la digitalización de las empresas y administraciones públicas de Vodafone, tanto las grandes como las pequeñas y medianas (pymes) empresas españolas planean volver a los niveles de trabajo en remoto y presencial previos a la crisis del coronavirus.
Tras hacer más de 3.000 entrevistas entre responsables de compañías españolas de todo tamaño, los responsables de este estudio concluyeron que, si bien el porcentaje del trabajo en remoto en las grandes empresas durante lo peor de la crisis del COVID-19 fue del 94 por ciento, una vez que acaben la mayor parte de las restricciones, tienen previsto que este porcentaje de implantación se reduzca al 51 por ciento. Un porcentaje similar al 50 por ciento, previo al COVID-19.
Este tendencia es muy similar, aunque menor, entre las pymes: la necesidad de los confinamientos les llevó a tirar del teletrabajo en un 72 por ciento de los casos, mientras que volverán a un 36 por ciento de nivel de implantación, un baremo también muy similar al 29 por ciento previo.
MÁS FÁCIL EN EL EMPLEO PÚBLICO
Sin embargo y contra lo que podría parecer, dado que es un sector históricamente menos dinámico, en el empleo público, la pandemia sí que sirvió para cambiar hábitos.
En las administraciones públicas españolas, calculan según este mismo análisis que, para cuando termine la pandemia, serán casi la mitad de los empleados -55 por ciento- los que puedan realizar sus tareas sin desplazarse. Un progreso, si se tiene en cuenta que antes de la era covid este porcentaje era solo del 18 por ciento.
De hecho, desde la Administración del Estado llegó el mayor impulso a este cambio de paradigma. A mediados de abril, el Ministerio de Administraciones Públicas español acordó con los sindicatos que los empleados de la Administración General del Estado puedan teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes tendrán que ir a su centro de trabajo.
INCUMPLIMIENTO
Sin embargo, no todo fue tan fácil en el proceso de adaptación al trabajo en remoto. En septiembre de 2020, medio año después del inicio de la pandemia, el Gobierno español aprobó la ley del teletrabajo que regulaba aspectos como el derecho a la desconexión digital y la obligatoriedad de las empresas de proporcionar los equipos informáticos y correr con los gastos de ejercer en casa, como electricidad o la cuota de Internet.
Pese a la aprobación de este reglamento, recientemente el sindicato UGT (Unión General de Trabajadores) denunciaba numerosos incumplimientos en esta nueva modalidad en la empresa privada. «Casi un año después de su promulgación, los datos demuestran cómo el empresariado español persiste en vulnerar una norma de obligado cumplimiento», declaraban desde el sindicato.
Esta organización, uno de los dos sindicatos más importantes del país, ponía sobre la mesa datos de un sondeo realizado el pasado marzo por la encuestadora pública CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) sobre el uso de la tecnología durante la pandemia, que demostraban que el novedoso reglamento no se estaba aplicando en la mayoría de los casos.
Un 62,5 por ciento de los encuestados confirmaban que sus empresas no les habían dado un ordenador portátil para trabajar y un 80 por ciento afirmaban pagarse su conexión a Internet, dos cargas que la novedosa ley obliga a asumir a las empresas.
Una lenta y problemática adaptación, por tanto, la del trabajo en remoto a la que aún parece que en España le quedan muchos obstáculos por superar.
Con información de Sputnik
